Foto: Ámbar Barrera

Samantha Páez

Hace un mes, más o menos, fui a una graduación de un preescolar aquí en la ciudad de Puebla. De pronto, interrumpieron la ceremonia, pasó un niño de playera a rayas y unos pantalones de mezclilla al frente. La directora del preescolar pidió que le aplaudiéramos porque él había estudiado allí, pero no pudo terminar el año en esa escuela por un problema familiar fuerte.

Las personas con las que iba me contaron que su mamá había sido víctima de feminicidio: regresaba de ir a dejarlo a la escuela cuando un vecino la atacó con un machete. Ella murió a los cuatro días. Recordé el caso y en ese momento sentí un coraje y una tristeza enorme. Me sentí impotente al no poder hacer algo por ese niño y luego me pregunté: ¿qué pasaría con él?, ¿qué pasa con quienes quedan en orfandad por feminicidio?

Después, este hecho me llevó a otra reflexión: ¿cuántos niños, niñas y adolescentes son? Y, ¿qué se está haciendo para ayudarles? De momento no hay una respuesta. Nadine Gasman Zylbermann, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), anunció este 5 de agosto que se trabajará con los gobiernos estatales y las fiscalías para generar un registro nacional de víctimas indirectas de feminicidio.

La funcionaria federal calculó que hay aproximadamente 3 mil 200 niñas, niños y adolescentes que, a causa del feminicidio de sus madres, necesitan apoyo psicológico y económico. La base de datos, dijo a La Jornada, estará lista para 2020.

Sin embargo, la cifra de Nadine Gasman me parece que se queda corta. Si tomamos en cuenta datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) la cifra podría ser mayor: en México, de 2012 –año en que se tipificó el feminicidio a nivel nacional– a 2018 fueron asesinadas 20 mil 109 mujeres, dentro de la cuales las principales víctimas son mujeres de 15 a 34 años de edad –justo en la edad productiva y reproductiva–, con una tasa de fecundidad de 2.1 por mujer.

En el caso de Puebla tampoco hay datos oficiales acerca de aquellos que han quedado en orfandad a causa de los feminicidios ocurridos desde 2013 –año en que se tipificó el delito en la entidad– a la fecha.

Con el registro hemerográfico que realizamos en el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (OVIGEM), de enero a julio de 2019 hemos encontrado información sobre 37 niñas, niños y adolescentes en orfandad por posibles casos de feminicidio.

De esos casos, sólo se conoce la edad aproximada de 18 huérfanas y huérfanos y, en muchos casos, lamentablemente, es así porque estaban en el momento en que sus madres fueron asesinadas. Es común que las notas informativas mencionen a esta clase de víctimas secundarias solo cuando atestiguan los hechos, no porque se haya dado seguimiento a los casos de manera profunda.

¿Qué seguirá cuando sepamos cuán grande es el problema? El paso más lógico a seguir sería una atención integral, desde un ámbito psicológico hasta garantizar la educación, salud y, sobre todo, justicia.

La Ley General de Víctimas menciona en su artículo 51: “La víctima o sus familiares tendrán el derecho de recibir becas completas de estudio en instituciones públicas, como mínimo hasta la educación media superior para sí o los dependientes que lo requieran”.

Más adelante se habla de paquetes escolares y uniformes para garantizar su permanencia en el sistema educativo, así como de apoyo para que cursen la educación superior. Pero no se menciona algo al respecto de la salud, ni del apoyo psicológico o de alguna clase de apoyo económico a quienes ahora se hacen cargo de estas víctimas secundarias.

Esto me hace pensar en el enorme reto que hay para atender a las niñas, niños y adolescentes que se han quedado sin sus madres a causa de los feminicidios, pero también debido a la desaparición y la trata de personas; así como en el reto para atender a quienes han sido víctimas de delitos graves, como abuso sexual, explotación sexual o laboral. Este tema debería ser prioritario no solo para el gobierno de Puebla, sino para los gobiernos de todos los estados y el federal.