En Puebla, en las entrañas de la “Cuarta Transformación” las y los Servidores de la Nación (SN) su militancia más convencida, está padeciendo la violación sistemática de sus derechos sociales. La situación de las y los SN, de la delegación poblana de la Secretaría del Bienestar es un síntoma de cómo el discurso del bienestar se ha convertido en un recurso retórico y eufemístico para justificarlo todo, incluso la continuación de la política económica capitalista, el uso patrimonialista de las instituciones públicas, el abuso como relación laboral y la rutinización de las simulaciones laborales y de prácticas que encubren relaciones de explotación.

Si hablamos de los dos componentes institucionales más emblemáticos en la narrativa de la “Cuarta Transformación” serían la Secretaría del Bienestar y las y los SN. El primero ha sido el eje de la política social de las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum Pardo, pero sobre todo, ha sido el concepto que enmarca toda su propuesta política, “el bienestar de los y las mexicanas”. El segundo es el referente discursivo del movimiento social convertido en gobierno, las y los militantes que luchan por su proyecto por convicción y que sirven a la 4T como proyecto de Estado.

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Con los gobiernos de la llamada 4T y desde la configuración de MORENA como partido político confluyeron la militancia del movimiento social en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador y las viejas estructuras de élites y caciques que mantienen desde hace muchos años un control patrimonialista de las instituciones públicas del Estado Mexicano. Esto se ve con mucha claridad en la configuración y funcionamiento de las delegaciones de la Secretaría del Bienestar y en su relación con las y los SN.

Las y los Servidores de la Nación en Puebla

Las y los SN iniciaron sus labores a fines de octubre 2018, fueron utilizados prácticamente como voluntarios. Les argumentaban que no llegaban recursos federales para comenzar a pagarles. En enero de 2019 les dieron su primer pago de $3,500 quincenales y laboraban por honorarios.

En 2020 comenzaron a desempeñar diversas funciones; trabajos de campo para llevar las tarjetas de “Adulto Mayor” a los domicilios de las y los beneficiarios; para promover los diversos programas, como jóvenes construyendo el futuro, tandas para el bienestar, producción para el bienestar o la escuela es nuestra; en la pandemia participaron como Brigada Correcaminos y fueron enviados a diversos lugares en las jornadas de vacunación; en la campaña traidores de la patria, en la consulta popular sobre el Aeropuerto de la Ciudad de México y ahora trabajan en los proyectos y censos promovidos desde la Secretaría del Bienestar. Toda esta serie de actividades se han llevado acabo bajo las siguientes condiciones:

• No firman contrato individual de trabajo
• Están como trabajadores eventuales
• Trabajan más de 13 horas al día
• Son utilizados no solo para promover las actividades y programas coordinados por la Secretaría del Bienestar sino para realizar actividades de Morena (como la formación de brigadas del partido y las múltiples campañas y consultas)
• Se les despide injustificademente
• No se les da indemnización
• No tienen días de descanso
• No tienen vacaciones
• A las mujeres embarazadas se les ha dado un trato desigual y no se les ha respetado la incapacidad por maternidad. Estando embarazadas se les ha obligado a hacer caminatas largas incluso cuando han presentado amenazas de aborto
• Se les exige que reporten su geolocalización sin haberles solicitado su firma de consentimiento informado
• Existe un fuerte ambiente de discrecionalidad en torno a los permisos para acudir a consultas médicas y para ausentarse por causas de fuerza mayor
• Los salarios que reciben son de aproximadamente $7,000 mensuales, mientras que los directivos ganan de $70,000 a $150,000

Ante los atropellos y prácticas violatorias de los derechos laborales de las personas que trabajan como SN, lo primero que es necesario decir es que el modo en que se evade su contratación, la opacidad de la relación laboral y la deliberada decisión de usarlas para múltiples actividades, sin que eso quede asentado en ningún contrato, da cuenta de una práctica sistemática de ocultar y mantener en la opacidad sus condiciones laborales.

