La audiencia del 3 de julio fue de gran importancia, sin embargo es esencial que derive en la libertad incondicional de Renato Romero Camacho, defensor del agua y del territorio, en tanto se realiza la continuación de su audiencia inicial el lunes 7 de julio a las 7:30 hrs en la que el juez David Rodríguez González determinará si queda sujeto a proceso o en libertad. Celebramos con cautela, porque hemos observado señales preocupantes de que quienes son responsables de la procuración y administración de justicia están torciendo la ley por presiones e intereses económicos y políticos.

La detención

En primer lugar la detención de Renato Romero se da por una orden de aprehensión por delitos que por no ser graves podían requerir simplemente un citatorio para declarar en calidad de imputado. En segundo lugar, Renato presenta heridas en las rodillas, lo que en sí indica tortura, y manifestó dificultad para caminar resultado de su detención que en sus propias palabras “pareció más un secuestro, pues [los agentes] no se presentaron” y aseguró que “con amenazas de muerte que tengo he temido un secuestro”. Fue sometido y trasladado por ocho agentes ministeriales en dos vehículos sin placas quienes le dijeron “ya te cargó la chingada” y agregaron “ni te resistas y si te sigues resistiendo te vamos a matar”.

Además, en ningún momento la fiscalía recurrió a la conciliación entre la parte denunciante, la empresa Concesiones Integrales, y el denunciado, incluso teniendo ya cuantificado el valor en pesos de los presuntos daños. Todo esto indica que la fiscalía priorizó realizar un acto física y emocionalmente violento en lugar de optar por otras alternativas. Que una detención así sea en contra de un defensor del territorio y sobre un caso extremadamente tumultuoso como es el del agua en la comunidad de San Miguel Xoxtla huele a mensaje represivo.

Es esencial resaltar que Renato Romero es parte del Mecanismo Federal de Protección a Defensores después de haber sido amenazado y de que lo intentaran levantar en 2024 pues debe garantizar medidas urgentes de protección que garanticen su vida, integridad, libertad y seguridad.

La audiencia

La audiencia realizada ayer 2 de julio estaba programada inicialmente para las 10:00 hrs, la pospusieron a las 15:30 hrs y se realizó hasta las 19:25 hrs, presuntamente por carga de trabajo, pero el que afuera de la Casa de Justicia de Cholula hubiera decenas de personas de comunidades y organizaciones solidarias y una tormenta se asomara en el cielo hace sospechar que podía tratarse de una estrategia para usar la espera y la tormenta para disuadir el apoyo.

Cuando anunciaron que la audiencia se había retrasado nos informaron que a la audiencia, legalmente pública, podrían ingresar tantas personas como cupieran en la sala, pero llegado el momento solo permitieron la entrada a medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y familiares, nada más, a pesar de que en la sala sólo estaban ocupadas 13 de las 40 sillas disponibles.

La representación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, encabezada por el Ministerio Público (MP) José Gregorio Campos, presentó la acusación en contra de Renato Romero por daño en propiedad ajena y despojo agravado en contra de la empresa Concesiones Integrales y lo motivó en una protesta realizada el 28 de mayo en San Miguel Xoxtla en contra una obra subcontratada a la empresa constructora Vica y en un predio donado en comodato por la alcaldesa de Xoxtla, Guadalupe Ortíz, en favor del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP).

Ante las acusaciones Renato Romero se reservó su derecho a declarar, lo que ocurrirá el 7 de julio.

La solicitud de prisión preventiva

Fue alarmante que la Fiscalía, para solicitar la prisión preventiva, presentara la participación de Renato Romero en el Consejo Ciudadano Defensores de la Tierra y el Agua de San Miguel Xoxtla como una prueba de peligrosidad social, calificando en los hechos la defensa del territorio como una “conducta antisocial”.

El MP leyó publicaciones de Facebook en las que se llama a defender el agua y se convoca a foros como pruebas de que Renato presentaba un peligro para Concesiones Integrales, para los testigos y para la sociedad. Trató de presentar el ejercicio de los derechos de libre asociación y de expresión como conductas delincuenciales, muy a tono con estos tiempos de la #LeyCiberasedio. Fue una muestra clara, viva, oficial y registrada en la audiencia, de criminalización de la protesta, en particular de la protesta en contra de crímenes en contra del medio ambiente.

A esto se sumó que para argumentar el riesgo de fuga tratara de desestimar recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de sus familiares y su credencial de elector como documentos válidos para demostrar que tiene un domicilio y un arraigo familiar claro, algo que el propio juez le señaló como una acción en mala fe.

