En menos de 72 horas, un paciente internado de emergencia en los servicios médicos de la capital pierde la vida por COVID-19. En menos de 24, su cadáver tendrá que abandonar la morgue hospitalaria para evitar la saturación del área de patología, sin que la familia identifique plenamente al fallecido. Su cuerpo ingresará como tantos otros a uno de los hornos crematorios de la ciudad –que no se dan abasto–, sin ser velado y sin recibir ese último abrazo colectivo; destino final del que pocos se salvan.
En tiempos de pandemia, confirman los testimonios de familiares, trabajadores y especialistas, le faltan horas a los días para no dejar asuntos pendientes, para recibir un trato más digno y procesar diligentemente las pérdidas que se van acumulando.
Jorge Alberto Robles García, comisario de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias (ANDF), asegura en entrevista que los servicios crematorios del estado no estaban preparados para atender esta pandemia.
Entre el 4 y 10 de mayo, refieren sus registros, el promedio de defunciones diarias sin causa específica procesadas por los servicios funerarios de la ciudad de Puebla –el municipio que concentra la mayor cantidad de muertes asociadas a COVID-19–, fue de 40 casos, alrededor de 280 cuerpos que fueron en su mayoría cremados en los 15 hornos de la capital; sólo uno de ellos propiedad del Ayuntamiento.
En contraste, la Secretaría de Salud estatal contabilizaba hasta el viernes 29 de mayo 466 defunciones, con un promedio, durante el periodo comprendido entre el 25 y 29 de mayo, de 14.75 muertes diarias asociadas a COVID-19, una tercera parte del total de cuerpos que son cremados diariamente tan sólo en el municipio de Puebla.
Robles García explica que han tenido que extender sus jornadas laborales para atender la demanda de entre seis a ocho cuerpos diarios que están siendo cremados en cada uno de los hornos de la ciudad.
Situación que ya había sido advertida desde el 20 de abril por el propio Ayuntamiento de Puebla en la resolución 2020/061, punto de acuerdo por el que se instruyó a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos para que de manera inmediata elaborase un Plan Emergente para la prestación de servicios de inhumación y cremación; esto tras percatarse del número creciente de cuerpos procesados en uno solo de los hornos crematorios (Valle de Los Ángeles).
De las seis a ocho horas que los cuerpos quedaban bajo resguardo de las funerarias, dice el comisario, las familias deben esperar ahora hasta un día entero para que se libere un espacio, para que se les cite en el mejor de los casos y puedan despedirse brevemente de su ser querido antes de que su cuerpo sea finalmente cremado.
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“Llega a Puebla, nos lo aíslan, nos lo esconden y ya no nos dejan verlo (…) sólo daban razón cuando ellos querían”, cuenta Felipe en una entrevista para Radio Xalli, un día después de la muerte de su hermano Alberto en el Hospital de Ortopedia “Rafael Moreno Valle”, donde había ingresado 72 horas antes.
Alberto fue referido a la capital del estado desde una unidad médica en el municipio de Palmar de Bravo, donde acudió en cuanto “se le subió el azúcar”, dice su hermano aún tratando de encontrarle sentido a lo sucedido. Ahí le dirían que no contaban con el equipo médico para realizarle más estudios y que necesariamente debía ser trasladado.
La mañana previa a su muerte, trabajo social se comunicó con Felipe para decirle que su hermano ya estaba mejor, que había ingerido sus alimentos y hasta ido al baño por sí solo. “Nosotros dijimos ‘gracias a Dios ya la brincó’”, recuerda.
A eso de las 3:30 del domingo, sin embargo, recibió una llamada sorpresiva: su hermano había fallecido. “Que era por el azúcar y una neumonía que lo atacó”, le aseguraban. Al llegar al hospital y recibir de la mano de una trabajadora social el certificado de defunción, la causa de muerte indicaba: COVID-19.
La comunicación entre personal médico, de trabajo social y familiares es, en el mejor de los casos, deficiente, como confirma una enfermera del Hospital de Especialidades del IMSS San José (Hospital COVID), pues la información resulta a veces contradictoria: en una ocasión -recuerda- un familiar le preguntó por la salud de su enfermo; le habían hablado para decirle que estaba muy grave cuando en realidad se encontraba en su cama, estable.
Luego de una larga discusión con el personal hospitalario, Felipe conseguiría la rectificación del certificado de defunción —muerte por diabetes tipo dos—, no así la oportunidad para identificar el cuerpo de su hermano, a pesar de que esta posibilidad está contemplada en la última versión de los Lineamientos de Manejo General y Masivo de Cadáveres por COVID-19 de la Secretaría de Salud.
Para ello tuvo que presionar a los trabajadores funerarios, a quienes les hizo saber que no desistiría hasta identificar plenamente a la persona que se encontraba en el féretro: “Abrí la caja, la bolsa y la neta era él, pero, la forma en que yo lo vi, sólo Dios sabe… ese cuerpo no murió como debería de ser”.
Aunque la Asociación Nacional de Directores de Funerarias sostiene que todas las muertes por infección respiratoria están siendo procesadas por los servicios funerarios como coronavirus, en los certificados de defunción que reciben los familiares se leen todo tipo de causas: neumonías atípicas, virales, por choques sépticos o por focos múltiples, infección respiratoria aguda y COVID-19/SARS-CoV-2, ya sea confirmado, sospechoso o probable.
En la conferencia de prensa del 8 de mayo, día en que fueron publicados cuatro artículos en medios internacionales que sugerían que México estaba ocultando las cifras reales de muertes por COVID-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aclaró que los informes técnicos sobre defunciones que se presentan todos los días son parciales.
