TV Azteca aún no cede, insiste en no transmitir el primer debate entre candidatos a la Presidencia de la República, no obstante para el miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell Sánchez, es innecesario legislar la obligatoriedad de transmisión, toda vez que es un asunto de ética y no de jurisprudencia.
El directivo, Ricardo Salinas Pliego, señaló a través de la red social twitter: “Si quieren debate, véanlo por Televisa, si no, vean el fútbol (Tigres- Morelia) por Azteca. Yo les paso los ratings al día siguiente”.
El empresario fue severamente criticado en redes sociales, de forma directa por industriales, partidos políticos, e incluso motivó que el sitio Web de Banco Azteca, propiedad del magnate, fuera inhabilitado por hacktivistas de Anonymous México.
El PRD recurrió al IFE para interponer una queja y solicitar la obligatoriedad de transmisión. La autoridad rechazó la petición.
A decir de Carbonell, la decisión del IFE fue correcta, ya que el Estado no debe imponer a las televisoras lo que deben o no transmitir, pues “es un tema de ética de medios, no de legislación”.
A razón de ello dijo: “haría un llamado a que los empresarios se sintieran comprometidos a este ejercicio de divulgación democrática indispensable para México y para sus ciudadanos, no me gusta que no se le dé la mayor proyección mediática a los debates”.
Durante su estancia en la entidad dónde impartió la ponencia “Retos de los Poderes Legislativos en México” en el Congreso del Estado, también se pronunció a favor de la disminución de legisladores, pero no precisamente de la eliminación de los plurinominales, debido a que son quienes equilibran al Congreso de la Unión.
En el mismo tenor, para el académico la reelección es una herramienta que facilitaría la especialización de legisladores y cerraría la puerta a los políticos “chapulines”, pues concluirían sus periodos con la intención de continuar en sus cargos al terminar cada gestión.
La reelección también aplicaría para la Presidencia de la República, no sin antes reducir los periodos de 6 a 4 años, a su decir, en los últimos años de mandato se evidencia agotamiento de los ciudadanos y sus representantes.