En esta relación laboral que evidentemente existe aunque no existan contratos hay de fondo una forma de simulación laboral, claramente motivada por el objetivo de evitar que se regulen dichas relaciones y desde luego (como lo mostraremos más adelante), también para mantener en la opacidad el uso político que se hace de las filas de quienes laboran como SN así como de los manejos financieros y fraudulentos que parece haber detrás de la Secretaría del Bienestar.

A pesar de todos estos manejos políticos y laborales las personas que trabajan como SN tienen derechos que no les son respetados. A las propias filas de militantes de la 4T se les trata como a un ejército de explotados y explotadas, en el que no se ve a personas, ni seres humanos con derechos sino a una fuerza laboral sin rostro, sin voz, sin opciones. Mediante las y los SN se ha formado una larga fila de personas que le sirven al partido oficial, a los superdelegados y a sus socios, pero no a lo que alguna vez se planteó como un proyecto de transformación, a aquello que motivó su militancia.

Violaciones de derechos humanos:

A partir de un análisis de testimonios y denuncias que han hecho personas que trabajan como Servidores de la Nación, en Unidades Básicas Administrativas hemos encontrado que se violenta:

• El derecho a un trabajo digno, es decir igual salario por trabajo igual, derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria sin discriminación.

  • La brecha de salarios entre directivos y Servidores de la Nación es enorme, de más de $60, 000 y más de $140, 000 en relación al sueldo del Delegado. El salario promedio de las y los SN está por debajo de los $12,600 del ingreso mensual necesario en Puebla que reportó la Encuesta Naconal de Salud Financiera 2023 del INEGI. Además de que en muchas ocasiones se ven forzados a comprar su propio material de oficina y cubrir sus viáticos. Y solo algunas de las personas que trabajan como SN tienen seguro médico.

• Del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se violenta la igual oportunidad de ser promovidos y promovidas dentro de su trabajo, así como a una categoría superior sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad, se violenta también el derecho que tienen al descanso y disfrute del tiempo libre, y a la limitación razonable de las horas de trabajo y así como a las vacaciones periódicas pagadas y la remuneración de los días festivos.

• • Las y los SN, al ser contratados recurrentemente como trabajadores eventuales, no pueden ascender en la estructura jerárquica de la secretaría de Bienestar. No se les da la oportunidad de ser considerados y consideradas por sus capacidades pues las contrataciones por nepotismo o por simple discrecionalidad que se viven en la Secretaria no lo permiten.

• El derecho a la estabilidad en el empleo

• • La contratación eventual no asegura una permanencia en el trabajo así como no protege ante cambios en las tareas, riesgos y condiciones de trabajo. La incertidumbre en la que se encuentran les ha provocado enfermedades por estrés y exceso de trabajo. Ya hubo un caso de un SN con problemas de discapacidad que murió en septiembre de 2023 tras ser despedido de manera injustificada sufriendo un paro respiratorio detonado por el impacto emocional de la notificación de su despido sin causa razonable

• Derecho a ser indemnizados e indemnizadas hasta con tres meses de salario o a ser reinstalados en su trabajo en caso de separación injustificada de su empleo

• • La eventualidad expone a posibles despidos injustificados a través de la no recontratación y les impide jurídicamente crear estructuras organizativas formales que velen por sus derechos laborales, como un sindicato. Se han presentado despidos injustificados que han sido denunciados públicamente y ante los cuales solo ha existido indiferencia

• El Derecho a una jornada laboral máxima de ocho horas, a percibir una remuneración doble para el caso de laborar jornada extraordinaria y a gozar de un periodo vacacional

• • Por prácticas rutinizadas de explotación laboral se les exige trabajar horas extras sin el pago correspondiente, por el contrario las órdenes de los superiores son abusivas y se les solicitan trabajos fuera de horas laborales sin ningún respeto

• Derechos de maternidad

• • A las trabajadoras embarazadas se les obliga a cumplir las mismas tareas que a quienes no están en esa condición. Además según los testimonios de las SN los permisos para ir a consultas o faltar por razones de salud son manejados discrecionalmente. Ha habido casos en los que trabajadoras embarazadas son obligadas a trabajar y a caminar varios días a pesar reportar amenazas de aborto

