Verónica Espinoza | Poplab

El gobierno del estado de Guanajuato, controlado por el PAN desde 1991, ha cedido la protección y defensa de poblaciones vulnerables -niñas, niños y adolescentes, mujeres en situación de riesgo y personas con trastornos de adicción- a grupos católicos manejados por sacerdotes, monjas, congregaciones religiosas y laicos comprometidos con organizaciones religiosas.

A cambio, el gobierno guanajuatense les ha entregado más de 80 millones de pesos de recursos públicos en los últimos cinco años para que diseñen programas y atiendan a estas poblaciones, que reciben a cambio cursos sobre “crianza familiar” como opción para frenar los feminicidios en el estado o para atender a personas con adicciones en centros de rehabilitación.

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Esos fondos salen lo mismo de la secretaría de Desarrollo Social y Humano que del Fidesseg, creado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez. Solo en los registros oficiales de este fideicomiso, hay más de seis grupos u órdenes católicas que reciben recursos públicos. Están, por ejemplo, Los Legionarios de Cristo, el Opus Dei y el Sagrado Corazón de Jesús.

Sin embargo, poco se conoce de los resultados de este trabajo. Y esto pasa porque las organizaciones no reportan resultados de su labor social y no son claros los criterios que usa el gobierno para entregar estos fondos. Tampoco justifican el uso de la religión en temas en los que la ley ordena que se mantengan criterios laicos.

Peor aun, organizaciones dirigidas también por católicos han sido las que presentan patrones frecuentes de violencia, abuso sexual, esterilización forzada, aborto forzado y trata con fines laborales o sexuales de niñas, niños y adolescentes en casas hogar.

En este trabajo de investigación, POPLab presenta los hallazgos, los casos y las historias que comprueban una relación financiera y un lazo ideológico y religioso que en el ejercicio de gobierno el PAN ha alimentado en Guanajuato, poniendo en manos de esas asociaciones y los grupos religiosos que las representan u orientan a población a la que especialmente debería garantizar todos sus derechos.

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