Lo ocurrido en Jalisco el fin de semana hizo recordar el episodio más escalofriante de nuestra historia reciente: la desaparición de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, Guerrero. Durante 24 horas, la falta de información sobre el paradero de más de 20 jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente por policías ministeriales afuera de la Fiscalía del Estado y en otros puntos de la ciudad el día anterior, cimbró a quienes seguimos la evolución de los hechos. Las imágenes y los nombres a la vista en redes sociales hicieron de un sábado soleado una jornada oscura y fría.

“Jalisco recibió una embestida brutal, de grupos de interés, de intereses difíciles de identificar, que construyeron una historia, que construyeron una estrategia, que buscaban que hubiera muertos (…), guardadas las proporciones, me atrevo a decir que se empezaban a generar las condiciones para que aquí se construyera un nuevo Ayotzinapa.” Así ha descrito el gobernador Enrique Alfaro los acontecimientos que vivió la entidad entre el 4 y el 6 de junio.

El jueves 4 de junio, las calles de Guadalajara y otras ciudades fueron tomadas por la indignación social ante una muerte que no debió pasar: el asesinato de Giovanni López –joven de 30 años de oficio albañil–, quien tras ser detenido por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos por no usar cubrebocas en la vía pública, según ha relatado su hermano, murió bajo su custodia luego de ser golpeado por ellos. Esta movilización desembocó en actos violentos afuera del Palacio de Gobierno frente a los que cuerpos de seguridad respondieron con más violencia, deteniendo con dosis de brutalidad policíaca a algunos manifestantes.

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Al día siguiente, una segunda protesta en distintas zonas de la ciudad, entre ellas las instalaciones de la Fiscalía del Estado, fue utilizada por policías ministeriales vestidos de civil para agredir y desaparecer por horas a otro grupo de manifestantes que exigían nuevamente justicia para Giovanni y la liberación de las personas detenidas, lo que dio pie a que el sábado 6 de junio una tercera movilización exigiera su presentación con vida.

“Nadie sabe que están aquí, los vamos a desaparecer”. “Los vamos a entregar al cártel. Cabezas agachadas.” Estas fueron algunas de las amenazas que recibieron las y los detenidos ilegalmente el viernes 5 de junio antes de ser puestos en libertad, algunos de ellos a las afueras de la ciudad de Guadalajara, despojados de sus pertenencias.

Frente a este escenario, el gobernador pidió disculpas y acusó que su estado fue víctima de ataques para desestabilizar a su gobierno, explicando que los policías ministeriales involucrados –dos ya detenidos, entre ellos un comandante de alto rango– habrían actuado por instrucciones de la delincuencia organizada. En un video difundido en sus redes sociales el sábado, insistió en lo que planteó desde el día de la primera protesta: que la razón de los hechos de violencia venía de fuera, sumando a los “sótanos del poder” de la Ciudad de Mexico el interés del crimen organizado que tiene infiltrada a la Fiscalía, a cargo de la policía ministerial. En dicho video alertó que, en la movilización de ese día, la tercera, había un riesgo real de que hubiera infiltrados, siendo en realidad la manifestación más numerosa y pacífica de las tres.

Foto: Víctor Ibarra

En medio de un rechazo creciente en Jalisco, Enrique Alfaro ha asumido el papel de víctima. Poco reparo ha tenido en reconocer y responsabilizarse de por lo menos tres yerros. El primero es haber mantenido oculto el homicidio de Giovanni López y las amenazas de autoridades municipales hacia su familia con la finalidad de no difundir el video que finalmente fue revelado, causando la ola de rabia y condena que se expresó en las calles a unos días del asesinato de George Floyd.

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El segundo error han sido sus declaraciones en torno al trasfondo de las protestas y de lo que, a su juicio, es una narrativa para politizar el caso de Giovanni López. “¿Quién era Giovanni realmente?”, ha preguntado en voz alta el gobernador. Con sus palabras, Alfaro ha tenido que matizar e incluso ha patinado. Primero se fue directo contra el presidente, “su gente” y “su partido”; luego acotó que “él (AMLO) es una gente de bien”, pero gente cercana a él le está apostando a la violencia; posteriormente puso sobre la mesa la actuación de la delincuencia organizada; y, finalmente, en una entrevista para el programa Las Noticias del canal local de Televisa, de la que se recogió la cita inicial en este texto, sostuvo que es necesario investigar quiénes podrían estar detrás de los hechos denunciados.

Siendo él quien introdujo la posibilidad de la participación del crimen organizado y responsabilizó al gobierno federal, en la entrevista declaró: “Me han preguntado y lo digo con todas sus letras: ¿puede haber estado la delincuencia organizada detrás de lo que pasó con este grupo de la Fiscalía? Sí, no descarto esa opción… A quienes sugieren que puede también haber algún interés de personajes del gobierno federal…”. “Detrás de todo esto –agregó– hay intereses muy poderosos, que no alcanzo todavía a descifrar quiénes son, cómo están organizados y qué es lo que buscan”. ¿Por fin?

El tercer yerro raya en los linderos de la mentira. Según Alfaro, quien ha salido reiteradamente en defensa de los policías bajo su mando, a quienes les exigió no caer en la confrontación, los uniformados que resguardaron el Palacio de Gobierno el primer día de manifestaciones, el 4 de junio, resistieron “de manera pacífica dos horas y media sin un solo golpe”, reaccionaron “dentro de los límites adecuados para contener a los provocadores” y se portaron “a la altura”. Los videos que circularon en redes sociales, no obstante, muestran lo contrario. Uno de ellos, incluso, registró a un policía gritar: “¡Los vamos a matar!”

El abuso policial en Ixtlahuacán, Guadalajara, San Luis Potosí, la Ciudad de México, Tijuana y tantas ciudades más, confirma un problema estructural: las prácticas de malos tratos y tortura de los cuerpos civiles de seguridad. Esto no es un argumento en favor de la militarización, por el contrario, nos recuerda una deuda colosal que no sólo arrastramos, sino que exige atención inmediata: la construcción de policías profesionales, bien capacitadas y fiscalizadas.

*Foto de portada: @EnriqueAlfaroR | Twitter