Estas violaciones de derechos humanos (laborales) contra las y los SN han empeorado en todo el país y han sido denunciadas en diversos estados de la república exhibiendo un problema sistemático, a tal punto que en el informe final de 2023 sobre el programa presupuestario P002, destinado a la promoción y evaluación de la política de desarrollo social de la Secretaría de Bienestar, reconocen que las y los Servidores de la Nación han recibido con retraso los pagos, que presentan una alta intensidad de trabajo y que es necesario mejorar las condiciones operativas del personal que ahí labora, el asunto es que más allá de que se reconozca retóricamente, existe una trama de intereses y estructuras políticas que están enquistadas en la Secretaría del Bienestar que más que aminorar o solucionar el problema están demostrando que los derechos laborales de las personas que ahí trabajan no solo no importan sino que estorban para lograr otro tipo de objetivos, como el enriquecimiento oculto, el nepotismo, la corrupción y el manejo electoral de los programas y actividades que se desarrollan desde la Secretaria del Bienestar.

Las redes de poder del “bienestar” poblano

La Delegación poblana de la Secretaría de Bienestar es el vértice de un conjunto de redes de relaciones de poder que enmarcadas en la narrativa y simbología de la 4T son la continuación de las élites políticas que la precedieron.

En primer lugar está el tres veces delegado Rodrigo Abdala Dartigues, sobrino del ex-gobernador de Puebla con el PRI y ex-comisionado Federal de Electricidad (CFE) en la primer administración federal de MORENA, Manuel Bartlett Díaz que está casado con la tía de Rodrigo, Julia Abdala (que aparece en los Pandora Papers por sus inversiones en empresas registradas en paraísos fiscales). Inició su trayectoria política en el PRI, más adelante se integró a Morena y en 2018 el ex presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombró como ‘súper delegado’ federal en Puebla. Se mantuvo en el cargo hasta agosto de 2021, pero regresó al mismo en 2023, solo para dejarlo unos meses después ante su interés por conseguir la candidatura de Morena hacia la gubernatura de Puebla, la cual no consiguió.

El delegado Abdala y otros cuatro funcionarios de Morena se vieron involucrados en 2018 en un escándalo por el fideicomiso “Por los demás” creado para atender a las personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Según señalan diversos reportajes periódisticos Abdala presuntamente prestó dinero al fideicomismo y al cobrarlo, cobró más de 7 veces lo que prestó (1.4 millones de pesos).

En ese contexto, según reportaron varios medios periodísticos, a las y los SN se les presionó para hacer “donaciones” para la reconstrucción de Acapulco tras el huracán Otis. Algo que el delegado Abdala Dartigues se comprometió a investigar, una indagatoria de la que todavía no hay resultado alguno.

Por instrucción de Jorge Abdala, hermano del delegado, Mario Monterrosas Alonso se incorpora a la Secretaría de Bienestar como asesor aunque en la dinámica cotidiana, según testimonios, opera como algo más parecido a un directivo.

Monterrosas encabezó la Secretaría de Bienestar en la gestión de Guillermo Pacheco Pulido y provenía de las administraciones panistas que encabezaron Rafael Moreno Valle y su círculo cercano tanto dentro de la alcaldía de Puebla como contralor, como en la administración de aduanas.

El historial de Monterrosas es bastante opaco, según reportes periodísticos durante su gestión de aproximadamente ocho meses en la Secretará de Bienestar estatal, según la Unidad de Transparencia,la dependencia otorgó contratos por $7,081,430.95, de los cuales $6,826,284.68 fueron para una sola empresa, Constructores Movtier SA de CV, la misma que fue investigada en el caso por peculado del ex-alcalde de Cholula, José Juan Espinosa.

A través de Monterrosas llega a la Secretaría del Bienestar Vida Inés Vargas Cuanalo, quien fue delegada temporalmente mientras Rodrigo Abdala hacía campaña por la candidatura de MORENA a la gubernatura de Puebla. Vida Cuanalo, además de ser señalada en múltiples testimonios por sus abusos laborales y su actitud hostil, contrató a su esposo y a su hermana (Victor Manuel Rosales Muñoz y Mayra Consuelo Cuanalo Vázquez ) en la delegación de la Secretaría del Bienestar.

