• Hacerlas públicas permitiría inferir rutas y horarios de vuelo, y pondría en riesgo la vida de los tripulantes: SFA

Imagen tomada de encadena2012.com

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Para el gobierno del estado de Puebla las facturas de compra de helicópteros permiten detectar patrones de vuelo, al permitir inferir destinos y horarios frecuentes de uso, y con ese argumento declaró como reservada dicha documentación. 

La resolución fue avalada ayer por la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), a propuesta del comisionado Federico González Magaña –quien llegó al organismo en diciembre pasado con el aval del gobernador Rafael Moreno Valle— sin que se analizaran las facturas respectivas. En su ponencia, el integrante de la CAIP solo revisó al acuerdo de reserva que generó la Secretaría de Finanzas desde junio de 2011, y con esa documentación avaló la negativa del gobierno poblano a hacer pública esa documentación.

Por su parte, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena recordó que, a diferencia de la resolución de González Magaña, el IFAI ordenó en noviembre del año pasado se hicieran públicas las facturas de tres helicópteros que fueron adquiridos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y entregados a la Policía Federal como parte del Plan Mérida.

“Es evidente que una factura de una compra no revela patrones de vuelo, ni horarios de los helicópteros, toda vez que en ella solo se registran los elementos esenciales de la compra. Por lo tanto la factura es pública, en todo caso, el anexo que contenga especificaciones de radiocomunicación, o en su caso armamento o blindaje eso podría reservarse”.

Ibarra Cadena señaló además que el propio gobierno del estado dio a conocer los datos de identificación de las aeronaves, en un boletín informativo. “Es decir ya publicó la marca de las aeronaves, sus modelos, sus matriculas, el costo e incluso el color de cada una de ellas. Este boletín es del 2 de junio del año 2012, en ese sentido, ya cualquier persona puede identificar los helicópteros. Existen numerosas páginas de empresas en donde se muestras las especificaciones técnicas de dichas aeronaves”.

Y apuntó: “Un documento comprobatorio de una erogación pública (en este caso  una factura) no pone en riesgo la vida de las personas.

La comisionada cuestionó que su colega no revisara la facturas que solicitó en mayo pasado el reportero Jorge Castillo y se limitara a analizar los argumentos de la Secretaría de Finanzas para validar la negativa.

En respuesta González Magaña dijo que si bien revisar los documentos reservado en una facultad legal, “no una obligación y en consecuencia mi ponencia consideró que no era necesario verificar las facturas”.

Al final, con el voto en contra de la comisionada, la resolución fue aprobada por mayoría.

Actualmente la CAIP está constituida por tres comisionados, los dos ya citados González Magaña y Blanca Lilia Ibarra, y José Luis Fregoso, quien actualmente preside el organismo y llegó al cargo desde 2011 luego de trabajar como asesor con Ericka Alonso de Moreno Valle, esposa del gobernador.

Los polémicos Augusta

El caso de los helicóptero Agusta comenzó a mediados del 2011, cuando el gobierno del estado adquirió dos vehículos aéreos. Para octubre de ese año el reportero Jorge Castillo comenzó a rastrear la compra mediante solicitudes de información que presentó a la secretaría de administración, presidida en ese momento por Cabalan Macari, uno de los hombres del círculo más cercano al mandatario y quién venía de presidir el partido Nueva Alianza a nivel estatal.

Tomada de Animal Político

Aunque inicialmente hubo resistencias, la dependencia entregó un listado que incluía cuatro helicópteros marca Bell y sus respectivos modelos, omitiendo fecha de adquisición y montos. Omitiendo también la información sobre los helicóptero Augusta.

Finalmente en junio del año pasado el gobierno estatal reconoció, mediante un boletín que fue envía a los medios por la oficina del vocero estatal, la compra de los polémicos helicópteros, aunque nunca se precisó el precio pagado por las aeronaves, el documento solo mencionaba que estás podrían tener un precio máximo, en conjunto, de casi 11 millones de dólares.

Tras la información vaga dada a conocer por la administración estatal poblana se solicitaron las facturas solo para encontrarse con un muro de opacidad. La Secretaría de Finanzas y Administración reservó la información desde junio de 2011 con el argumento de que conocer las facturas permitiría inferir los patrones de vuelo, y eso pondría en riesgo la vida del mandatario y los tripulantes de las aeronaves, comprometiendo la seguridad, la estabilidad,  y la gobernabilidad del estado.