“La transparencia es una obligación permanente y quien quiera tener información específica lo puede solicitar”. Esto respondía el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta el 3 de junio de 2020 al ser cuestionado sobre la falta de claridad en los gastos que había ejercido su administración durante los primeros meses de la contingencia sanitaria por el brote de la COVID-19. Mientras el gobernador afirmaba esto, muchos ya habíamos empezado a sufrir el suplicio para la obtención de información, entre suspensiones de plazos, retrasos en la entrega de información y sí, hasta la clasificación de la misma —quienes estén interesados en saber más, aprovecho para hacer el comercial, y los invito a leer una investigación que hice al respecto dando clic aquí—.  

Con el paso de los meses una hubiera esperado que las cosas se facilitaran y que la información se hubiera abierto poco a poco, pero pasó lo contrario. Sí, se generó el portal Transparencia COVID, donde las dependencias y entidades del gobierno publican hasta la fecha sus gastos, pero no hay contratos, ni proveedores, ni detalles, por lo que la información no ayuda en términos reales a dar un buen seguimiento al ejercicio de los recursos públicos.

Y luego, comenzaron las auditorías. Tan solo en la Secretaría de Salud, que fue la dependencia con más contratos y gastos durante la contingencia, se iniciaron tres auditorías que abarcan todos los contratos relacionados con el combate del SARS-CoV-2, una por cada año de la pandemia (2020, 2021 y 2022 hasta el momento). Estas revisiones fueron el argumento para clasificar como reservada toda esta información, con fundamento en la fracción V del artículo 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 

Cabe recordar que casos similares fueron constantes durante el gobierno de Rafael Moreno Valle: de pronto, cuando se empezaban a generar solicitudes sobre algunos gastos o contrataciones particulares, se iniciaban auditorías, lo cual reservaba de manera automática la información, en tanto se llevaba a cabo el procedimiento.

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Así pues, los contratos de la Secretaría de Salud quedaron bajo candados y, citando a Galadriel en el inicio de La Comunidad del Anillo: “algunas cosas que nunca debieron ser olvidadas, se perdieron. Historia se convirtió en leyenda. Leyenda se convirtió en mito”, y estos documentos y sus auditorías dejaron de formar parte de nuestro conocimiento (esta última parte es mi parafraseo).

¿A qué viene todo este contexto y la referencia a una de mis películas favoritas? A que, justo como Smeagol encontró el anillo por accidente, hace un par de semanas, sin saberlo, al meter mi mano en el lago que es la Plataforma Nacional de Transparencia, apareció lo que no sabía que estaba buscando: ya terminó la primera de las auditorías en las que se revisaron los contratos de la Secretaría de Salud, en concreto, la correspondiente a 2020.

¿Esto qué significa? ¿Qué importa si es información de hace más de dos años? Bueno, por un lado, al terminar la auditoría ya se pueden pedir todos los contratos que se firmaron durante el año, lo cual puede ayudar a tener un poco más de claridad sobre qué se compró y para qué. Es decir, se ha tirado el primer candado, y tengo la esperanza de que esto signifique que, en próximos, meses concluya la de 2021.

Por otro lado, el resultado de la auditoría E01-SSEP/2020 “Revisión de las Adquisiciones de Bienes y Servicios derivados de la Contingencia Sanitaria por el Coronavirus SAR-COV-2 (COVID-19) (sic)” del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2020, refleja algunas irregularidades en las compras hechas que valen la pena señalarse.

En la Cédula de Observaciones que está disponible en la PNT, se describe que se auditaron 153 contratos por un monto de tres mil 187 millones 645 mil 615.84 pesos ejercidos durante el año para el combate a la COVID-19, y se encontraron algunas deficiencias administrativas y de comprobaciones. Por ejemplo, 29 de los proveedores contratados reportaron domicilios “no localizados, en terrenos baldíos o lugares abandonados” y otros tres presentaron su Registro Federal del Contribuyente (RFC) que reflejaba que tenían menos de un año de haber iniciado operaciones.

Foto: Polina Tankilevitch | Pexels

Sin embargo, es en los procesos de adquisición por invitación a cuando menos tres proveedores donde se encontraron los principales problemas. En una de las observaciones hechas en la auditoría se indica que por medio de este procedimiento se adjudicaron 35 contratos en un período menor a tres meses, sumando un total de siete millones 151 mil 733.68 pesos.

De estos contratos, 18 fueron para Construcciones Profesionales Rviram S. de R.L. de C.V. por tres millones 514 mil 660.98 pesos, y 17 para Sergio Ruiz Terán por tres millones 636 mil 72.7 pesos. 

Un primer problema es que en los 35 procesos de adjudicación se invitaron a los mismos proveedores, es decir a los dos ganadores y a Grupo Edificador Santi S.A. de C.V. El segundo problema que se encontró es que Ruiz Terán es el socio mayoritario de Construcciones Profesionales Rviram, es decir, el mismo proveedor recibió todos los contratos, por medio de procedimientos que incumplen con las disposiciones legales aplicables.

Algo similar se dio en la compra de gel antibacterial y goggles de protección, que suman en conjunto 13 millones 61 mil 615.81 pesos. Estos dos contratos fueron adjudicados a Global Media Servicios S. de R.L. de C.V. por medio de procedimientos de invitación a tres proveedores en donde además se convocó como participante a Israel Ortega Villegas, director de la empresa. 

Además, en la auditoría se detectaron algunas inconsistencias en cuanto a las actividades de la empresa, ya que estaba registrada originalmente como agencia de publicidad, y en 2019 agregó actividades relacionadas con internet y publicidad. Para el 19 de marzo de 2020 amplió una vez más su registro para incluir comercio al por mayor de productos farmacéuticos y comercio al por menor de artículos de limpieza; ocho días después, el 27 de marzo, se le adjudicó el contrato para la compra de gel antibacterial, y el 2 de abril se formalizó el de los goggles.

A esto además se suma que ninguno de los productos que fueron adquiridos con esta empresa tenían certificación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) e incluso los goggles, que fueron comprados como artículos de protección para el personal de los hospitales públicos, estaban hechos “de un material que a simple vista se observa de mínima calidad, con una etiqueta preventiva ‘no uso médico’”. 

Sin embargo, las recomendaciones que se incluyen en la Cédula de Observaciones son preventivas y correctivas, ya que falta que la Secretaría de Salud aclare todas estas irregularidades, las cuales le fueron notificadas el 7 de julio, y será posterior a esto que se podría sancionar o no a las personas responsables de estas contrataciones. 

Así pues, por el momento solo queda esperar a que se sigan resolviendo las otras auditorías que están en proceso; mientras tanto ya se pueden pedir los contratos de 2020 y profundizar sobre las acciones hechas por la Secretaría de Salud y, en una de esas, de las otras dependencias que compraron insumos para el combate del SARS-CoV-2.

*Foto de portada: Hank Williams | Pixabay