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Edgardo Ayala*

San Salvador. (IPS).- Unos 50 mil expedientes sobre crímenes contra la humanidad en El Salvador languidecen en un lugar no establecido, algunos ya presa del tiempo y la humedad, mientras estalla un frenesí por su posesión y control.

La Iglesia Católica cerró sin previo aviso la oficina que albergaba esos documentos, Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, el 30 de septiembre. Pero sus exempleados, que se enteraron de la clausura el mismo día, se proponen ahora reabrirla y reclaman los archivos.

“Nosotros somos los representantes legales de los familiares o víctimas de abusos, nosotros llevamos los casos, por lo tanto nuestro trabajo tiene que seguir”, dijo a IPS el abogado Alejandro Díaz, despedido tras el cierre de Tutela Legal.

“Estamos haciendo las últimas gestiones para relanzar la nueva oficina” para la que ya hay nombre: Tutela Legal Doctora María Julia Hernández, en honor de quien fue su directora desde 1983 hasta su muerte en 2007, agregó Díaz.

Esos expedientes contienen testimonios en cintas de audio y en papel, fotografías y videos de víctimas y familiares, y registros de lugares donde se cometieron masacres u otros crímenes durante la guerra civil (1980-1992). Podrían ser pruebas de oro en procesos penales que podrían reabrirse por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Tutela Legal reunió durante años denuncias y pruebas documentales y ejerció la defensa de las víctimas. Los recursos financieros para la nueva entidad llegarían de las mismas organizaciones internacionales que apoyaban su labor, como la agencia católica de ayuda de Inglaterra y Gales, el Comité Francés Católico contra el Hambre y por el Desarrollo y la filial de Cáritas en la norteña región española de Asturias, dijeron las fuentes.

“Esas organizaciones nos han prometido el apoyo que siempre nos dieron cuando estábamos en el arzobispado”, dijo a IPS quien fue el director de Tutela Legal hasta su cierre, Ovidio Mauricio González.

Dinero hará falta

Se requieren unos 300.000 dólares para digitalizar todo el material y ordenarlo según estándares internacionales, explicó González. Una parte de los documentos en papel se encuentran en mal estado por el paso del tiempo y por la humedad, agregó.

«Estamos haciendo las últimas gestiones para relanzar la nueva oficina de Tutela Legal». – Abogado Alejandro Díaz

El arzobispo de San Salvador, José Escobar, alegó unos días después del cierre que la decisión se debía a un mal manejo de fondos. Pero no dio más detalles.

Según González, nunca hubo reparos sobre el manejo del dinero de Tutela Legal, que al final de cada ejercicio se sometía a auditorías de las entidades internacionales que la financiaban, explicó.

Las sospechas sobre las razones del arzobispo Escobar se deben a que 10 días antes, la Corte Suprema hizo algo sorprendente para la historia de los tribunales de este país: admitió una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, que hasta ahora había impedido hacer justicia.

El movimiento de derechos humanos, dentro y fuera de fronteras, está preocupado por el paradero de los expedientes de Tutela Legal.

*Continúe leyendo el texto completo del periodista Edgardo Ayala, publicado en IPS Noticias, en el siguiente link.