Los militares espías

De acuerdo con la UIF, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) transfirió entre 2014 y 2016 recursos a la empresa Grupo Tech Bull SA de CV, la misma compañía intermediaria que le vendió el software de Pegasus a la entonces Procuraduría General de la República. A su vez, también envió recursos a otras dos empresas implicadas en la misma trama: Proyectos y Diseños VME S.A. de C.V., y KBH Track S.A. de C.V.

Todas estas transferencias ocurrieron en la gestión del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien apenas el año pasado fue detenido en Estados Unidos acusado de brindar apoyo a presuntos integrantes del crimen organizado. Un reclamo diplomático por parte de México, quien no fue notificado de la indagatoria, aceleró su investigación sin que el caso llegara a juicio.

Esta no es la primera vez que la gestión de Cienfuegos es vinculada con prácticas de espionaje, hecho que además se vuelve más grave ya que la Defensa Nacional no es una instancia facultada legalmente para realizar ese tipo de intervenciones de comunicaciones privadas.

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En julio de 2015 Animal Político reveló que bajo su gestión el Ejército había negociado con la empresa de ciber espionaje “Hacking Team” la adquisición de una versión especial del software “Galileo” con el que pretendía intervenir las comunicaciones de hasta 600 objetivos. La compra, además de ser potencialmente ilegal, se realizaría con un notable sobreprecio a la empresa intermediaria Neonlinx.

Los correos internos filtrados de “Hacking Team” sobre esta negociación revelaron que los militares también habían participado previamente en la compra de equipos de espionaje al empresario Susumo Azano.

La responsabilidad directa de estas negociaciones estuvo a cargo del general Rogelio Castellanos Franco, quien en el sexenio pasado ocupó un cargo directivo en el Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Por otro lado, la UIF reveló que la Secretaría de Marina también estuvo implicada en pagos a las empresas Grupo Tech Bull SA de CV y Balam Seguridad Privada, por montos superiores a los 140 millones de pesos, entre 2013 y 2014. Se trata del periodo en que el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz estaba al frente de dicha institución.

Gobernadores y tesoreros incómodos

De acuerdo con la información presentada por la UIF hubo tres administraciones estatales que transfirieron recursos a esta red de empresas durante la última década. Una de ellas fue la encabezada por Javier Duarte en Veracruz la cual habría pagado en 2014 poco más de 7.6 millones de pesos a la empresa Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale SA de CV, ligada con la red de espionaje.

La transferencia coincide con el periodo en que la tesorería de la Secretaría de Finanzas del estado era ocupada por el exdiputado federal del PRI, Antonio Tarek Abdala Saad quien, de acuerdo con autoridades federales, era el que decidía y aprobaba cualquier tipo de pago a proveedores.

Indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación identifican a Tarek Abdalá como el principal responsable del desvío de más de 60 mil millones de pesos de fondos federales. Aunque fue denunciado en múltiples ocasiones, poco antes de terminar el sexenio pasado obtuvo el perdón de la entonces PGR por haber colaborado en el proceso penal contra el propio Duarte.

Actualmente Abdalá es un prófugo de la justicia. En 2020 un juez del estado de Veracruz giró una orden de aprehensión en su contra por su vínculo con la red de empresas fachada a través de las cuales se desviaron más de tres mil millones de pesos en la entidad.

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*Foto de portada: Animal Político