Acabar con un sistema de transparencia tiene muchísima relación con las agresiones a periodistas, esto debido a que sin el órgano garante las y los periodistas tendrán que recurrir a otras fuentes de información, como las filtraciones, poniendo en riesgo la seguridad psicoemocional, legal y física de las y los periodistas en México, aseguró Leopoldo Maldonado, de la organización Artículo 19.

Durante su participación en el Foro Violencia Digital en el Periodismo Local, parte de las actividades de aniversario de la Red Puebla de Periodistas, el activista dijo que otra cuestión preocupante que surge con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es qué pasará con los millones de documentos alojados en la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que pasarán al Ejecutivo y éste controlará toda la información de los otros poderes y organismos autónomos.

Esta semana al menos 17 congresos de las entidades federativas votaron a favor de la desaparición del INAI y otros organismos autónomos. La reforma constitucional para que las funciones del INAI sean absorbidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se aprobó el 28 de noviembre en el Senado y el 20 de noviembre en la Cámara baja.

Ante esta situación Maldonado expuso “la transparencia es básica, la piedra angular de cualquier escrutinio público de la ciudadanía a sus gobernantes, es desafortunado lo que va a pasar”.

Violencia digital no es comprendida

Con respecto a la violencia digital, Maldonado comentó que es una estrategia de las propias autoridades hacerla ver como menor o que no la entienden, porque así justifican prácticas burdas como la extracción de información de los dispositivos o la revictimización.

Por su parte, Shanik David, del Observatorio Con los Ojos Abiertos, manifestó que la violencia digital, especialmente contra las mujeres periodistas, es muy fácil de ejercer, tan sólo basta un comentario en cualquier red social, y muy complicada de acreditar. Esto llevaría a un sentimiento de indefensión de las reporteras y a que opten por la autocensura.

Lucía Lagunes, de Cimac, explicó que en México es muy común que la violencia digital contra las mujeres periodistas se relacione con su edad, estado civil, con su apariencia y con el ejercicio de sexualidad, casi nunca se relaciona con su propio trabajo periodístico. Incluso, en muchas veces a pesar de que sean las periodistas quienes encabecen las investigaciones, las agresiones en redes se enfocan en señalar que siempre hay un hombre detrás, ya sea su pareja o su jefe.

Lagunes, por otra parte, puso el foco en buena parte de la violencia en el entorno digital en contra de las periodistas ocurre porque existe un discurso misógino de los gobernantes, destacó el caso de Puebla durante el mandato de Luis Miguel Barbosa, momento en el cual se documentaron varios actos humillantes contra mujeres periodistas en el espacio público.

Lo mismo ocurrió con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde el punto de vista de Lucía “no pudo asimilar la desobediencia de las mujeres, si hubo un movimiento social que le puso cara fue el feminista y la respuesta fue violenta, eso detonó otras violencias como la digital y la física”.

De mayo de 2018 a diciembre de 2024, Cimac ha documentado 322 agresiones en línea contra periodistas mujeres. Las entidades federativas que acumulan más casos son: Ciudad de México, con 134; Coahuila, con 27; Veracruz, con 25; Quintana Roo, con 20; Oaxaca, con 17 y Puebla, con 14.

Censura en elecciones

A su vez José Flores, de R3D, apuntó que parte de la violencia digital contra medios y periodistas es la remoción de contenidos en plataformas, esto usando figuras como el “derecho al olvido” y la violencia política de género.

Apuntó que ejemplo de ello es que el Instituto Nacional Electoral (INE) dictó 900 medidas cautelares por violencia política de género para que se quitara contenido de medios, sobre todo en el contexto electoral, aún cuando es un órgano administrativo y esta medida debería ser mediada por el Poder Judicial. “Está mal definida o interpretada (la violencia política de género) en contra de los estándares de la libertad de expresión […] es una ejecución deficiente por parte las autoridades”, dijo el especialista.

Una investigación de LADO B evidenció que la censura contra periodistas y medios de comunicación también ocurrió por la vía digital, esto a través de un monitoreo y seguimiento de las áreas de prensa a las cuentas de redes sociales profesionales y hasta personales, con miras a controlar la opinión de los mismos.