Montevideo. El parlamento de Uruguay habilitó este miércoles 17 la interrupción voluntaria del embarazo, constituyéndose así en el tercer lugar de América Latina en contar con una ley de este tipo. Empero, los cambios que sufrió el proyecto original no convencen a activistas que lo apoyaron.
«Nosotras consideramos que esta ley es mínima, no es la que esperábamos», dijo a IPS la portavoz de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Martha Aguñín.
«Deja muchos vacíos y no conforma a nadie», añadió la dirigente de MYSU, una organización no gubernamental feminista que lidera la «Campaña Aborto Legal – Uruguay. ¡Son tus derechos, hacelos valer!».
La norma despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gravidez, pero no deroga el delito del aborto, sino que suspende su aplicación cuando la mujer cumpla con ciertos requisitos.
Además del plazo establecido, el texto que la Cámara de Senadores transformó en ley este miércoles establece que la mujer deberá presentarse ante un médico y exponerle las situaciones «de penuria económica, sociales, familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo».
El médico dispondrá de inmediato la consulta con un equipo interdisciplinario, integrado por al menos tres profesionales, uno de ellos médico ginecólogo, otro especializado en salud psíquica y el restante en el área social.
Este grupo la asesorará sobre el contenido de la ley, los riesgos de la intervención y las alternativas a la interrupción del embarazo, y le dará cinco días para reflexionar. Si la mujer mantiene su decisión, podrá acceder a un aborto sin más trámites en una institución del sistema integrado de salud.
Aguñín criticó ese sistema, pues entiende que en los hechos el comité cumplirá funciones de «tribunal».
«Cuando las mujeres tomamos una decisión de este tipo, no necesitamos que nos manden a reflexionar, pues lo hacemos de forma consciente, adulta y responsable», señaló.
«Tenemos el derecho de resolver cuándo, cómo y qué cantidad de hijos tenemos, sin tener que pasar por un tribunal que nos mande a reflexionar cinco días», agregó.
Fuera de estas circunstancias, la ley establece que la interrupción del embarazo solo podrá practicarse cuando peligre la vida o salud de la madre, cuando el feto tenga malformaciones que lo hagan inviable o cuando la gravidez sea producto de una violación sexual.
La activista explicó que la flamante Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo no fue la deseada, sino «la posible», resultado de negociaciones y concesiones que debió hacer la mayoría del Frente Amplio, la coalición izquierdista que gobierna Uruguay desde 2005, luego de que fracasara un intento similar en 2008.