La falta de una política medioambiental actualizada está poniendo a Puebla en una posición de vulnerabilidad alta para la próxima década. Así lo declaró Pabel Antonio Cervantes Avilés, Doctor en Ciencia y Tecnología del Agua por la Universidad de Guanajuato.

“Espero equivocarme, pero sí creo que el pronóstico para Puebla (…) puede [ser] un escenario catastrófico”, advierte el especialista en entrevista para LADO B. 

En la entidad existen las leyes de Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable y la de Cambio Climático, sin embargo, estas fueron actualizadas por última vez en 2012 y 2013, respectivamente, por lo que resultan insuficientes ante el escenario que hoy se vive la entidad, recalca Cervantes Avilés.

Aunado a esto, muchas de las instituciones encargadas de verificar el cumplimiento de estatutos medioambientales, no cumplen siquiera con sus obligaciones de inspección, permitiendo que se cometan afectaciones al entorno, agrega el especialista.

Así, la sobreexplotación de recursos naturales, la poca atención de autoridades por verificar el cumplimiento de las normas medioambientales, aunado a la pobre conciencia social que predomina, están ocasionando un aumento desmedido en los niveles de contaminación del agua, aire y suelo, indica el Doctor. Esto, se espera que impacte gravemente en la sostenibilidad alimentaria, supervivencia de ecosistemas pero, sobre todo, en la salud pública en todo el estado.

Factores de riesgo: falta de agua e incendios

De acuerdo con el Doctor Cervantes, Puebla se encuentra en una posición especial de vulnerabilidad ante catástrofes provocadas por el cambio climático, misma que se ha agrandado con el paso de los años por la poca protección al ambiente, y que puede provocar graves consecuencias en los próximos diez años.

El ciclo hidrológico, por ejemplo, se ha modificado en los últimos veinte años, comenta. Esto ha ocasionado que haya años que llueva poco, pero existen otros en los que “se cae el cielo a pedazos”, afectando principalmente la calidad y disponibilidad de agua. 

La falta de agua también afecta en la producción de alimentos, ya que Puebla es una entidad mayormente sostenible: “Puebla auto consume sus alimentos, porque tiene la capacidad agrícola para hacerlo, pero esa capacidad se puede ver comprometida si las condiciones [del agua] no mejoran”, establece.

Por si fuera poco, las afectaciones al agua pueden desembocar en la contaminación del aire, que hacen susceptible al territorio estatal a padecer un mayor número de incendios forestales en los años que vienen. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Puebla ocupó, en 2021, el sexto lugar nacional en entidades con mayor número de incendios forestales, con 313 en un año.

Cervantes afirma que, de seguir así, una mayor incidencia de incendios se hace inminente, especialmente en la parte sureste de Puebla. 

Todas esas consecuencias, recalca, simbolizan un grave peligro para la salud y estabilidad económica a nivel estatal. No obstante, admite que existe la oportunidad de reorganizar esfuerzos para prevenir dichos escenarios. 

Agenda ambiental no ha sido prioridad

Foto: Marlene Martínez

Desde que la ley de Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable, y la ley de Cambio Climático fueron actualizadas por última vez, han sido registrados muchos contaminantes nuevos que no se contemplan en ambos estatutos, pero que afectan gravemente al ecosistema sin que se sancione cabalmente a quien los emite de forma desmedida.

El Doctor Cervantes comenta que, la falta de atención por el tema ambiental se ha replicado por años, tanto por parte de autoridades estatales como federales: “La agenda ambiental siempre ha estado por debajo de otras agendas, en todos los niveles de gobierno”. 

No obstante, el derecho a un medio ambiente sano es un derecho consagrado en la Carta Magna y, por tanto, debe convertirse en una prioridad para el Estado Mexicano, especialmente porque se trata de un tema de carácter urgente: “Las políticas públicas medioambientales no son sólo necesarias, son fundamentales¨, puntualiza.

Asimismo, Valentina Campos Cabral, titular del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga S.J. de la Ibero Puebla, reconoce que, en los últimos años, el tema ecológico ha sido tratado con poca importancia, pero esta práctica no ha sido exclusiva de este gobierno, apunta.

Agrega además que, si bien la actual administración federal ha intentado llevar el tema medioambiental a la agenda pública, muchos de estos esfuerzos se quedan sólo en lo discursivo; un ejemplo ha sido la intención por devolver los territorios que pertenecen a los pueblos indígenas para garantizar su protección, pero al mismo tiempo permitir la minería desmedida o el fracking —tal como señaló la Alianza Mexicana contra el Fracking en 2020—. 

Lo que tenemos

Campos Cabral reconoce que en Puebla hay oportunidad de llevar los esfuerzos por la protección al medio ambiente, desde el ámbito normativo, a la realidad. Prueba de esto es el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 vigente en Puebla, que estipula que el cuidado ambiental y atención al cambio climático será uno de los ejes transversales en el actuar gubernamental. 