Fue también deshonesto que el MP utilizara los delitos por los que Concesiones Integrales acusa a Renato Romero para argumentar su peligrosidad, como si la acusación fuera en sí un hecho juzgado y condenado.

La defensa, encabezada por Tonatiuh Sarabia, desmanteló uno a uno los argumentos del MP y demostró que la fiscalía actuó con dolo al ocultar un documento de la policía ministerial que probaba el domicilio de Renato Romero, documento que además podría haber dado argumentos al juez para no emitir la orden de aprehensión.

La decisión del juez

Quedó claro a todas luces que Renato Romero no presentaba un peligro para Concesiones Integrales, los testigos, la sociedad y la investigación; que tiene un domicilio plenamente acreditado y documentado por el MP; y que todos sus vínculos y entornos laborales estaban igualmente documentados. Además de que quedó claro que, de acuerdo con la Suprema Corte de la Nación, el que su domicilio estuviera fuera de la jurisdicción del distrito judicial en el que sería juzgado no era motivo para negarle la libertad provisional.

El juez reconoció la certeza de su domicilio, el arraigo familiar, que no presentaba un peligro para nadie, sin embargo determinó la prisión preventiva a Renato Romero argumentando que el que ayudara a su esposa comprando mercancía en seis localidades (todas ellas documentadas por el MP) y que la pena máxima aplicable por los dos delitos de los que se acusa a Renato era de 13 años. Es decir por ser acusado por Concesiones Integrales, porque existen carreteras y medios de transporte, y porque Renato tiene relación con personas con las que trabaja existía el riesgo de que se fugara y ocultara. Aunque, para determinar la prisión preventiva se debe construir un elevado estándar probatorio, la decisión se basó en supuestos no comprobables sin que se acreditará la intención de Renato de evadir el procedimiento.

La fragilidad legal de la decisión del Juez y su determinación de encarcelar a Renato con una interpretación forzada de la ley y una valoración hostil de las pruebas, hace pensar que la ley y las pruebas pueden no ser lo único en juego. Inclusive genera la apariencia de que el Poder Judicial responde como empleado de la Fiscalía en lugar de controlar sus actos y proteger ante los abusos de poder.

El deslinde del Gobierno de Puebla

El que el gobernador poblano Alejandro Armenta y el secretario de gobernación Samuel Aguilar Pala trataran de deslindarse del caso diciendo el ya conocido “es un tema entre particulares” en lugar de distanciarlos de las sospechas de su intervención en el caso las agudizó.

Fue sorpresivo e inusitado que la Secretaría de Gobernación de Puebla emitiera un comunicado público solicitando que la fiscalía recapitulara y otorgara la libertad provisional, algo que alivia la presión pública sobre el caso, pues permitió a Renato salir en libertad provisional, pero corre el riesgo de ser una simulación para aparentar distancia entre los intereses del gobierno poblano y Concesiones Integrales.

La detención de Renato Romero fue una maniobra de dos estructuras la del Estado y la de una Corporación criminal: Aguas de Puebla/ Concesiones Integrales. Cuando se le dicta prisión preventiva justificada se recurre a la necesidad de privarlo de su libertad en nombre de “la protección de la sociedad”. Esto quiere decir que el Estado -que es quien procesa y quien dicta- recurre a tratarlo como una persona que va a dañar a la sociedad exhibiendo que para el Estado la defensa del medioambiente, del agua y la vida es un crimen, no lo es la negligencia corporativa, el saqueo y la profunda criminalidad de Concesiones Integrales.

Si el gobernador Armenta opta por la prisión política para Renato, porque eso sería, entonces nos estaría dejando claro que para él hay quienes merecen libertad y quienes no, quienes la merecen y también son premiados con impunidad y con la perpetuidad de acuerdos económicos son entes como Concesiones Integrales, la gente digna que lucha por las y los otros, que no se deja, que defiende los recursos naturales que se encuentran en profundo colapso planetario merecen prisión.

Detrás de esta dinámica se intuyen pactos, pactos entre poderosos, tiene que ver con la decisión deliberada de Armenta de pasar de cuestionar a una empresa negligente como Agua de Puebla para Todos/ Concesiones Integrales a encubrirlos y trabajar en favor de ellos. Antes de la detención de Renato eso se intuía pero con los actos represivos de los últimos días no deja lugar a dudas. Ese pacto implicó una multiplicidad de violaciones a los derechos humanos de Renato demostrando así un crimen de Estado corporativo en curso.

