• El Centro de Estudios Espinosa Yglesias otorgó una calificación global de 4.33 al PED 2011-2017

• La falta de prioridad y plazos de cumplimiento fueron algunas de las principales carencias detectadas

Lado B

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 (PED), presentado por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, recibió una calificación de 4.33 –en una escala del 0 al 10- por un grupo de especialistas convocados por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Los 40 especialistas evaluaron la congurencia del PED con las propuestas de campaña y con los programas sectoriales e institucionales que el gobierno estatal facilitó para su análisis. Las propuestas realizadas en 2010 por el ahora gobernador del estadol, recibieron durante la camapaña una calificación global de 6.89.

Las principales carencias detectadas por los evaluadores fueron la falta de prioridad y plazos de cumplimiento, la ausencia de un diagnóstico de recursos disponibles para la ejecución de cada una de las partes del Plan, que se definen las áreas de ejecución pero no se especifica quiénes serán los responsables de las mismas, y que los programas sectoriales no son tales sino sólo una suma de programas institucionales.

Las calificaciones por separado de los cuatro ejes del PED fueron: Economía y Desarrollo Sustentable, 4.07; Desarrollo Social, Salud, Educación y Pobreza, 3.73, Estado de Derecho, Reforma Política, Buen Gobierno y Administración Pública, 5.78; Seguridad Pública, 3.75, para un promedio general de 4.33.

A decir de estos expertos, las carencias antes mencionadas generan las siguientes consecuencias: Limitan al Plan Estatal de Desarrollo para ser el marco general que defina, priorice y precise las acciones que deberán realizarse a nivel de sectores, regiones e instituciones en el estado. Además de que al carecer de programas regionales, se propicia un trabajo institucional individual sin sinergia entre las instituciones que inciden en una misma región.

El dictamen considera que la ausencia de estos elementos, al PED se ve limitado en la conducción de lo que se supone debe ser el nuevo gobierno, en sus tres respectivos niveles.

Los evaluadores detectaron que el Plan no ofrece metodología precisa para definir las metas de manera clara, por lo que falla en proporcionar referentes medibles dificulta enmarcar los compromisos y los plazos para cumplir estos objetivos.

Una falla señalada con recurrencia es la carencia del PED de una concepción regional de la entidad, así como de un diagnóstico de la diversidad que defina objetivos, metas y estrategias para los problemas de las regiones. Pareciera ser que el Estado es la zona metropolitana.

Recomendaciones:

En Economía y desarrollo sustentable:

Contar con programas sectoriales muy concretos para complementar al PED.

Establecer claramente parámetros y metas cuantitativas en los planes sectoriales que hagan posible evaluar el desempeño.

Consolidar tablas con información de recursos así como su asignación para ver el panorama general de gastos e ingresos y su importancia relativa entre sectores.

Considerar en el Plan diversas acciones entre las regiones, con políticas específicas, para no circunscribir los proyectos de desarrollo a la zona metropolitana de la ciudad de Puebla y la zona industrial.

Ampliar y diversificar las fuentes estatales de ingreso.

Retomar el tema de la coordinación entre los diversos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) no sólo en el ámbito fiscal, sino en otros temas de relevancia para la entidad.

En Igualdad de Oportunidades para Todos:

Establecer una vinculación entre los programas federales y los programas estatales.

Reflexionar en temáticas como la protección a menores, la atención integral a la elevada mortalidad infantil, el creciente número de familias que viven sólo con la madre, y la penalización del aborto.

Promoción de legislación en el tema de la discriminación y grupos vulnerables.

Tratar la problemática de la educación de manera diferenciada al tomar en cuenta las particularidades de cada nivel.

Evitar que la cobertura de salud se reduzca a un proceso de credencialización y afiliación al Seguro Popular.

Definir con claridad los objetivos y funciones del Instituto de Evaluación y Medición de Marginación y Pobreza (IEMMP).

En los temas de Estado de Derecho, Reforma Política, Buen Gobierno y Administración Pública (incluye los ejes 3.

Gobierno honesto y al servicio de la gente y Eje 4. Política interna, seguridad y justicia):

Establecer un conjunto de medidas que definan el tema de Estado de Derecho como una política pública integral con indicadores imparciales y precisos.

Diseñar una política trasversal en torno a los derechos humanos.

Modernizar la Ley de acceso a la información pública y protección de datos personales y establecer un catálogo de sanciones para los casos de corrupción que existen o que se puedan dar.

Flexibilizar los requisitos para llamar a un referéndum.

Incentivar reformas que permitan un gobierno horizontal, que en el marco de respeto y colaboración consideren su relación con el resto de los poderes del estado.

Definir la relación entre los niveles de gobierno, con los municipios y las regiones del estado, con el Poder Ejecutivo Federal, y con los estados circunvecinos.

Implementar una política que permita dar cuenta del correcto uso y destino de los recursos federales, por parte del estado, para transparentar su aplicación.

Finalmente, en los rubros de Política Interna, Seguridad y Justicia:

Dar continuidad a la reforma constitucional del cambio en el sistema judicial, e integrar también la que se refiere a la materia de derechos humanos.

Expedición de una “Ley de uso de la fuerza” que establezca los ejes rectores de actuación y que sea el marco de referencia para la capacitación de los policías antes de que entre en vigor la “Ley de seguridad”.

Adicionalmente a la institucionalización del servicio civil de carrera en los cuerpos policiales, se requiere un proceso de formación y de capacitación que impulse el respeto de los derechos laborales y profesionales del personal.

Generar un centro de inteligencia estatal que esté conectado con su contraparte nacional y mantenga relación estrecha con los esfuerzos de inteligencia subsistémicos a nivel municipal.

Generar un protocolo de procedimiento completo para un verdadero proceso de

inteligencia, que contenga una metodología que obligue a exponer indicadores de seguimiento, de evaluación y resultados.

Crear la figura de un ombudsman que proteja los derechos de los miembros de las instituciones de seguridad frente a su propia institución y frente a la sociedad.

Incorporar el debido proceso en la ejecución penal mediante los jueces especializados en la materia competentes tanto para decidir la duración de la pena como para garantizar condiciones de vida digna y segura en reclusión.