Protestas y los disturbios han sacudido a Francia desde el sábado 17 de octubre de 2026, cuando cientos de miles de personas se movilizaron en distintas ciudades. Estudiantes de secundaria superior (nivel bachillerato en México) y universitarios, trabajadores, sindicatos y participantes del movimiento de los chalecos amarillos salieron a las calles. Las manifestaciones, que comenzaron en septiembre sin recibir una respuesta adecuada del Gobierno, han estado impulsadas por el encarecimiento de la vida, el deterioro de la educación pública y la preocupación por los servicios sociales.
Aunque las marchas reunieron mayoritariamente a manifestantes pacíficos, en varias ciudades derivaron en enfrentamientos, incendios y saqueos. Las estimaciones de participación oscilaron entre 550.000 personas, según el Ministerio del Interior, y 800.000, según los organizadores. De acuerdo con Associated Press, alrededor de 2.400 personas fueron detenidas durante los disturbios del fin de semana y, para el martes 20 de octubre, al menos 149 habían sido encarceladas. El Gobierno del Primer Ministro Sébastien Lecornu reconoció fallos en la respuesta policial y anunció un amplio despliegue de seguridad, con apoyo militar, ante las nuevas protestas previstas. La crisis ha reabierto el debate sobre el rumbo económico y social de Francia a las puertas de las elecciones presidenciales de 2027.
Hacia el interior de Francia, la reacción de la opinión pública ha estado marcada por dos disputas: la legitimidad de las demandas sociales y la respuesta del Estado frente a la violencia. Las organizaciones estudiantiles denuncian la falta de docentes, las aulas saturadas y las malas condiciones materiales de algunos centros educativos. Los sindicatos han extendido esas reivindicaciones hacia los salarios, las pensiones, el poder adquisitivo y la defensa de los servicios públicos.
El gobierno, por su parte, ha recalcado los daños, los saqueos y los enfrentamientos con la policía, responsabilizando a grupos radicales y delincuentes. La actuación represiva de la policía también ha sido cuestionada por alcaldes locales y asociaciones de derechos humanos después de que se registraran lesiones entre manifestantes y se reabriera la discusión sobre el uso de armas de dispersión. De este modo, el debate público oscila entre el rechazo a la violencia y la pregunta de por qué el descontento ha alcanzado una dimensión que las respuestas oficiales no han conseguido contener.
Paralelamente, la prensa internacional ha situado las protestas francesas en el contexto de un malestar social más amplio que también se manifiesta en otros países europeos, donde el acceso a la vivienda, el coste de la vida, las condiciones educativas y la pérdida de seguridad económica han impulsado movilizaciones en distintos países. La prensa extranjera ha también comparado la actual protesta francesa con el movimiento de los chalecos amarillos de 2018, que comenzó con el rechazo al aumento de los combustibles y terminó expresando una oposición más amplia a las políticas percibidas como favorables a los sectores de mayores ingresos.
Si bien el actual episodio de protestas no se trata de un movimiento europeo único ni de una protesta con una dirección común, pues los conflictos nacionales tienen detonantes y demandas particulares. Lo que comparten estos eventos es la tensión entre el coste cotidiano de sostener una vida digna y la percepción de que las instituciones no están respondiendo a las necesidades de amplios sectores de la población.
Las reivindicaciones de los manifestantes franceses combinan problemas inmediatos con una crítica al modelo social. Los estudiantes reclaman escuelas en condiciones adecuadas, más personal docente y mejores perspectivas de futuro. Los trabajadores exigen que los salarios permitan afrontar los gastos básicos y que el ajuste económico no recaiga sobre quienes dependen de sus ingresos laborales. Los sindicatos cuestionan los recortes y las medidas que limitan el gasto social, mientras sectores vinculados a los chalecos amarillos mantienen su oposición a una política económica que consideran injusta. Aunque no todos los participantes comparten un programa político, el hilo conductor entre ellos es la sensación de que trabajar, estudiar y contribuir al sistema ya no garantiza estabilidad material para vivir una vida digna. La protesta que vemos en estos días expresa, por tanto, un cuestionamiento contundente a cómo se distribuyen los costes de la crisis y quién tiene capacidad para influir en las decisiones presupuestarias.
La disputa por el coste de la crisis
El aumento de las protestas en Francia durante los últimos años no puede explicarse por una sola decisión presupuestaria, pero sí puede analizarse en el contexto de las prioridades del Estado. El gobierno francés intenta reducir el déficit público y ha presentado un presupuesto para 2027 que combina aumentos de ingresos con restricciones y ahorros en distintas áreas. A su vez, Francia mantiene el compromiso de incrementar su capacidad militar en un contexto europeo marcado por la percepción, ampliamente respaldada por la retórica, de que la guerra en Ucrania crea una incertidumbre sobre la seguridad continental y que eso obliga al impulso del rearme. Por ello, la cuestión política no es afirmar que cada euro destinado a defensa haya sido retirado directamente de una escuela o un hospital, sino examinar por qué el gasto militar se presenta como una prioridad estratégica mientras la educación, la protección social y los servicios públicos afrontan presiones para contener el gasto.
La industria armamentista se beneficia de una demanda sostenida por la guerra y por la decisión de los gobiernos europeos de reforzar sus capacidades militares. Cuando el Estado considera urgente financiar armamento, pero exige contención a escuelas, hospitales, pensiones y programas sociales, es legítimo preguntar qué modelo de seguridad se está protegiendo. La seguridad nacional no se reduce a la capacidad militar. También depende de que la población tenga acceso a educación, vivienda, atención sanitaria, empleo digno y condiciones de vida que no empujen a amplios sectores hacia la precariedad.