No solo en Puebla

En su momento AMLO y ahora Claudia Sheinbaum han tenido conocimiento de esta cadena de irregularidades, atropellos y violaciones de derechos humanos laborales dentro de la Secretaría del Bienestar, al presentarse la misma problemática en varios Estados de forma simúltanea se hace evidente un funcionamiento de la Secretaria a nivel federal aunque a nivel de los estados y municipios las redes caciquiles y las mafias políticas le den su propia forma a un problema que “desde arriba” tiene un funcionamiento que básicamente exhibe el desprecio hacia las bases y el quebrantamiento del centro del discurso del Bienestar, en el propio corazón de las y los pobres para los que se dice gobernar.

En Baja California las y los SN fueron presionados para trabajar horas extra, fines de semana, días festivos y durante la pandemia con jornadas de todo el día con sólo 30 minutos de descanso, sin apoyo para comida, sillas, gel antibacterial o cubrebocas ni pagos extra. Muchos fueron contratados y poco después despedidos sin explicaciones.

En Zacatecas, además han denunciado que se les obliga a hacer aportaciones económicas para reparar los desperfectos que surgen en las oficinas.

Situaciones de abusos laborales, falta de instrumentos para hacer su trabajo, peticiones de aportes económicos, acciones de proselitimos político, entre otras, han sido denunciadas también en Ciudad de México, San Luis Potosí, Guanajuato, Yucatán, Morelos, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Chiapas y Estado de México.

En Jalisco, para tratar de defender sus derechos laborales fundaron el Sindicato Nacional de Servidores de la Nación (SINASEN), denunciando lo que vivían ahí y en todos los demás estados: jornadas laborales mayores a las 14 horas por día, no tener vacaciones, retraso en pagos de nóminas, no estar afiliados al IMSS, no recibir pago de viáticos, no tener herramientas de trabajo, amenazas y acoso laboral. Poco después, probablemente como respuesta a las denuncias y a su intento por formalizar un sindicato, despidieron a más de 100 personas.

¿Servir a la Nación y al Bienestar?

En los testimonios de las y los SN se nota un convencimiento profundo por trabajar en las tareas que exigían mucha proximidad con la gente en favor del proyecto de la 4T como producto de un movimiento social, lo que contrasta con el igualmente profundo desaliento por ser tratados como trabajadores y trabajadoras desechables del gobierno. “¿Cómo es posible que los priístas, panistas y morenovallistas estén al mando y a quienes estuvimos en el movimiento (del AMLO) desde un inicio nos traten así?” se preguntaba una de las Servidoras de la Nación de Puebla.

Las y los SN son la asimilación institucional de las estructuras de militancia, no necesariamente partidista, del movimiento socio-electoral que inició Andrés Manuel López Obrador desde 2006. AMLO siempre ha sido un hábil estratega electoral y la política del bienestar es en sí una campaña para promover la idea de la 4T como un proyecto de Estado sujeto a la continuidad transexenal de las administraciones de MORENA.

En esa amplia campaña de Estado que es el “bienestar” las y los SN, como militantes son el puente entre lo que podríamos entender como la dirigencia de la 4T y el pueblo de México, a quienes parecen percibir como sus bases. El asunto se vuelve más complejo cuando la mayor parte de la estructura territorial de la 4T se sostiene desde las estructuras que sostuvieron al PRI como partido de Estado por más de 70 años. Los mismos grupos políticos, familias, cacicazgos que sostuvieron a las administraciones priístas que de alguna manera siguieron controlando el aparato institucional durante las administraciones del PAN, se integraron hábilmente a las estructuras y a la narrativa de la 4T.

El desprecio y el abuso con el que tratan quienes ocupan cargos directivos en la Secretaría del Bienestar a quienes trabajan como SN hace imaginar el que pueden sentir esas élites políticas hacia ese pueblo con el que pretenden vincularse a través de esos mismos trabajadores y a través de las becas y apoyos que éstos facilitan.

