Adrián Montiel González. Foto: Especial. 

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) identificó la implicación del Estado en cinco casos de desaparición en Jalisco. De las 51 acciones urgentes emitidas en México, todas exigen buscar, localizar y proteger a las víctimas, así como investigar los hechos. En todos los casos, las personas fueron sustraídas por individuos identificados como agentes o que vestían uniformes militares o policiales.

El integrante del Colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores, informó que en el colectivo hay dos casos de acción urgente. Uno es el de su hijo, Héctor Daniel Flores Fernández, y el de Carlos Maximiliano Romero Meza, hijo de la presidenta del colectivo, Liliana Meza.

En ambos casos, agentes de la Fiscalía del Estado los sustrajeron de sus hogares.

La desaparición forzada en México en el contexto internacional

México ocupa el primer lugar de casos acumulados con 779, cifra que supera la de Irak que contabiliza 663 casos. En el período del último informe, marzo-septiembre 2025, México concentró el 35 por ciento de las nuevas acciones urgentes con 51 casos nuevos. Esto lo coloca a la par de Irak como el país con más nuevas desapariciones reportadas.

“Hablando con personal de la ONU sobre las medidas de acción urgente, nos dijeron que México tiene más que Irak. Nosotros tenemos más que ellos y eso que están en guerra, en un conflicto activo, con miles de problemas”, dijo Héctor Flores.

Después de Irak están países como Colombia con 244 y Cuba con 200 medidas de acción urgente.

México y el perfil desaparecidos

La concentración de casos de desaparición forzada está en Baja California con 29 casos que representan el 58 por ciento especialmente en Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y Mexicali. En Jalisco se reportaron cinco nuevos casos o el diez por ciento. Y para el estado de Guanajuato con cuatro casos que representan el 8 por ciento.

Además, se emitieron medidas para tres casos de Michoacán, dos en Zacatecas y dos para la Ciudad de México. Y una persona desaparecida en los estados de Tamaulipas, Colima, Guerrero, Veracruz y Sinaloa, respectivamente.

Los perfiles de las personas desaparecidas son 39 hombres (78 por ciento) y 11 mujeres (22 por ciento), una de ellas embarazada. Del total, diez por ciento son menores de edad; una con discapacidad y un defensor de derechos humanos.

Jalisco

En el informe del CED se subraya un caso para Jalisco. Con cinco casos nuevos, uno de estos es Tecolotlán donde hay órdenes de aprehensión, que no han sido ejecutadas, contra siete policías.

“Se argumenta que las personas fueron privadas de libertad por individuos identificados como agentes estatales, así como por hombres armados, en un contexto en el que el Comité ha recibido denuncias repetidas sobre complicidad entre agentes estatales y actores criminales”

La participación de las instituciones de seguridad es cada vez más frecuente y las autoridades, como la Secretaría de Gobernación, no atienden el tema.

“Hace caso omiso y para las familias es muy difícil darle continuidad a las medidas de acción urgente. Me parece muy bueno que haya una postura, pero que sea más dura para exigir resultados al Estado mexicano”, dijo Héctor Flores.

El integrante del colectivo denunció la colusión de las instituciones de seguridad con el crimen organizado. Su participación es como brazo armado, en áreas especializadas para la información o en la privación ilegal de personas.

“Probablemente son las mismas personas que participaron en las desapariciones. Por eso las cosas no avanzan. Sólo recordemos que el ex gobernador Enrique Alfaro denunció la infiltración del crimen organizado en la Fiscalía. Hasta la fecha no ha habido limpia. Con el cambio de gobierno, básicamente son los mismos”.

El informe del CED resaltó la participación de las víctimas y el acceso a la información. En el caso de Baja California, los familiares y representantes de las personas desaparecidas tienen limitaciones para acceder a los expedientes de los casos.

“Incluyendo páginas faltantes y registros desorganizados, y reportaron dificultades para contactar a los agentes del Ministerio Público y asesores de víctimas responsables de su caso”, se lee en el informe.

Denuncian carencias para la búsqueda

El pasado martes 14 de octubre, en Plaza de Armas de Guadalajara, el Comité de Solidaridad con Palestina Guadalajara se solidarizó con los colectivos de familiares de personas desaparecidas con denuncias públicas contra el genocidio de Gaza.

Al tomar la voz, Héctor Flores alertó sobre la crisis forense y de desapariciones que vive el estado de Jalisco. Denunció la falta de voluntad institucional para atender el problema.

“Desgraciadamente tenemos crisis forense y hacen falta presupuesto justo. Un Sistema Estatal de Búsqueda que funcione. Asesoría especializada y personal suficiente para atender las más de 15 mil personas desaparecidas”, expresó Héctor Flores.

De acuerdo con el buscador, sólo existen nueve asesores jurídicos para acompañar los procesos de búsqueda e identificación donde deben laborar al menos 50 elementos en campo.

“Hace algunos meses, durante el año pasado, hubo contratación, pero sólo para engordar la burocracia de la Comisión de Búsqueda no para la reforzar con elementos activos en campo”, detalló.

Héctor Flores informó que los colectivos propusieron una iniciativa de ley para que la Comisión de Búsqueda tenga la facultad de ingresar a casas abandonadas o lotes baldíos sin necesidad de un largo proceso judicial.

“Y podamos desahogar los procesos legales para solicitar un cateo son muy lentos y desgastantes para las familias. Eso complica las acciones de búsqueda y la certeza jurídica de lo que pueda resultar de un hallazgo”, concluyó.

*Esta nota fue publicada originalmente en PERIMETRAL, que forma parte de Territorial, Alianza de Medios. Aquí puedes ver la publicación original.