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Ernesto Aroche Aguilar
Ésta es una historia que empieza el 3 de enero, cuando Lilia Vélez Iglesias, presidente la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) capítulo Puebla solicitó a la Secretaría de Transporte (ST) y a la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT) una “copia digitalizada del estudio de impacto ambiental y urbano del teleférico en la ciudad de Puebla”, y termina el 11 de septiembre, 8 meses y 8 días después, cuando la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) decidió avalar la negativa del gobierno del estado a entregar la documentación solicitada.
En el inter de la historia, es decir en esos 340 días, el gobierno de Rafael Moreno Valle enfrentó un juicio de amparo que obligó a detener la obra. También se hizo pública una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que ordenó al Instituto Nacional de Antropología e Historia a dar a conocer actas de reuniones realizadas entre el gobierno del estado y ese organismo, documentación que el INAH intentó mantener fuera del alcance público por dos años con el argumento de que era parte del proceso judicial.
El mismo argumento que la ST y la SSAOT usaron para negar la información solicitada por la académica, argumento que a diferencia de lo sucedido en el IFAI la CAIP si dio por bueno.
Más allá de validar o no la opacidad que el gobierno morenovallista decidió imponer a sus obras más polémicas –el teleférico, la rueda de observación y otras–, lo que resalta en el proceso es la dilación para resolver los temas incómodos, señala en entrevista Vélez Iglesias.
La también ex integrante de la CAIP, sostiene que durante su paso por la comisión el proceso la resolución de los casos promediaba máximo cuatros meses, “en los casos más complicados, y ahora se están tardando seis meses o más para que al final terminen desechándolos por deficiencias en el procedimiento”.
Los plazos tan largos, señala, además contravienen los principios constitucionales que señalan que el procedimiento debe ser expedito. “y hay casos en los que la CAIP hace uso de su facultad de ampliar el plazo de resolución para luego sobreseer” –es decir desechar el caso–.
Una obra sin autorización
A esta historia de velos y retrueques legales, hay que sumarle una tercera solicitud, presentada diez días después de la solicitud que abrió este expediente. El 13 de enero este portal solicitó a la SSAOT básicamente lo mismo que había pedido Lilia Vélez: “copia simple de la Manifestación de Impacto Ambiental emitida para la construcción del teleférico en la ciudad de Puebla”.
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El comisionado ponente (expediente 34/ST-02/2013 y acumulados), Federico González Magaña, a quien se le ha señalado de manera reiterada como personaje afín al gobernador Rafael Moreno Valle, decidió conjuntar en una sola resolución las solicitudes junto con otra más que también presentó Vélez Iglesias sobre los permisos otorgados por el INAH para la demolición de la casona del torno, donde se levanta una de las torres del teleférico.
La razón: en todos los casos las respuestas otorgadas por las dependencias era la misma: se trata de información clasificada pues forma parte un expediente judicial en litigio –juicio de amparo 1962/2012, Juzgado Cuarto de Distrito–.
De acuerdo con la resolución emitida por la CAIP, fue en febrero cuando la comisión tuvo conocimiento de las negativas de las dependencias estatales, lo que significa que a la ST y a la SSAOT les tomó un mes responder a las solicitudes.
El proceso de recepción de pruebas y trámites relacionados se extendió por cuatro meses pues fue hasta 13 de junio –menos de un mes antes de las elecciones intermedias—cuando se dio por concluido dicho proceso y se ordenó a las partes esperar la fecha de resolución, y le llevó tres meses más al comisionado ponente hasta que finalmente el 11 de septiembre con el voto en contra de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena la comisión decidió avalar las respuestas negativas y ratificar la reserva de la información hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo.
340 días vs 118
Y si en Puebla fueron necesarios 340 días desde que se presentó la solicitud inicial hasta que la CAIP y el comisionado González Magaña decidieron mantener fuera del alcance de la ciudadanía los permisos ambientales de construcción, a nivel federal solo se requirieron 118 días, prácticamente una tercera parte, a pesar de que los tiempos legales a nivel federal son más amplios, para que a propuesta del comisionado Ángel Trinidad Zaldívar se ordenara al INAH hacer pública información sobre la reunión que había sostenido, el entonces director general del INAH, Raúl Sergio Arroyo, con integrantes del gobierno de Rafael Moreno Valle en torno a la construcción del teleférico.
El documento, solicitado por el reportero Jorge Castillo Loyo al amparo de la Ley de Transparencia federal, había sido negado por el INAH con el mismo argumento que utilizaron las dependencias estatales: que se trataba de información relacionada con un juicio de amparo.
Pero tras revisar la documentación referida el pleno del IFAI decidió desechar la reserva y ordenar la entrega de la información.
EL PEPO
