En épocas electorales son recurrentes las denuncias sobre funcionarios que piden a beneficiarios de programas sociales o a subordinados de la función pública copia de su credencial para votar, pero ¿para qué sirve dicha copia, cómo se usa, puede por sí sola beneficiar a tal o cual candidato o partido político?
Preguntamos a la autoridad competente, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), y esto fue lo que encontramos:
Para condicionar la entrega o apoyo de programas sociales, y como requisito para la instalación de servicios otorgados por el gobierno.
Es un delito si el funcionario o la dependencia se queda con la credencial para votar, pues la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que cualquier persona que “recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos” o “altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores o participe en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía” está cometiendo un ilícito.
No es un delito quedarse con una copia de la credencial para acreditar la entrega de un apoyo o beneficio, pero ello no obliga de ninguna manera a las personas a votar por tal o cual personaje o partido político.
Lo que sí es delito es que por la razón que sea te amenacen o pretendan obligarte a que votes por alguien en particular.
Las copias de documentos o datos de los votantes pueden utilizarse para crear bases de datos con su información, que luego sirven para simular apoyos a aspirantes a candidatos independientes o para tener padrones electorales de personas susceptibles de control, acarreo o promotoría.
Abusando del desconocimiento de las personas, los operadores de los partidos hacen creer a la gente que el hecho de tener la copia de su credencial les permite saber por quién votarán, y por eso los persuaden o amenazan de votar por cierto personaje, partido o coalición, lo cual sí puede ser un delito que debe denunciarse.
La FEPADE insiste en que las personas deben saber que nadie puede conocer el sentido de su voto, no hay manera de saberlo, ni siquiera las autoridades electorales, además no están obligadas a dar evidencia del mismo, pedir evidencia de por quién se emitió el voto (por ejemplo si tu jefe te pide una foto de tu boleta) es también un delito electoral que se debe denunciar.