Imagen tomada de centroprodh.org.mx

México, DF. El día de hoy, 12 de enero de 2012, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Secretaría Ejecutiva de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH), Sin Fronteras, I.A.P. y el Centro de Derechos Humanos Usumacinta (CDHU) realizaron una rueda de prensa en la que dieron a conocer la versión de la comunidad desplazada Nueva Esperanza en relación al violento desalojo que el Instituto Nacional de Migración (INM) llevó a cabo el pasado lunes 9 de enero.

José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh, comenzó desmintiendo a la autoridad migratoria, señalando que llevarse a personas que no quieren irse es ya un hecho violento. Dijo que existieron muchísimas irregularidades en el proceso y por parte del INM ha habido una actitud incongruente, que no corresponde con el proceso que desde la sociedad civil esperamos.

Maynor Randolfo Morales López, de la comunidad de desplazados guatemaltecos, narró como los policías federales lo agredieron y detuvieron junto con otro compañero. Lo llevaron a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tenosique sin ser notificados de por qué se le detenía. Después de varias horas, le dijeron que de manera anónima se le estaba acusando de tráfico de personas. Además, le hicieron un extenso interrogatorio sobre Fray Tomás González. Después, registraron sus huellas dactilares, les pusieron carteles en el pecho, les tomaron fotografías y los desnudaron, para luego entregarlos al INM, aún a pesar de tener una forma migratoria vigente para trabajar y vivir en el país.

Después de que el INM lo dejó ir, llegó al campamento, donde su esposa y las 140 personas que lograron no ser detenidas le contaron lo que había sucedido. Maynor narró como el INM llegó y rodeó el campamento, los despertaron y les quitaron su documentación migratoria. Señalaron que los documentos que tenían, incluidas las actas de nacimiento de los niños y niñas mexicanas, no valían, que se podían tirar a la basura. Tomaron a los niños y se los llevaron, por lo que las mamás, desesperadas, tuvieron que buscar a sus hijos y era entonces cuando las detenían. Maynor narró que tanto los agentes del INM como la Policía Federal apedrearon a la gente e, incluso, que ingresaron a territorio guatemalteco para lograr detenerlos. En medio del operativo, las autoridades también se llevaron los víveres y el maíz que la propia comunidad estaba cultivando para su consumo; además, el INM amenazó con volver a regresar a desmantelar el campamento.

Fray Tomás González, del CDHU, denunció con indignación y coraje que la comunidad Nueva Esperanza sí fue violentamente desplazada, aún a pesar del proceso de negociación que estaba vigente. “La comunidad estaba negociando de rodillas”, dijo; sin embargo, ya habían aceptado una reubicación en Tikal, Guatemala, lo cual sabían tanto las autoridades migratorias como la propia Secretaría de Gobernación. Además, recordó cómo es que el Comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, días antes había llegado a la comunidad a llevar víveres y romper piñatas con los niños y niñas, para luego llegar a desmantelar la comunidad. Por lo tanto, fue enfático al señalar que el Comisionado Beltrán había traicionado tanto a las personas desplazadas como a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos de las personas migrantes.

La Hermana Leticia Gutiérrez, Secretaria Ejecutiva de la DPMH, señaló que el INM utiliza de manera facciosa el sistema de justicia penal para criminalizar a las y los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes. Destacó esto debido a que Fray Tomás González también fue acusado por el delito de tráfico de personas, aún a pesar del apoyo humanitario que presta a las personas migrantes que transitan por el municipio de Tenosique, Tabasco. Además, informó que tanto Fray Tomás González como otros defensores miembros de la DPMH están bajo la protección de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); sin embargo, el gobierno mexicano continúa persiguiéndolos.

Diana Martínez, abogada de la organización Sin Fronteras, I.A.P., expresó que las acciones del INM van en contra de la ley de Migración recientemente aprobada y también contra el derecho humanitario internacional. Destacó que no se respetó el debido proceso, pues las y los guatemaltecos no fueron informados debidamente de sus derechos. Además, se les detuvo mediante engaños, por lo que no se trató de una repatriación humanitaria, tal como lo afirma el INM, sino que en realidad fue una deportación, puesto que las personas migrantes regresaron a su país en contra de su voluntad. Señaló que es necesario que se denuncien estas irregularidades, se investigue qué es lo que sucedió y que, incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de cauce y celeridad a la queja recién iniciada.

Las organizaciones destacaron que las y los guatemaltecos desplazados no quieren regresar a su país, puesto que no hay condiciones ni garantías de vigencia de sus derechos humanos. Para prevenir esta situación, interpusieron un amparo contra la orden de deportación, cuyo propósito es conocer e inconformarse con las irregularidades que se dieron en el procedimiento. Además, informaron que se dio aviso de los hechos ocurridos tanto a la CIDH como al Sistema de Naciones Unidas.

Información: Cencos.