Jalisco, México. Venidos de diversos rincones de la República Mexicano, hombres y mujeres se reunieron en Temacapulín, comunidad pequeña, pero rebelde, que desde hace seis años resiste contra la imposición de una presa. El motivo que los llevó hasta este poblado de Jalisco fue el mismo: denunciar ante la preaudiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”, de la Mesa de Devastación Ambiental del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, las violaciones a los derechos humanos que padecen en sus comunidades, donde el Estado y empresas trasnacionales intentan imponer proyectos hídricos despojando a los pueblos de este valioso recurso.
Campesinos e indígenas, abogados, estudiantes y miembros de la sociedad civil organizada, integrantes en su mayoría del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), recorrieron cientos de kilómetros para presentar su caso ante el jurado internacional e interdisciplinario que de manera independiente escuchó durante dos días los testimonios, pruebas, argumentos técnicos, jurídicos, psicosociales e historias de vida y resistencia relacionados con las consecuencias que la construcción de presas ha traído en sus territorios.
Tomada de desinformemonos.org/
Todos y todas hablaron de sus historias de vida, que se vieron trastocadas por las obras que llegaron como pesadillas que no parecen tener fin. Las poblaciones que enfrenten la amenaza del desplazamiento forzoso empezaron un largo camino de búsqueda y anhelo de justicia, pues su tranquilidad y sueños les han sido arrebatados en aras de un “desarrollo y progreso” que no los contempla.
Como la juez Patricia Ávila¹ mencionó en la conferencia de prensa, “este tribunal es de carácter ético y su valor radica en que se vuelve un espacio, cuando los espacios institucionales y formales del Estado se cierran. Es un espacio sensible y objetivo a diferentes pruebas legales, con expedientes y testimonios como en el sistema de justicia formal, para tener una valoración más objetiva y amplia de las implicaciones sociales, ecológicas, políticas, culturales y económicas de las presas”.
El Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, que se opone a la presa Paso de la Reina en Oaxaca; el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, en Guerrero; representantes sociales de los municipios de Ruiz y Rosamorada, que se oponen a la presa hidroeléctrica Las Cruces, en Nayarit; el Comité Defensa Verde. Naturaleza para Siempre, que resiste a la presa hidroeléctrica El Naranjal, en Veracruz; María Guadalupe Lara Lara, del Comité Pro Defensa de Arcediano, desplazada por el proyecto de la presa de Arcediano, en Jalisco; representantes sociales de los municipios de Hostotipaquillo y Tequila, que exigen la indemnización justa correspondiente por la construcción de la presa La Yesca, entre Jalisco y Nayarit; desplazados por la presa Cerro de Oro, en Oaxaca; y el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, cuyos miembros están amenazados con ser desplazados por la presa El Zapotillo, en Jalisco estuvieron presentes en la preaudiencia. Además, se abrió un foro de denuncia donde fueron presentados los casos de Zongolica, en Veracruz, y el nuevo proyecto en Cerro de Oro.
Fueron denunciados diez casos de presas en siete estados, en tiempos y coordenadas diversas, en pre-construcción, construcción u operación, pero que a pesar de sus especificidades tienen un mismo patrón: la violación a los derechos humanos. Éste corresponde a un modelo de desarrollo excluyente que privilegia las necesidades de energía y agua de las grandes empresas por sobre las vidas de personas y pueblos, la dignidad y los derechos. Hay una práctica de las instituciones que se vuelve modelo y patrón, basada en la falta de información, ausencia de consultas abiertas, democráticas y alternativas. Las preguntas que siempre carecen de respuestas son: ¿quiénes son los verdaderos beneficiados?, ¿para quién es el agua y la energía?
Se ha evidenciado que el Estado mexicano, en aras de la construcción de presas de almacenamiento e hidroeléctricas, y con un discurso de “utilidad pública”, incurre en abuso de poder y violación de las leyes nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos, económicos, sociales y culturales de las comunidades y los individuos.
Por parte de instituciones gubernamentales y empresas privadas existe un gran desprecio por las personas, por sus pueblos y sus historias, así como por la tierra, los ríos y los ecosistemas; hay una inmensa ceguera ante las necesidades de los grupos más vulnerables, los ancianos, las mujeres, los niños. En resumidas cuentas: hay una inadecuada aplicación de la legislación, o una abierta violación de la legislación.
EL PEPO
