Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció en enero de 2014 que había comprado a Altos Hornos de México una empresa de fertilizantes: Agro Nitrogenados, una planta “chatarra” que tenía 14 años sin operar y con equipos de 30 años de antigüedad.
El costo de la transacción, considerada por especialistas como un “pésimo negocio” para la empresa estatal, sumó 475 millones de dólares, destinados a la compra de los activos y a la rehabilitación de la planta.
Un mes después Altos Hornos de México, propiedad del empresario Alonso Ancira, transfirió más de 3 millones 700 mil dólares a las cuentas de Grangemouth Trading Company, firma offshore de la constructora Odebrecht, desde la cual también se distribuyeron decenas de millones de dólares para sobornar a la élite política de los países en los que la empresa brasileña tenía operaciones.
De las cuentas de Grangemouth salieron también los cinco millones de dólares transferidos a Zecapan SA, la offshore en donde se depositaron los sobornos dirigidos a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, según los testimonios ante la justicia brasileña de tres ex altos ejecutivos de Odebrecht.
Grangemouth no existe en realidad. Sólo servía como intermediaria para realizar las transferencias de “pagos indebidos”, según confesó ante los fiscales brasileños Olívio Rodrigues, su creador, a cuyo testimonio Quinto Elemento Lab.
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La imagen es convencional, sin nada que a simple vista parezca extraño, ningún elemento que llame la atención: 13 hombres de traje, 13 hombres de gris y negro, posan con formalidad.
Parados alrededor del semicírculo de una elegante mesa corporativa, despliegan la misma actitud, casi nada los diferencia, excepto el color de sus corbatas: verde limón a la derecha, morado claro a la extrema izquierda, azules ligeros, un solitario rojo; un par de prendas negras.
Destaca una corbata color rosa: la lleva un hombre llamado Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y funcionario muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto.
Es 14 de enero de 2014 y miran con gravedad a la cámara; casi todos sostienen una de sus manos con la otra. Es obvio que el momento reviste importancia.
Lo tiene, en efecto: se anuncia oficialmente que Pemex invertirá 475 millones de dólares en los activos y en la rehabilitación de Agro Nitrogenados, una planta de fertilizantes que se encuentra parada desde hace 14 años y cuya maquinaria, equipo e instalaciones tienen 30 años de antigüedad.
Un boletín titulado “Pemex reactivará la producción de Fertilizantes en México” acompaña la fotografía. Da cuenta de la transacción, del monto de la misma, de las expectativas y remata con un párrafo: “Con esta operación, Pemex cumple su compromiso con el campo mexicano, el Plan Nacional de Desarrollo y con las iniciativas del presidente Peña Nieto de un México Próspero”.
El boletín no lo menciona, pero hay un detalle importante en esta historia: Agro Nitrogenados es una empresa de Altos Hornos de México, el mayor consorcio acerero del país, cuyas acciones están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores.
Un mes después de que Pemex anuncia la compra de Agro Nitrogenados se produce una operación: Altos Hornos de México realiza, exactamente el 17 de febrero de 2014, una transferencia de un millón 481 mil dólares a la cuenta bancaria de la empresa Grangemouth Trading Company LP.
Grangemouth Trading no es cualquier firma: es una de las decenas de empresas fachada montadas por la constructora Odebrecht para distribuir miles de millones de dólares destinados a pagar sobornos o “propinas” a la élite política de los países de América Latina en los que la empresa brasileña operaba, incluido México según documentos secretos obtenidos por Quinto Elemento Lab como parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas.
No será la única transferencia. Pasan algunas semanas más. Altos Hornos de México hace dos traspasos adicionales a Grangemouth, cada uno por un poco más de un millón 110 mil dólares.
La primera operación tiene fecha del 26 de febrero y la otra del 10 de marzo de 2014, según los estados de cuenta de esa firma fantasma en poder del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, documentos que forman parte de las 20 carpetas electrónicas, alrededor de 100 cuartillas de transcripciones y resúmenes de testimonios jurados, copias de los registros de transferencias, órdenes de pago expedidas por los bancos de donde salían los recursos, a los cuales Quinto Elemento Lab ha tenido acceso.
Ambas transferencias llegan a la cuenta número 244087 que Grangemouth mantiene en el Meinl Bank, banco con sede en la isla caribeña de Antigua comprado por funcionarios de Odebrecht con el propósito de evadir los controles del sistema financiero internacional.
Desde ese banco, y utilizando compañías de papel, se operaron libremente los sobornos destinados a presidentes, ministros, viceministros, congresistas, directores de empresas públicas y prominentes políticos en una docena de países de América Latina y África.
El nombre de Grangemouth Trading Company, firma que carece de empleados y oficinas, pero cuyo “domicilio virtual” se encuentra en un edificio de departamentos de Edinburgo, Escocia, adquirirá particular relevancia para México.
