La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI) de Puebla aún no implementa protocolos esenciales para la atención integral a víctimas, entre ellos los lineamientos para atender a infancias huérfanas por feminicidio, lo cual vulnera derechos fundamentales y limita la capacidad de respuesta institucional.

Así lo señala un análisis técnico realizado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. respecto al desempeño de la comisión en el periodo 2022-2024.

En términos de atención, la mayoría de los casos registrados están relacionados con violencia familiar y delitos sexuales, siendo las mujeres las principales afectadas. Esto evidencia la necesidad de enfoques específicos para atender la violencia de género y apoyar a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.

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Si bien la CEEAVI mejoró significativamente en la reducción de subejercicios, pasando del 35% en 2020 a 6.69% en 2023,  este avance contrasta con la falta de claridad sobre el aumento en los gastos salariales, pese a una reducción del 23% en su plantilla laboral.

La carga laboral excesiva en áreas clave como la Dirección de Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas es otro tema de preocupación. Durante el periodo 2023-2024, cada integrante del equipo atendió, en promedio, a 281 personas, lo que evidencia la necesidad urgente de reforzar el personal en esta área prioritaria.

Por otro lado, aunque el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral ha crecido significativamente, llegando a más de 29 millones de pesos en 2024, solo el 1% de las víctimas inscritas en el Registro Estatal presentó solicitudes de apoyo. Este dato refleja barreras burocráticas que desalientan el acceso a los recursos.

El documento enfatiza además la escasa coordinación interinstitucional entre la CEEAVI y dependencias como la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Esta falta de colaboración dificulta la inscripción oportuna de víctimas en el Registro Estatal y el acceso a medidas de reparación.

Un aspecto positivo es el incremento en el porcentaje de aceptación de solicitudes al Registro Estatal de Víctimas, que subió del 42.66% en 2022-2023 al 76.28% en 2023-2024. Sin embargo, el informe resalta que la mayoría de las inscripciones son solicitadas directamente por las víctimas, lo que señala una baja proactividad de las autoridades en la canalización de casos.

El análisis concluye con recomendaciones clave, como la contratación de personal, la mejora de los sistemas de transparencia en el manejo de recursos y la generación de protocolos para la atención integral. También destaca la necesidad de fortalecer los vínculos con otras instituciones para garantizar una atención más efectiva.

Aquí puede consultarse el documento.