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Ernesto Aroche Aguilar

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El mal trago que empezó la mañana del 3 de mayo, cuando Eduardo Salazar, Néstor López e Iván Guizasola fueron detenidos e incomunicados por más de 28 horas aún no ha terminado. Acusados de intentar desestabilizar el desfile del 5 de mayo, convocado a acciones desde un grupo de Facebook, los jóvenes fueron golpeados y torturados sicológicamente por policías ministeriales, después se le internó separados en los penales de Puebla y Cholula, 99 días más tarde y tras el pago de una fianza se les liberó. A cinco meses de aquella detención el proceso judicial no se ha concluido, por el contrario, la dilación ha sido la constante, según denunciaron los afectados.

Por ello, Ricardo Monreal el diputado por el Partido Movimiento Ciudadano y coordinador de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados en el que se solicita al gobierno de Puebla que “esclarezca las violaciones a los derechos humanos que padecieron tres jóvenes durante las celebraciones del 5 de mayo, y que el gobierno estatal pare el acoso jurídico que persiste en el proceso legal”.

Al respecto, René Sánchez Galindo, integrante del Consejo Nacional de Morena, aseguró que el proceso está lleno de irregularidades, no sólo por el que propio procurador reconoció en entrevista con medios de comunicación poblanos que la dependencia a su cargo carecía de elementos para sostener la acusación de que los jóvenes intentaron desestabilizar el desfile, sino que además se ha dilatado la comparecencia de los policías ministeriales encargados de la detención, pues a pesar de ser requeridos ya en dos ocasiones no se han presentado al juzgado.

—El acoso judicial persiste, por ello pedimos que el Congreso de la Unión avala el punto de acuerdo que presentó ayer el diputado Monreal en el que se pide al gobierno del estado que paren con el acoso jurídico. Mantienen un proceso judicial que carece de sustento, obligando a los jóvenes a trasladarse cada semana a Cholula a firmar con el desgaste económico y emocional que ello implica, pues el proceso no se ha cerrado.

De acuerdo con el abogado los jóvenes tienen abiertos dos expedientes judiciales, uno por “conspiración de motín” y otro por “resistencia de particulares, portación de instrumento prohibido –un bóxer—y cohecho”, y se les ha obstaculizado el acceso al primero de ellos.

–Nos han permitido revisarlo pero apenas por encima, nos bloquean las copias, y la información que se ha solicitado.

El abogado también explicó que de acuerdo que las declaraciones de los policías ministeriales asentadas en los procesos son falsas, pues aseguran que la detención de Néstor y Eduardo se realizó en Tlaxcalancingo –comunidad connurbada a la capital poblana— y que está se llevó a cabo a las 2 de la tarde, cuando los dos jóvenes fueron detenidos por separado y la misma se produjo alrededor de las 10 de la mañana.

Acoso

–Cuando estábamos detenidos e incomunicados al darse cuenta de mis preferencias sexuales, la violencia verbal y las amenazas (de los policías ministeriales) aumentaron –cuenta Néstor López— comenzaron a decir que me iban a violar, y a torturar. Todo el tiempo que estuvimos en la Procuraduría General de Justicia Metropolitana Sur fueron humillaciones, golpes.

Pero la cosa no se detuvo ahí, una semana después de la liberación cuando Néstor se dispuso a regresar a las oficinas de la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM), donde realizaba su servicio social, se encontró con que ya no lo aceptaban bajo el argumento de que la dependencia no puede aceptar como trabajadores a personas procesadas.

–Me están criminalizando, me acusan de algo que no cometí y por eso no me permiten terminar con el trámite escolar.

Eduardo Salazar, por su parte, tres semanas después de la liberación fue víctima de extraño robo cuando viajaba en un taxi en compañía de su hermana y una amiga de esta.

–Fue lo mismo de cuando me detuvieron, me pusieron una gorra, me agacharon, me pusieron un picahielos en las costillas y me dijeron cállate y coopera, casi las misma palabras que ese día que me detuvieron. A mi hermana y a su amiga, que estaban gritando, las callaron. Se llevaron el celular de mi hermana, el celular de su amiga y sus tarjetas, pero dejaron la bolsa, dejaron carteras. Yo llevaba mi celular y no se lo llevaron.

El celular que le robaron a su hermana contenía las fotos que alcanzó a tomar el día del cateo mientras los policías ministeriales tomaban productos de la tienda, como jugos, refrescos y chicles, y usaban la fotocopiadora.

–Nos dejaron a una calle de la casa de la amiga de mi hermana. El taxi siguió la ruta normal, sólo se desvió para subir a esa gente. Nos bajaron y ellos se fueron con el taxista.

A su hermana le vaciaron la cuenta. Pensaron poner una denuncia, pero reconoce que tuvieron miedo.