La razón no es menor: como reveló Quinto Elemento Lab en agosto de 2017, de esa misma cuenta de Grangemouth Trading salieron también los 5 millones de dólares transferidos a Zecapan SA, la offshore en donde se depositaron los sobornos dirigidos a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), según declararon bajo juramento ante la justicia brasileña tres de los más prominentes ex ejecutivos de Odebrecht involucrados en la mayor trama de corrupción en la historia del continente.
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El 16 de diciembre de 2016, y con sus 59 años a cuestas, Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, acude a la cita pactada con la Procuraduría General de Brasil para proporcionar su delación sobre sus “aventuras criminales” en nuestro país.
Si quiere participar en el programa de “colaboraciones premiadas”, debe contar todo lo que sabe sobre cómo Odebrecht logró insertar la corrupción en el primer círculo del gobierno mexicano.
Sabe, como los 77 ejecutivos y ex ejecutivos de Odebrecht que han participado en los acuerdos, que los beneficios de la colaboración (penas más benignas), por ejemplo, dependen de que revelen la información sobre cómo opera la estructura criminal y entreguen documentos que corroboren lo confesado.
Hijo de Manuel Weyll y Selene Meneses, Luis Alberto de Meneses no tiene ya mucho que perder. Los fiscales brasileños han ido deshebrando esa compleja trama de corrupción. Se encuentra acorralado. Muchos hilos llevan a él y a sus compañeros.
Así que De Meneses se presenta una tarde de la semana previa a la Navidad de 2016 a la sede de la Procuraduría General de la República en el municipio de Guarulhos, aunque aún vive en la Ciudad de México, en específico en el complejo de Rubén Darío 115, en Polanco, un lujoso condominio en el que la renta mensual no es menor de 5 mil dólares.
Durante unos 50 minutos ratifica lo que ha declarado ya por escrito y aclara algunas dudas de los fiscales. Lo acompañan sus cuatro abogados. Está a punto de firmar formalmente su “colaboración premiada” y, así, ayudar a desentrañar el complejo esquema de “propinas indebidas” para “agentes políticos”.
De Meneses se explaya: cuenta que conocía a Emilio Lozoya Austin desde 2009, época en que éste era director para América Latina del Foro Económico Mundial. Y que cuando se enteró de que había planes del gobierno de Enrique Peña Nieto para construir una nueva refinería de Pemex en Hidalgo, decidió retomar el contacto con Lozoya, con las perspectiva de “obtener contratos” para Odebrecht. Era el 2011 y su apuesta era que llegarían buenos tiempos.
Lozoya y De Meneses se reunieron y, dado que los proyectos se desarrollarían en Hidalgo, el futuro director de Pemex le dio un “consejo” clave: le recomendó asociarse con Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Industriales Tapia, empresa con sede en Tula, Hidalgo.
Así que el director superintendente de Odebrecht en México le hizo caso a Lozoya y se asoció con esa compañía mexicana, con la perspectiva de adjudicarse obras Pemex, CFE, SCT y Conagua. Tenían una meta conjunta: obtener contratos por unos 2 mil 500 millones de pesos.
Los meses transcurrieron y sus contactos colocaron de nuevo a Lozoya Austin en la ruta que parecía correcta. Luis Videgaray, entonces coordinador de la precampaña presidencial de Peña Nieto, lo había llevado al primer círculo. Lozoya fue designado el 11 de enero de 2012 como vicecoordinador de Vinculación Internacional de la campaña del candidato priista.
De Meneses no perdió de vista ese detalle: “En esa misma época (inicios de 2012) constaté que Emilio Lozoya había conseguido una posición destacada en el principal partido de oposición en el país (el PRI), que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012 y cuyo candidato era el favorito”.
Los ojos del brasileño apreciaban un futuro promisorio para Lozoya Austin. Para marzo de 2012 lo veía como uno de los líderes de la campaña, “razón por la cual se convertiría probablemente en una persona influyente dentro de la administración pública del país”.
Luis Alberto no se cruzó de brazos. Llamó telefónicamente y concertó una cita con Emilio. Se vieron en un hotel de la Ciudad de México y conversaron sobre la posición política de Lozoya Austin, quien le aseguró que si el PRI conquistaba el poder, él asumiría un cargo de relevancia en el gobierno federal.
En esa ocasión, recuerda De Meneses ante los fiscales, Lozoya dijo algo que el brasileño ya esperaba. “Con el pretexto de haberme auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz y Tula, me dijo que entendía que debía hacerle un pago del orden de cinco millones de dólares”.
De Meneses concluyó en ese instante que “sería positivo estrechar las relaciones con él”, pues en un futuro gobierno podría tener extensos beneficios. Así que le respondió a Lozoya que evaluaría el tema del pago y lo contactaría a la brevedad posible.
