Foto: Marlene Martínez

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Afuera del Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Pedro Cholula, donde está preso el activista Juan Carlos Flores Solís, defensor del territorio y privado de su libertad por oponerse al Proyecto Integral Morelos (PIM), se presentó este martes la campaña “Conagua negocia con el agua”, que denuncia la complicidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en conjunto con empresas privadas españolas en corrupción, despojo, contaminación y amenazas en el marco de la construcción de megaproyectos en 19 estados de la República.

La empresa encargada del agua en el país tiene un historial de despojo y represión de manera conjunta con empresas transnacionales, de acuerdo a integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, junto con la Tribu Yaqui, el Frente de Pueblos de Atenco, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

Foto: Marlene Martínez

En la presentación de la primera etapa de la campaña nacional, María González, del Imdec, junto con Miriam Vargas, del Frente de Pueblos región Cholula, y Citlali Hernández, de Serapaz, denunciaron la complicidad de la empresa española Abengoa, que tiene un historial de abusos y corrupción en Latinoamérica. El caso más representativo de la actuación de la compañía ibérica es el de su expulsión en el año 2000 de Bolivia, en el marco de la llamada “Guerra del agua de Cochabamba”. En México, en Zimapán, Hidalgo, Abengoa iba a construir el mayor tiradero de desechos tóxicos industriales en Latinoamérica, pero al no cumplir con los requisitos legales se canceló. Entonces, la empresa demandó al Estado Mexicano por la cantidad de entre 42 y 45 millones de dólares. Con la campaña se busca también desenmascarar quiénes son las empresas detrás de los megaproyectos de despojo, en complicidad con Conagua, además de desmentir la imagen supuestamente limpia y responsable que tiene Abengoa fuera de Latinoamérica.

“Conagua negocia con el agua” denuncia atropellos en varias entidades: en Jalisco, el caso de la presa de El Zapotillo, en la que también está involucrada Abengoa. En Sonora, Conagua es la responsable de extraer agua del Río Yaqui. Opositores a la construcción del Acueducto Independencia del estado fronterizo han sido amenazados y actualmente Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui, junto con Fernando Luna, están presos por defender su derecho al agua.

La campaña, que tendrá apoyo paralelo en España y busca la articulación de luchas tanto nacionales como internacionales, quiere visibilizar también los problemas a los que se enfrentan todos los que defienden el agua y el territorio. Con estos proyectos de despojo, dijo Citlali, se violentan no sólo los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) de las personas sino también sus libertades y derechos políticos.

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La justicia se aplica de forma discrecional, denunció afuera del penal cholulteca donde además de Juan Carlos Flores hay otros activistas poblanos privados de su libertad por distintas luchas (entre ellas la defensa de los territorios que rodean la ancestral Pirámide de Cholula). Las leyes que criminalizan la lucha social y la defensa del territorio y las tradiciones sí se ejecutan pronto, y el gobierno ha emprendido una estrategia de criminalización contra los defensores, que busca invisibilizar las causas de fondo de las protestas.

En un documento que los activistas repartieron, titulado “mapa del negocio”, los puntos críticos que están en Puebla son, de parte de Abengoa, la Central Hidroeléctrica y el Gasoducto Morelos, compartidos con los estados de Tlaxcala y Morelos. La empresa FCC, otra de las denunciadas en la campaña, también de origen español y ligada a delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias y corrupción de acuerdo a varios medios de comunicación ibéricos citados en el documento, está inmersa en la construcción de la Carretera Nuevo Necaxa que va de Puebla a Veracruz. Por su parte, la campaña denuncia que Conagua es responsable en Puebla y Tlaxcala de la contaminación del Río Atoyac.

A nivel local hay varias comunidades cercanas al volcán cuyo suministro de agua está en riesgo por la construcción del PIM, que incluye dos termoeléctricas y el gasoducto Morelos. Con el PIM aumentará el despojo de agua de las comunidades aledañas al volcán Popocatépetl, cuyos mantos acuíferos de por sí son utilizados para llevar agua a la capital. Con el trazo del gasoducto son 60 pueblos los directamente afectados, y 20 más con el acueducto y la termoeléctrica. Miriam Vargas dijo que se imaginan un número aproximado de 2 mil habitantes en cada comunidad, por lo que la cantidad de personas directamente afectadas en la región sería de alrededor de 160 mil.