No sólo porque existan personas que fallecen sin la posibilidad de tomarles una prueba confirmatoria, sino porque se contemplan, de acuerdo con el documento titulado Correcto llenado del certificado de defunción. Muertes por virus SARS-CoV2 (COVID-19), al menos tres definiciones: casos confirmados (en lo que hubo un diagnóstico de laboratorio), casos sospechosos (que no requieren confirmación de laboratorio) y casos probables (en donde la evidencia de laboratorio no es concluyente).
Los casos no confirmados deberán ser analizados por comités técnicos especializados, en los estados y a nivel federal, para dictaminar la causa final de muerte; será en el llamado Anexo 8 de los certificados de defunción en donde se ratifiquen o rectifiquen, en su momento, las causas reales del fallecimiento.
Idealmente, las trabajadoras sociales tendrían que llevar al familiar responsable de un paciente fallecido a reconocer el cuerpo al área de patología, explicándole en el proceso sus derechos en tanto familiares y en caso de ser necesario, ayudarles a conseguir los recursos para poder pagar los servicios funerarios.
Para una trabajadora social del Hospital General del Norte (un hospital que no atiende pacientes COVID), quien confiesa que la falta de comunicación suele transformarse en enojo a hacia todas sus compañeras de profesión, es sobre todo esta última parte la que estaría presionando la capacidad de acopio de cadáveres de los hospitales COVID y NO-COVID.
Debido a los altos costos de los servicios funerarios —en promedio 12 mil 159 pesos por los servicios de cremación en Puebla, a decir de la Profeco—, los cuerpos de las personas fallecidas llegan a permanecer hasta 24 horas en las áreas de patología, que en el caso de la del General del Norte sólo cuenta con cuatro gavetas de refrigeración para guardar la misma cantidad de cadáveres.
No todos los casos corren con la suerte de Felipe, quien pudo dar sepultura a su hermano tras insistir en la rectificación de la causa de muerte antes de que se cuerpo abandonara el hospital; de no hacerlo, corría el riesgo de no ser velado y de ser cremado a la brevedad por los servicios funerarios contratados.
Aunque los Lineamientos de Manejo General y Masivo de Cadáveres por COVID-19 prevén la posibilidad de que puedan realizarse velaciones controladas —en menos de cuatro horas, con el ataúd cerrado y con un aforo máximo de veinte personas—, así como las respectivas inhumaciones (enterramientos), la Asociación Nacional de Directores de Funerarias asegura que en el estado de Puebla no se están realizando velaciones y que prácticamente todas las personas fallecidas por infecciones respiratorias, están siendo cremadas.
A través de un breve sondeo en Puebla capital se pudo observar que sólo en una de seis funerarias consultadas se ofrecía, además de la recolección del cuerpo, los trámites ante registro civil, la cremación y la urna para el depósito de las cenizas, un servicio de velación de máximo cuatro horas por un precio de 17 mil 500 pesos por tratarse de un caso de infección respiratoria.
En el municipio existen 77 empresas de servicios funerarios registradas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas del INEGI, quienes deben compartirse los 15 hornos crematorios de la ciudad; a no ser que cuenten con uno propio, como en el caso de la empresa Valle de Los Ángeles.
En los lineamientos de la Secretaría de Salud federal se explica que, si bien no existe evidencia científica que sostenga que los cadáveres en sí mismos representan un riesgo alto de infección, el contacto directo con ellos sí supone un riesgo para las personas; de ahí que se prefiera la disposición inmediata de los restos humanos, evitando velaciones y prohibiendo embalsamamientos.
Becker, un joven embalsamador de la ciudad, reitera que como en el caso de Felipe, los familiares a los que su funeraria ha prestado servicio insisten en velar a sus muertos una vez que dejan atrás los servicios médicos, esto a pesar de los ordenamientos sanitarios.
Trabaja para una de las pocas funerarias que, asegura, “sí se avientan el tiro” de ir por los cuerpos de casos confirmados o sospechosos de COVID-19 en la zona metropolitana.
Y es que comenta, algunas de las funerarias prefieren no entrar en confrontación con las familias: “Hay familiares que veces hasta se ponen al tiro y te dicen: ‘es que oye, queremos velarlo, ese ya no es tu pedo, nosotros corremos el riesgo’”.
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Con las restricciones impuestas por la pandemia a esta última etapa de la vida terrenal, explica la tanatóloga Dafne Santillán, muertes tan inesperadas como la de Alberto dejan a las familias no sólo sin una oportunidad para despedir a los suyos, también sin la posibilidad de enriquecer un poco más la relación e incluso para resolver, si los hubiese, asuntos pendientes.
Dafne, quien ofrece acompañamiento a personas en todo tipo de pérdidas, considera que los duelos en este contexto se volverán cada vez complicados, plagados de culpas:
“Creo que vamos a toparnos con esta idea de que ‘me lo cortaron’, porque ‘no te pude acompañar’, porque seguramente ‘me voy a quedar con muchos asuntos pendientes’, porque ‘no voy a poder decirte, no voy a poder abrazarte, no voy a poder dar ese amor que se da en algunos casos’”.
Pero la contingencia no sólo obstruye el canal de comunicación entre el paciente y su familia, irrecuperable tras la confirmación de su fallecimiento; también modifica las costumbres y los rituales funerarios reduciéndolos al mínimo, casi obviándolos en tres horas y media que tarda un cuerpo en convertirse en cenizas.
Los rituales u homenajes, dice Dafne, son importantes porque nos ayudan a salir de esa primera etapa de negación que nos arriba cuando nos enteramos de la muerte de un ser querido, a sobrellevar de mejor manera un proceso de por sí largo, lento y doloroso.
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*Foto de portada: Lado B
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