Guatemala. “Ahora más que nunca estamos seguros de que fueron ellos (los militares) los que dispararon. Nosotros no estábamos armados”, nos dice Carmen Tacam, presidenta de la Asociación de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán (municipio homónimo del departamento), la organización indígena que lideró la manifestación del jueves 4.
Ese día, unos 3 mil indígenas bloquearon la carretera Panamericana, que conduce a la frontera con México, para mostrar al gobierno del general retirado Otto Pérez Molina su descontento con las reformas que alargan de tres a cinco años la carrera magisterial y el alza de las tarifas de electricidad, que “se cobra pero muchas veces ni existe el servicio”, según denunciaron. La protesta también se dirigió a varias enmiendas constitucionales promovidas desde el gobierno, por excluir una reforma fiscal.
Al lugar llegaron efectivos del ejército que, según los manifestantes, accionaron sus armas contra la multitud. Además de los ocho muertos, 40 personas fueron heridas.
“Mantenemos nuestras demandas, pero ahora se suman dos más: que se les dé resarcimiento a las familias de las víctimas y que se esclarezca la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales de la muerte de nuestros compañeros”, dijo Tacam.
El presidente Pérez Molina alegó que algunos soldados dispararon “al aire” y, respaldado por los ministros de Gobernación (Interior) y de Defensa, acusó a un agente de seguridad privada de haber baleado a los manifestantes.
El viernes 5, siete soldados puestos a disposición de la justicia aseguraron que sus disparos habían sido al aire.
Pero este lunes, después de reunirse con el cuerpo diplomático acreditado para explicar lo ocurrido en Totonicapán, el mandatario sostuvo que acatará el resultado de la investigación del Ministerio Público (fiscalía) y pidió a los manifestantes que eviten tomar medidas de hecho y favorezcan el diálogo.
La tragedia evocó el conflicto armado que vivió este país (1960-1996) entre guerrillas izquierdistas y fuerzas del Estado, que resultó en unos 250 mil muertos y desaparecidos, la mayoría indígenas.