Ciudad de México, 16 de mayo 2013.-Néstor López, Eduardo Salazar e Iván Ismael Guizasola, detenidos por la policía el 3 de Mayo en la ciudad de Puebla, Puebla, presuntamente por planear actos violentos durante el desfile que conmemorativo de la batalla del 5 de mayo, les fue dictado el jueves 16 de mayo un auto de formal prisión por los delitos que se le imputan a pesar de que su caso contiene una serie de irregularidades que convalidan graves violaciones al proceso penal que se les sigue a los inculpados.

Tras la captura de los jóvenes, las autoridades manifestaron públicamente que fueron alertadas por una supuesta llamada anónima -sin aportar mayores elementos que sustentaran su dicho-, de que los inculpados planeaban actos vandálicos durante el desarrollo del desfile el cual contaría con la presencia del Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Para solicitar el auto de formal prisión, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla sostuvo que los jóvenes planearon un boicot del desfile a través de redes sociales, en especial Facebook, a través de un evento llamado “Peña Nieto en Puebla Op5DeMayo”, el cual hacía un llamado para manifestarse durante la visita del Presidente a la capital poblana.

Los tres jóvenes fueron arrestados el viernes 3 de mayo de manera arbitraria, sin que se les mostraran órdenes de aprehensión. De la misma manera no fueron puestos a disposición del Ministerio Público inmediatamente.

Entrevistado por ARTICLE 19, uno de los inculpados por la Procuraduría de Puebla comentó que fue sujeto a “malos tratos” y “tortura psicológica”. Afirmó, además, que transcurrieron más de 28 horas desde su arresto hasta que pudo comunicarse con sus familiares y representantes legales, en ese tiempo lo mantuvieron incomunicado, lo obligaron a declarar sin la presencia de un abogado  y lo hicieron firmar documentos que no le permitieron leer y a los que no ha tenido acceso hasta el momento.

Los tres jóvenes fueron puestos en libertad 4 días después tras pagar fianzas de entre 19 mil pesos y 28 mil pesos.

El mismo día de la detención, fueron cateadas las casas y lugares de trabajo de Néstor López y Eduardo Salazar, sin contar una orden judicial que avalara este proceder. Los agentes se llevaron CPUs, computadoras portátiles y memorias USB.

Las mismas autoridades –en voz del titular de la Procuraduría General de Justicia de Puebla- reconocieron no haber encontrado durante los cateos, pruebas o elementos que evidenciaran la planeación de algún acto violento.

Pese a todas las irregularidades descritas, el día de ayer jueves 16 de mayo les fue dictado auto formal prisión a los tres jóvenes. Con ello el Poder Judicial del Estado de Puebla convalida graves violaciones al debido proceso de los hoy imputados.

En este sentido, también se ha informado a ARTICLE19 que hasta el momento se ha negado el acceso al expediente que originó las detenciones, toda vez que su representante legal solamente ha podido ver los expediente donde se les imputan los delitos de cohecho, portación de objetos prohibidos (bóxer) y resistencia de particulares, integrados en razón y con posterioridad a la detención, mas no ha podido acceder a las averiguaciones que motivaron y justificaron dichas aprehensiones.

Todo lo anterior constituye una clara y grave violación a los derechos de libertad de expresión, asociación, participación política y petición. La criminalización de la protesta en este caso, ha redundado en el uso indebido del derecho penal y en la vulneración directa de las garantías del debido proceso tales como: presunción de inocencia, defensa adecuada, inviolabilidad del domicilio y detención mediante orden judicial.

Por ello ARTICLE 19 exige a la Procuraduría General de Justicia de Puebla que se desista de realizar acusación alguna y correlativamente investigue y sancione a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de los tres jóvenes. Al Poder Judicial del Estado de Puebla exigimos el apego irrestricto a las garantías procesales tuteladas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, actuando siempre con plena imparcialidad e independencia.