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Detenciones de #Op5deMayo, estrategia para desactivar protestas: Robles Maloof
No hay formal prisión, se les declaró “auto de sujeción a proceso” aclara René Sánchez, representante de Morena
Por Lado B @ladobemx
20 de mayo, 2013
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  • La autoridad nos debe explicar qué hicieron los policías antes de la presentación ante el ministerio público de los detenidos, y debe responder sobre el robo que sufrieron estas personas en sus bienes legalmente adquiridos

Mely Arellano

@melyarel

Tomada de residentemex.com Foto: © AVE-NADA

Tomada de residentemex.com. Foto: © AVE-NADA

En opinión del activista de derechos humanos Jesús Robles Maloof, la detención de tres jóvenes por la #Op5deMayo –que supuestamente consistía en manifestarse contra Enrique Peña Nieto durante el desfile conmemorativo del 5 de Mayo en Puebla-, fue una estrategia no sólo para desactivar dicha protesta, sino para mermar la ya de por sí reducida vitalidad de las expresiones de jóvenes contra el presidente.

Por su parte, René Sánchez Galindo, representante de Puebla en el Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aclaró que no hay formal prisión contra Néstor López, Eduardo Salazar e Iván Guizasola, sino que se les declaró “auto de sujeción a proceso”.

“Lo que significa que es el mismo procedimiento penal pero en libertad bajo fianza, en libertad. No significa que los vayan a volver a meter a la cárcel, las probabilidades, y la posibilidad de que procedan por otros delitos, ya que el propio procurador declaró que no hay elementos, es prácticamente nula”.

Sánchez Galindo dijo que harán una investigación desde su partido y que analizarán una eventual impugnación vía tratados internacionales, siempre y cuando las familias de los jóvenes estén de acuerdo.

Sin claridad en el caso

–Hay muchas cosas que no han explicado suficientemente bien las autoridades –sostuvo Robles Maloof en entrevista para Lado B-, y lo primero es ¿qué originó la acción penal? Tenemos confirmado por las mismas autoridades y por los cargos imputados que lo que hay contra ellos son hechos que se dieron al momento de su detención. Si había una denuncia, ¿cuál fue el origen de esa denuncia? La versión del procurador (Víctor Carrancá) es que fue anónima, pero la pregunta es si una denuncia anónima es suficiente para detener y allanar, porque si esa denuncia anónima no fue acompañada de una investigación seria es muy grave. Porque yo podría señalar a mi vecino o a una persona con la que no tengo buena relación, y a eso va a corresponder una acción penal de esa naturaleza, y me parece grave porque al final no se confirmó la denuncia anónima.

Robles Maloof consideró que si los delitos imputados fueron al momento de la detención, se trata de una “lógica preocupante”, ya que incluso una persona pacífica se resistiría al arresto si no hay una identificación plena de parte de la policía y, como resultado, terminaría en la cárcel.

Criticó la actitud “errada” de la autoridad, porque si la sospecha contra Néstor López, Eduardo Salazar e Iván Guizasola se sustentó en comunicaciones de éstos a través de la red social Facebook, debió mostrar las pruebas periciales de dichos contenidos.

–También nos deben explicar qué hicieron los policías antes de la presentación ante el ministerio público de los detenidos. El 1 de diciembre se documentó tortura, aquí hay denuncias claras y tampoco han informado en qué lugar estuvieron, ni qué autoridad fue la que participó en el interrogatorio previo, a todas luces inconstitucional, de los detenidos. Y también debe responder la autoridad sobre el robo, que finalmente si no hay una orden judicial (para los cateos realizados en sus domicilios y negocio) es robo, que sufrieron estas personas en sus bienes legalmente adquiridos.

Sobre la sospecha del abogado de Iván Guizasola, Leopoldo Uribe, quien el pasado jueves manifestó su temor por la existencia, hasta ahora sin confirmar, de otra investigación contra los tres jóvenes que los conduciría nuevamente a la cárcel, el defensor de los derechos humanos estimó que más bien podría ser, precisamente, “una idea de miedo”.

