Raúl Linares | Revolución 3.0

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Familiares de desaparecidos en el municipio de Iguala, Guerrero, manifestaron su rechazo y temor porque la policía municipal tome nuevamente el control en dicha demarcación.

Dicha intención se hizo visible, una vez que el gobierno de Rogelio Ortega, designó a un nuevo jefe de la Policía Preventiva Municipal para Iguala: Jorge Berrios Flores.

Esta tarde, la regidora, Sofía Lorena Mendoza, confirmó dicha posibilidad pues los elementos han “aprobado” sus exámenes de confianza que les aplicaron en Tlaxcala, y se ha oficializado el anuncio.

Alrededor de 300 familiares, después de una fallida reunión con el edil sustituto al hoy preso José Luis Abarca, Silvano Mendiola  Pérez, señalaron tener miedo de que esos agentes se reintegren a las tareas de vigilancia, “pues es muy difícil que esas personas se corrijan”.

El pasado 26 y 27 de septiembre, se confirmó que agentes adscritos a dicha corporación, participaron en el asesinato de 6 personas y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Además se comprobó que trabajaban en el cártel Guerrero Unidos.

Por este motivo, la Policía Federal tomó el control de la zona y, hasta ayer, fungió como única fuerza en la protección de la ciudadanía. Tarea de la que hoy se hace cargo la Gendarmería Nacional, adscrita al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los 87 elementos retirados temporalmente de su cargo, fueron enviados a una zona militar del municipio de Panotla, Tlaxcala, para aplicársele una nueva capacitación y  exámenes de confianza para medir su grado de confiabilidad así como exámenes toxicológicos.

Actualmente, todas esas pruebas ya las superaron, pero no han recuperado la confianza de los ciudadanos: “sabemos que ellos participaron en varias actividades delictivas, no creemos que se hayan vuelto buenos de un día para otro. Algunos ya han vuelto, pero ya no trabajan como policías”, advirtieron.

Con base al testimonio de varios familiares, existe una alta probabilidad de que al retomar sus actividades, cojan represalias en su contra, ya que en las últimas semanas buscan a sus familiares en fosas clandestinas ubicadas en las montañas adyacentes.

“Creemos que no están muy contentos pues se están destapando muchas cosas; creo que ni a ellos ni al gobierno les conviene que se sepa la verdad”, dijo uno de ellos.

Quien fuera esposa del hoy fallecido Arturo Hernández Cardona, asesinado por José Luis Abarca, aseguró que “será muy difícil que la gente los acepte, muchos, según testimonios, afirman que fueron participes en la detención y secuestro de sus seres queridos. No los aceptarán”, dijo en entrevista para Revolución Trespuntocero.

 Siete casos lo confirman, entre ellos, el del ex director de la corporación, Abraham Alemán Ramírez.

El día de mañana, como parte de las acciones para manifestar su rechazo a la posible disposición gubernamental, los padres, hijos, hermanos, esposos de desaparecidos, realizará una movilización que culminará en la sede alterna del ayuntamiento.

Se espera que varios de ellos se encadenen a las oficinas, para llamar la atención de la federación que gradualmente ha comenzado a retirar a la PF.