Ante la carencia de una normatividad aplicable vanguardista, Campos percibe este plan positivamente en la ruta del cuidado al ambiente. Sin embargo, todavía es prematuro pensar en una evaluación de sus objetivos, agrega la titular del Instituto, dado que los temas ambientales siempre se perfilan a ser de larga duración. Y aunque poner ese tópico en la agenda política es un gran avance, aún quedan dudas sobre su metodología, recalca.

Señala que el documento concibe a los recursos naturales como actividades económicas y fuentes primarias de ingresos, cuando en muchos de los casos podría hablarse de alternativas menos contaminantes: “Ver solo a lo natural como una fuente de recursos explotable, es cada vez más cuestionado”, determina.

No obstante, el plan introduce la idea de buscar equilibrio medioambiental, el cual es necesario en un país y un estado que es rico en recursos naturales; esto debería llevarnos a desarrollar alternativas que permitan visibilizar los derechos de la naturaleza, y no sólo a contemplarla como un recurso, asegura.

Otra carencia que detecta es la falta de indicadores que permitan observar el avance de los ejes de acción que se estipulan. Esto preocupa ya que no existe una forma de evaluar los avances o retrocesos ante los retos que contempla el plan.

Por su parte, Cervantes Avilés coincide en que todas las políticas públicas y normatividades vigentes deben estar sujetas a evaluación constante: “Una política pública puede ir más allá si se evalúa bien”.

Se necesita verificar e inspeccionar

Muchas de las instituciones encargadas de verificar el cumplimiento de estos estatutos medioambientales, no cumplen siquiera con sus obligaciones de inspección, permitiendo que se cometan afectaciones al entorno, señala Cervantes.

Para darnos una idea del fenómeno, el especialista detecta que si bien existe a nivel federal la Norma Oficial Mexicana NOM 001, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, la contaminación hídrica sigue siendo uno de los principales problemas en todo el país, incluido Puebla.

Un ejemplo cercano es el Río Atoyac, que ha sido señalado muchas veces por sus altos niveles de contaminantes, pero poco se habla de los responsables de este hecho, que generan un efecto en cadena en la contaminación del suelo y del aire, indica.

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En ese cuerpo de agua —al igual que en otros acuíferos del Valle de Puebla—, transitan de forma permanente residuos no biodegradables, colorantes nitrogenados, metales pesados como plomo y arsénico; fármacos y edulcorantes. 

Aunque es difícil ubicar a los responsables, esto podría cambiar si las dependencias de orden estatal como la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, y de orden federal como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por mencionar algunas, llevaran a cabo mecanismos de inspección, con personal bien capacitado y herramientas útiles, asegura.

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Sin embargo, esa verificación no se limita solo al agua. En Puebla, la contaminación del aire es un problema latente, externa. Con regularidad se sobrepasan los niveles de contaminantes de partículas menores a 2.5 micras —que pueden ocasionar graves afectaciones de salud en seres humanos—, así como de monóxido de carbono y óxido nitroso. Todos ellos son ocasionados principalmente por la combustión de vehículos, pero también por los contaminantes emitidos por la industria, principalmente la minera y de construcción, admite.

Urge actualizar lineamientos

Ambas fuentes consultadas por esta casa editorial coinciden en que la creación de nuevas leyes y reglamentaciones no servirían de mucho por sí solas. Al contrario, en aras de eficientar y priorizar el tema ambiental en la agenda, deben actualizarse las normas que ya existen pero, sobre todo, deben crearse mecanismos que garanticen la aplicación de estas normatividades y se sancione a quien las incumpla. 

Este último tema preocupa a Campos Cabral, especialmente, ya que considera que existen muchos actores que prefieren pagar las multas, antes de siquiera pensar en modificar sus procesos; por ello, propone elevar las sanciones definitivas, e incluso promover que se clausure a las y los actores con alta incidencia contaminante.

Añade que para generar un resultado favorable, es fundamental que se armonicen las leyes federales y estatales, con la intención de agilizar los procesos y contar con marcos normativos estables en la materia. 

Recientemente, el Gobierno de Puebla propuso actualizar la Ley de Cambio Climático estatal. Por esto, ella sugiere que se realicen diagnósticos de todo lo que se tiene que atender en la entidad, pero siempre de la mano de todas las comunidades en Puebla, especialmente las que se encuentran fuera de la capital, externa.

Y aunque todavía no se tiene fecha clara para la presentación de una iniciativa en el Congreso, Cervantes Avilés espera que esa ley proponga un nuevo ordenamiento territorial de forma ecológica, y sea finalmente robustecida con acciones sustentadas y no caiga en ambigüedades.

*Foto de portada: Marlene Martínez