–Si no han presentado la evidencia y los cargos es muy difícil que los presenten, porque los actos que presuntamente darían lugar a motín, sedición, rebelión, a cualquiera de los delitos relacionados con el discurso inicial de atentado ya sucedieron. Una Procuraduría, cualquiera, medianamente eficaz, a los pocos días podría armar un buen expediente, en el caso de una nueva acusación cabría suponer que más bien la están fabricando, porque no tienen elementos. El mismo procurador descartó los delitos más graves que podrían ser atentado, intento de homicidio, intento de lesiones, o sedición, motín, rebelión o algún otro. Entonces me parece más bien que esta idea de otro expediente es una idea de miedo, es la misma estrategia de desactivación de la disidencia, es más una estrategia no sólo para Puebla, sino para todo el país, es para decir que quien organice foros y se manifieste conforme al derecho que tenemos en el Artículo 6º constitucional va a ser perseguido. Ese es más bien el mensaje.

Su hipótesis política es, incluso, que quizás no se trató de una orden del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), ni del Estado Mayor Presidencial, sino una iniciativa del gobierno de Rafael Moreno Valle –como las ha habido de Javier Duarte y Miguel Mancera- para parecer un estado donde no hay protestas contra Peña Nieto y, de ese modo, construir una mejor relación con el Ejecutivo federal.

Lamentó también que hasta ahora no haya habido una reacción social de condena. Advirtió que si no se le exige a la autoridad que justifique sus actos, se va creando un clima de permisibilidad y entonces la limitante de la libertad se vuelve regla.

Intervenciones anticonstitucionales

Robles Maloof, quien formó parte de la liga de abogados que defendieron a los detenidos injustamente en los hechos violentos del 1 de diciembre en el DF, denunció la semana pasada que fueron intervenidas sus comunicaciones y, en ese sentido, consideró muy probable que los gobiernos estén usando métodos inconstitucionales para acceder a información.

Ayuno para exigir la libertad de presos políticos.

Ayuno para exigir la libertad de presos políticos. Tomada de Desinformemonos

Explicó que ya hay un grupo de defensores investigando el uso ilegal de un software canadiense, llamado FinFisher o FinSpy, “que sirve para vulnerar las comunicaciones privadas” y que estaría instalado en los servidores de Telmex e Iusacell.

–Hay otros activistas, como Daniel Joloy, de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos; Carlos Cruz, de Cauce Ciudadano; Nayeli Ramírez, de la Red por los derechos de la infancia, que ya han denunciado la intervención en sus comunicaciones. Y en tanto no sea claro cómo supo la procuraduría la dirección y todos los datos de los organizadores (de la #Op5deMayo), es muy probable que se ayude con métodos inconstitucionales.

Cobro de facturas

–Creo que el problema está en que la única fuerza que existía en el periodo post electoral fue el movimiento de jóvenes en diversas expresiones, sobre todo en 132. Y dado que Andrés Manuel López Obrador decidió, con Morena, volcarse a formar un partido, en la verdadera oposición ante Peña Nieto quedaron solos los jóvenes y como prioridad fue cobrarles el cheque de la campaña, un cheque vergonzoso para Peña Nieto.

Y como dicen que el calle otorga, para el activista el silencio que han hecho los gobierno tanto federal como estatal de los hechos sucedidos en Puebla, así como lo que pasó en la ciudad de México el 1 de diciembre, significa que está permitido.

En el recuento, durante su detención violaron la libertad de expresión y de reunión de Néstor, Eduardo e Iván, así como su derecho al debido proceso, “el derecho a la integridad personal que se violó con la tortura, los golpes y con este tipo de mecanismo psicológico, también calificado bajo el Protocolo de Estambul como tortura, esta simulación de ejecución o estas narrativas de muerte. Y por supuesto también se viola el acceso al derecho a la información, porque desde mi punto de vista no ha habido la suficiente información del caso”, explicó Robles Maloof.

A los señalamientos del defensor de los derechos humanos se suma el reciente comunicado que lanzó la organización Artículo 19, en donde se exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado «se desista de realizar acusación alguna y correlativamente investigue y sancione a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de los tres jóvenes».

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Autor Lado B
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