No lo pensó mucho. Consideró “el potencial que Emilio Lozoya representaba”, por lo que le propuso a su superior directo en Brasil, Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, que se hiciera un pago de cuatro millones de dólares. Era cuestión de ver hacia el futuro. Apostaban a que Lozoya se consolidaría como un “agente público” de relevancia. La transferencia fue autorizada.
Así que, ya con la aprobación en la mano, se encontró de nuevo con Lozoya Austin. “Nos reunimos en un café en las inmediaciones de Lomas, un Café El Globo. Y le dije que haríamos el esfuerzo de contribuir con cuatro millones de dólares a título de su, digamos, atención en los últimos años”, cuenta De Meneses al fiscal André Bueno la tarde del 16 de diciembre de 2016.
De Meneses le proporcionó en ese café más detalles a Emilio: le pagarían los cuatro millones en varias transferencias que harían a lo largo de 2012. Lozoya quedó de darle los datos de las cuentas bancarias a las que deberían realizarse los depósitos.
Días después, Lozoya acudió al edificio de Odebrecht en México, en Lomas Virreyes. Le entregó, según detalla ampliamente De Meneses, las cuentas a nombre de dos compañías offshore para que ahí se depositaran los pagos: la primera era Latin American Asia Capital Holding. La segunda era Zecapan SA, registrada en las Islas Vírgenes Británicas y con cuentas en un banco del Principado de Liechtenstein.
Así que, pasados los meses, a la cuenta que Zecapan SA tenía en el Neue Bank llegaron cinco transferencias por un total de 5 millones de dólares entre el 3 de diciembre de 2013 y el 19 de marzo de 2014.
Todo el dinero venía de Grangemouth Trading.
Emilio Lozoya ha rechazado reiteradamente los hechos que le imputan los ex ejecutivos brasileños. “Niego categóricamente las imputaciones y la información que hace referencia a supuestos actos de solicitud y/o recepción de sobornos directa o indirectamente por mi parte a la empresa Odebrecht o a sus funcionarios”, expresó en un comunicado emitido después de que se conocieran públicamente las afirmaciones.
LAS TRANSACCIONES:
QUIÉN Y CUÁNDO LE ENVÍO DINERO A QUIÉN
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El dueño de Altos Hornos de México hizo uno de los mejores negocios de su existencia al venderle al Pemex dirigido por Lozoya Austin la empresa Agro Nitrogenados SA, una planta productora de urea que al momento de la compra-venta ya era considerada “chatarra” por los especialistas de la industria de fertilizantes.
La planta industrial tenía 14 años parada, tiempo durante el cual la maquinaria no recibió mantenimiento, y sus equipos e instalaciones contaban con 30 años de antigüedad, sin contar con que el proceso de producción con el que operaba resultaba obsoleto.
Esta realidad contrasta con el optimismo de Pemex al adquirir la empresa. “Con esta compra, Pemex reactivará la producción de hasta 990 mil toneladas anuales de urea a partir de 2015”, prometía el comunicado oficial. Además, destacaba que la producción esperada de urea representaría “cerca de 75 por ciento de la demanda nacional actual de este insumo estratégico para el agro nacional”.
Las altas expectativas oficiales sobre el potencial de Agro Nitrogenados obviaban un antecedente: ésta dejó de operar en septiembre de 1999 cuando la propia Pemex le canceló el suministro de amoniaco, la materia prima para la elaboración de urea, por la millonaria deuda que Agro Nitrogenados tenía con la paraestatal y porque los trabajadores estallaron una huelga en demanda del pago de sus salarios.
La empresa estatal tuvo que entablar demandas para exigir la entrega del dinero que le adeudaban. A Rogelio Martínez, entonces jefe de la Unidad Jurídica de Pemex Petroquímica, le tocó llevar esos litigios.
Por eso estalló cuando se enteró de que Agro Nitrogenados pasaría a manos del gobierno. “El gobierno comprará a precio de oro una planta oxidada. Esa planta es chatarra. ¿Qué es lo más fácil para Agro Nitrogenados? Vendérsela a un tarugo como es Pemex, o sus funcionarios, como si fuera una planta nueva”, denunció en entrevista con el diario Reforma, publicada apenas unos días después de que se anunció la transacción.
Abogado de profesión, Rogelio Martínez insistió en lo que desde entonces le parecía una maniobra fraudulenta: él había visitado la planta ocho años antes de que Pemex anunciara su compra; “desde entonces –sostuvo–, ya era chatarra”.
En realidad, “lo que va a hacer Pemex es que va a poner una planta nueva. Van a decir que es mantenimiento, pero, ¿en qué va consistir ese mantenimiento? En quitar los fierros viejos que compraron y poner unos nuevos”, contó al reportero del diario.
Ello, naturalmente, implicaba incurrir en pérdidas desde el principio, pérdidas que absorbería el gobierno y, por ende, cada uno de los mexicanos.
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