En Francia, y en buena parte de Europa, esta contradicción se vuelve cada vez más visible entre los jóvenes. La falta de docentes, las aulas saturadas y el deterioro de las instalaciones no son únicamente problemas administrativos: afectan las oportunidades educativas y la posibilidad de imaginar un futuro con cierta estabilidad y oportunidades.
Para los trabajadores, la presión adopta otras formas: salarios que no alcanzan al ritmo de los gastos, empleos inseguros, servicios públicos que responden con dificultad y reformas que trasladan a las personas el peso del ajuste.
Cuando esas experiencias se acumulan, la protesta deja de dirigirse solamente contra una medida y empieza a cuestionar la relación entre trabajo, riqueza y representación política. La movilización social expresa entonces una disputa de clase, aunque sus participantes no utilicen siempre ese lenguaje ni compartan una misma interpretación de las causas.
En esa disputa, la migración se ha convertido en una estrategia central de confrontación política, señalar al Otro es usado como punta de lanza para opacar el cuestionamiento. Una parte del debate francés atribuye a la llegada de personas migrantes la saturación de los servicios públicos, las dificultades de acceso a la vivienda o la presión sobre las ayudas sociales.
Es cierto que los servicios pueden sufrir falta de capacidad, que existen tensiones en el acceso a recursos escasos y que las políticas de integración requieren financiación. Pero es importante recalcar que de ahí no se desprende que la migración sea la causa principal del deterioro de las condiciones de vida ni que reducir las prestaciones sociales mejore automáticamente la situación de los trabajadores franceses. La calidad de los servicios depende especialmente de las decisiones de inversión, la distribución territorial de los recursos, las condiciones laborales del personal y la política fiscal.
Además, la sociedad francesa depende del trabajo de personas migrantes en sectores esenciales, entre ellos los cuidados, la limpieza, la hostelería, la construcción, la agricultura y diversos servicios sanitarios. Las personas migrantes no son solamente receptoras de recursos públicos: también trabajan, pagan impuestos y cotizaciones, consumen y sostienen actividades económicas de las que depende el conjunto de la población. El efecto fiscal de la migración varía según el empleo, los salarios, la edad y las políticas de cada país; por eso no es riguroso presentarla como una carga uniforme ni como una explicación general de la crisis del Estado social. La pregunta relevante es por qué faltan recursos y personal para atender las necesidades colectivas y qué decisiones económicas han conducido a esa situación.
Por ello, señalar a la población migrante como responsable del deterioro social desplaza la discusión desde la distribución de la riqueza hacia la competencia entre quienes tienen menos capacidad para influir en ella. En lugar de debatir sobre salarios, fiscalidad, beneficios empresariales, concentración patrimonial y financiación de los servicios públicos, el conflicto se presenta como una lucha entre trabajadores nacionales y extranjeros por recursos supuestamente insuficientes. Esa narrativa beneficia políticamente a quienes buscan contener el descontento social sin discutir de fondo cómo se reparte la riqueza producida por la sociedad. Esto debilita la posibilidad de que los trabajadores, independientemente de su origen, se organicen en torno a problemas compartidos: condiciones laborales, acceso a la vivienda, pensiones, educación y protección social.
La cuestión de clase queda así fragmentada. Una persona francesa con un salario insuficiente y una persona migrante sometida a condiciones laborales precarias pueden ser presentadas como adversarias, aunque ambas dependan de su trabajo y enfrenten las mismas dificultades para cubrir sus necesidades. Mientras la atención se concentra en esa rivalidad, la desigualdad en la distribución de ingresos y patrimonio, la capacidad de los grandes grupos económicos para influir en las políticas y las prioridades del presupuesto quedan en un segundo plano. No significa que todos los conflictos relacionados con la migración sean imaginarios ni que los servicios públicos carezcan de límites. Significa que esos problemas no se resuelven culpando a un sector de la población, sino examinando las decisiones que determinan los recursos disponibles y las condiciones en que se distribuyen.
Las protestas francesas se desarrollan hoy con furia en las calles de un país cuya historia revolucionaria mostró la capacidad de la movilización popular para desafiar al poder. La movilización masiva de los estudiantes y trabajadores evidencia, como hemos visto en ocasiones anteriores, la disputa por el significado mismo de la seguridad y del bienestar. Un Estado puede aumentar su capacidad militar y mantener compromisos estratégicos internacionales, pero si una parte de su población siente que la educación de sus hijos se deteriora, que el trabajo ya no garantiza estabilidad de sus familias y que los servicios públicos pierden capacidad de respuesta, esa seguridad resulta incompleta.
El problema no consiste en oponer de manera simplista defensa y gasto social, sino en cuestionar las prioridades presupuestarias, exigir que se discutan con transparencia y que sus costes no recaigan sistemáticamente sobre quienes dependen de un salario o de los servicios colectivos. Dentro de esa discusión, entonces, la migración no debe funcionar como una salida retórica. La pregunta de fondo sigue siendo quién produce la riqueza, quién la concentra y en manos de qué ínfima proporción de la población quedan las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad francesa.
Es esa desigualdad, que protege los intereses de una minoría mientras condiciona el futuro de la mayoría, la que está en el centro de la lucha por el futuro.
Foto: Camilla Baronetto/LiveMedia/ipa-agency/picture alliance. Tomada de dw.com