La situación formal de las y los SN y su relación laboral con las instituciones del Estado es completamente opaca, lo que hace aún más opaco el objetivo de esa estructura militante-laboral. Esa opacidad y las anomalías que se dejan entrever hacen sospechar que más que una estructura para poner “primero a los pobres” funciona como una maquinaria de votos para acuerdos políticos y el establecimiento de redes de lealtad para mantenerse en el poder con el propósito de garantizar continuidad del partido en el poder como partido de Estado.

La narrativa que se construye en torno a defender en todos los frentes el proyecto de Estado de la 4T de sus adversarios está llevando a mantener impunes abusos y agresiones, a que en lugar de transformar al Estado y las relaciones que éste implica se esté reforzando un sistema corrupto que funciona a partir de actos sistemáticos y normalizados de corrupción.

Si queda algún resabio de consistencia ética entre el discurso de la 4T y su práctica, las y los SN, sus bases más convencidas, no pueden ser sus chivos expiatorios. Es urgente que por lo menos haya un cambio que les de certeza jurídica en su relación laboral. Si se quiere eliminar esa opacidad y ese entramado de abusos tendría que revisarse toda la estructura de ésta Secretaría desde arriba, porque no es solamente un conjunto de prácticas individuales sino una práctica estructural.

Lo que ocurre con las y los Servidores de la Nación en Puebla y en otras partes tiene las características de una simulación laboral y de un empleo encubierto (recurriendo a la Organización Internacional del Trabajo-OIT):

• No se les contrata como funcionarios públicos ni como profesionales bajo un esquema de pago de honorarios por servicios profesionales sino como “eventuales” a través de una “Constancia de nombramiento y/o asignación de remuneraciones”, con un horario de trabajo, una asignación a un puesto de trabajo, pero con una duración de aproximadamente tres meses que son renovados recurrente y consecutivamente.

• Es decir que se les contrata de manera que son subordinados como lo es un funcionario público en una estructura jerárquica, pero sin que sus patrones, en este caso la Secretaría del Bienestar, tenga obligaciones en términos de derechos laborales, como si se tratara de un contrato de servicios profesionales por honorarios.

• Las funciones para las que se les contrata no son claras, como lo sería un proyecto en el caso de un contrato de servicios profesionales ni unas funciones delimitadas como sería el caso de un servidor público.

• Se les obliga a trabajar fuera de los horarios especificados en la misma “constancia de nombramiento” y se les condiciona la recontratación si no aceptan las presiones y abusos de sus contratantes.

• No se les aportan los materiales e insumos necesarios para cumplir con lo que les piden (equipo de oficina, de comunicaciones o viáticos).

• En repetidas veces los directivos tratan a las y los trabajadores como si no fuesen empleados, como sucedió las veces que fueron convocados como voluntarios y las veces que se les ha dicho que es un trabajo “aparte” cumpliendo así con la definición de la OIT sobre empleo encubierto.

• Se puede concluir que se ésta ante una simulación laboral porque deliberadamente se está ocultando la verdadera condición jurídica de las y los trabajadores.

Como apunte final y para quienes tal vez no nos conocen, queremos decir que como NODHO hemos denunciado abusos, atropellos, violaciones de derechos humanos y crímenes de poder desde hace 18 años. Es decir que en la administración de Felipe Calderón y de Peña Nieto siempre estuvimos en contra de éste tipo de prácticas así como lo estamos ahora. Tal vez es necesario mencionarlo porque bajo la dinámica que se impone desde las presidencias pasada y actual lo que no está con la 4T está al servicio de las élites empresariales o extrajeras, y no, habemos quienes desde el México de abajo somos críticos de ese proyecto y de sus prácticas. Aunque no compartamos la apuesta política de quienes ven en la 4T el camino para enfrentar la tormenta que azota nuestro país, como lo hacen la mayoría de quienes militan y trabajan como SN, creemos que nuestro lugar es siempre con los y las agredidas. Las injusticias aquí mencionadas hablan por si solas y lamentablemente son una muestra de la realidad que en México se busca esconder para hacer parecer que todo cambió y seguir funcionando como antes.