Violaciones a los Derechos Humanos de Renato Romero

Detención:

• Derecho a ser detenido sólo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por la ley y conforme a los principios de proporcionalidad, necesidad, razonabilidad y humanidad.

• Derecho a ser informado sobre las razones de su detención y los cargos en su contra.

• Derecho a la integridad personal incluyendo la física y psicológica

• Derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública.

• Derecho a no ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.

• Derecho a no ser expuesto a los medios de comunicación.

• Derecho a no ser presentado ante la comunidad como culpable.

• Derecho a comunicarse con un familiar, su defensor y su consulado o embajada desde el momento de la detención.

Proceso penal:

• Derecho a la presunción de inocencia.

• Derecho a a no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad.

• Derecho al debido proceso.

• Derecho a una medida alternativa o sustitutiva de prisión en los casos previstos por la normatividad aplicable.

Defensa de derechos humanos, del territorio y del agua :

• Derecho a defender los derechos humanos de manera individual y colectiva.

• Derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de forma eventual o permanente, y de manera individual o en asociación con otros.

• Derecho a la protección frente a amenazas, situaciones de riesgo u otras formas de amedrentamiento con motivo de la labor de defensa de los derechos humanos.

• Derecho de reunión.

• Derecho a la libertad de asociación.

Litigio Estratégico Contra la Participación Pública (SLAPP)

La denuncia de Concesiones Integrales en contra de Renato Romero es un claro ejemplo de un Litigio Estratégico Contra la Participación Pública, o “SLAPP” por sus siglas en inglés (Strategic Lawsuit Against Public Participation) definidas por la comisión Europea como “demandas infundadas o exageradas y otras formas legales de intimidación iniciadas por órganos estatales, corporaciones comerciales y personas en el poder contra partes más débiles —periodistas, organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y otros— que expresan críticas o transmiten mensajes incómodos a los poderosos, sobre un asunto público”.

Mayo de este año en San Miguel Xoxtla significó un punto de quiebre en la lucha de las comunidades que rodean la Ciudad de Puebla en defensa del agua, además de que evidenció la negligencia, el abuso y el racismo del proceso de privatización del servicio hídrico.

Concesiones Integrales y su marca Agua de Puebla para Todos intentó comprar una salida al conflicto ofreciendo obras millonarias, lo que fue tajantemente rechazado por la comunidad.

A la par, el movimiento en defensa del agua se ha extendido en comunidades como Acuexcomac y Nealtican, y el descontento crece en muchas otras en las que Concesiones Integrales explota pozos profundos o planea instalar nuevos.

La desproporcionalidad de la acción del Estado en contra de Renato Romero la convierte en un mensaje inhibitorio y atemorizante para la participación de las comunidades en la defensa de su agua y sus territorios. Este tipo de litigios son peligrosos pues generan un clima que favorece los abusos y convierte al sistema de justicia en un aprato represivo que protege a los agresores y criminaliza a las víctimas.

Criminalizar a quién lucha contra los crímenes

Como lo mencionamos en el reporte “¿El agua de Puebla para todos algunos/as?” la actividad de la empresa concesionaria ha generado “un riesgo previsible de daño a terceros o al interés público. Los indicios de corrupción, la negligencia, el saqueo, las violaciones a los derechos laborales, los daños a terceros por sus obras mal hechas no podrían funcionar sin el apoyo activo, omiso o aquiescente del Estado. Ambos, corporación y Estado han entablado una relación de interés mutuo”.

La relación opaca entre el Estado y la corporación está generando una forma de criminalidad de alto nivel que emerge por la coincidencia de intereses entre dos estructuras poderosas que están menos separadas de lo que tratan de aparentar.

La proporcionalidad y definición que tengamos socialmente de lo que es dañino o peligroso para la sociedad va a construir la idea de criminalidad que tenemos. Por eso es crucial desmontar el discurso que pretende colocar a Renato Romero como criminal por sumarse al movimiento en defensa del agua en Xoxtla, en contraposición a la Corporación que la mercantiliza y los gobiernos que priorizan los negocios a la decisión consensuada de las comunidades que pretende representar. Es algo que nos atañe a todo/as los que estamos preocupado/as, harto/as y molesto/as con la normalización de crímenes de poder, que por su carácter sistemático, han provocado que en México padezcamos un Estado criminal y una enfermedad social profunda.