Hay tres hechos que ayudan a tener una idea de cómo le fue a México en 2021 si se habla de medio ambiente.

Cuando el año apenas tomaba impulso, en el sur del país, asesinaron a Fidel Heras, un activo defensor del río verde y presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina. Eso sucedió el 23 de enero. Cuando terminó marzo ya habían asesinado a cuatro habitantes más de esa comunidad de Oaxaca.

En los primeros meses del 2019, al comienzo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, investigadores que realizan trabajo científico en el sureste de México alertaron a las autoridades federales y estatales sobre la presencia de una pista clandestina de aterrizaje en el corazón de la Selva Lacandona. Han pasado tres años y la pista sigue ahí.

El pasado 22 de noviembre, en las páginas del Diario Oficial de la Federación se publicó un acuerdo presidencial con el que se declaran “de interés público y seguridad nacional” los proyectos y obras a cargo del gobierno que se consideren prioritarios y estratégicos, por lo que se instruyó a todas las dependencias a otorgar las autorizaciones necesarias —incluidas las ambientales— en un plazo máximo de cinco días.

A lo largo del 2021 se confirmó lo que científicos y organizaciones no gubernamentales advertían desde finales de 2019: el medio ambiente no está dentro de las prioridades de la cuarta transformación, como llama López Obrador a su periodo presidencial.

Para científicos, especialistas en bosques e integrantes de organizaciones no gubernamentales, México termina el 2021 con un balance negativo si se habla de la situación de sus recursos naturales. Todos coinciden en que el poco presupuesto que se destinó al sector ambiental mostró el desdén gubernamental a un tema estratégico. Además, consideran que se abonó el terreno para que crecieran aún más problemas que el país ya padecía, como la impunidad en los delitos ambientales, el abandono a las comunidades forestales y la violencia contra defensores de ambiente y territorio.

Lo preocupante: desmantelamiento del sector ambiental

Fidel Heras Cruz cambió la tranquilidad de una vida como campesino por la primera línea de la lucha contra poderes económicos que amenazan el medio ambiente y el territorio. Foto: Cortesía COPUDEVER.

Desde que comenzó el actual sexenio, el sector ambiental ha sido uno de los más castigados. En 2021, se destinaron 31 348 millones de pesos para todo el sector, un poco más que los 28 900 millones de pesos (poco más de 1368 millones de dólares) que recibió uno de los principales programas del gobierno: Sembrando Vida.

Dependencias claves para la protección de los recursos naturales y combate a los delitos ambientales recibieron recursos mínimos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) contó con un presupuesto de 866 millones 383 mil pesos (alrededor de 41 millones de dólares), una cantidad que equivale a destinar alrededor de 9.6 pesos (poco menos de medio dólar) a cada una de las 90 millones de hectáreas del territorio nacional que tienen alguna categoría de protección.

Cálculos realizados por integrantes de la Red de Jóvenes Ambientalistas muestran que por cada peso que se deja de invertir en áreas naturales protegidas se pierden entre 100 y 400 metros cuadrados de cobertura forestal. “A partir de que en 2016 (durante el sexenio de Enrique Peña Nieto) se reduce en forma sustancial el presupuesto de la Conanp, la pérdida de cobertura forestal se dispara”, explica Aldo Muller, economista ambiental integrante de la Red.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue otra de las dependencias ambientales más castigadas: contó con 52 millones de pesos menos que en 2019, al recibir 742 millones 103 mil pesos (alrededor de 35 millones de dólares).

El bajo presupuesto destinado a la Conanp y Profepa ha provocado una ausencia institucional en las áreas naturales protegidas, asegura el doctor Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Y con ello se ha colocado en una situación más vulnerable a especies de flora y fauna que ya de por sí tenían problemas. Además, se perjudican los procesos bioculturales de esas áreas: la relación de los ecosistemas con el bienestar de las comunidades locales.

Como ejemplo, Medellín cuenta lo que sucede en el Parque Nacional El Tepozteco, en Morelos, donde está prohibido construir, pero se están edificando casas, algunas de ellas cercanas a la Cueva del Diablo, sitio donde se aparea el murciélago magueyero mayor (Leptonycteris nivalis). Hasta ahora, no se conoce otro lugar de apareamiento de esta especie. Así que el futuro de este murciélago depende, en gran medida, de la conservación de esta cueva. “Se lo hemos dicho a las autoridades federales, a las locales, a la guardia nacional; todos dicen que es muy grave, pero nadie hace nada. Nadie aplica la ley. Hay una impunidad absoluta”, reclama el investigador.

El bajo presupuesto no fue el único problema que sacudió al sector ambiental en 2021. Lucía Madrid, maestra en políticas ambientales por la Universidad de Cambridge y especialista en manejo integrado de paisajes, recuerda que desde el 2020 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) comenzó a tener un rediseño que no se ha consolidado y que debilitó aún más a la dependencia.

La Semarnat sufrió recortes de personal, se dejó sin titular a las delegaciones estatales y, hasta diciembre de 2021, no se publicaba su reglamento interior, por lo que las nuevas subsecretarías y direcciones generales no tienen atribuciones claras asignadas. Entre las consecuencias que esto ha provocado está el retraso en la atención de todo tipo de trámites, entre ellos los relacionados con los programas de manejo forestal, «lo cual desincentiva el manejo legal de los bosques y vulnera los derechos de las comunidades forestales», resalta Madrid.

Lo crítico: pérdida de cobertura forestal

Zona deforestada en la Selva Lacandona, México. / Foto: Cortesía Natura

Para el doctor Rodrigo Medellín una de las mayores catástrofes ambientales que hoy vive el país es la pérdida de la cobertura forestal en la Selva Lacandona, al sureste de México.

La expansión de las plantaciones de palma africana y la ganadería, los conflictos agrarios que llevan años sin resolverse, la invasión de áreas naturales protegidas y la presencia del crimen organizado son algunas de las actividades que están terminando con la Lacandona mencionan los investigadores que trabajan en la zona, tratando de salvar a especies como el jaguar.

Aún no hay datos que muestren cuántas hectáreas de cobertura forestal perdió el territorio nacional en 2021. La información hasta ahora disponibles no es alentadora. México se quedó sin 300 mil hectáreas de cobertura arbórea en 2020, de acuerdo con los análisis de imágenes satelitales realizados por la Universidad de Maryland y publicados por la plataforma de Global Forest Watch.

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*Foto de portada: Gobierno de México