Foto: Marlene Martínez

Tuss Fernández

@ituss79

En menos de un mes, las principales avenidas de más de 100 ciudades del país, fueron tomadas por el grupo ultraconservador llamado Frente Nacional por las Familias que se opone a la legalización del Matrimonio Igualitario.

La primera cita tuvo lugar el pasado 10 de septiembre en diversas ciudades y municipios del territorio nacional mientras que la segunda convocatoria, reunió según la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México a 20 mil participantes en una movilización nacional que marchó por el Paseo de la Reforma desde el Auditorio Nacional hasta el Ángel de la Independencia en la capital del país.

Sin embargo, al menos en Puebla, las protestas de este mismo grupo religioso ligado al Yunque, iniciaron en el mes de julio (24) y durante las mismas, participaron tres diputados locales. Dos de ellos, Pablo Montiel Solana y Francisco Rodriguez Álvarez  pertenecientes al partido de derecha Acción Nacional (PAN) y uno más, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, al Revolucionario Institucional (PRI).

Al respecto, la asociación civil Vida Plena, No dejarse es Incluirse, prepara ya una serie de  acciones jurídicas en contra de estos diputados, al considerar violaron el juramento bajo el cual rindieron protesta:

“Ellos argumentan que asistieron en su calidad de ciudadanos y no estaban ejerciendo una función pública. Sin embargo, un diputado no es un servidor público sino un representante popular y, en ese sentido, su encargo no tiene un horario sino que dura lo que su periodo de elección (4 años 8 meses)”, señala Juan Corona, abogado y representante legal de Vida Plena.

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla

Oleada de denuncias contra instituciones públicas y religiosas

Las acciones jurídicas en contra de los diputados, se sumarían a las denuncias que hasta el momento han interpuesto organizaciones civiles de la población sexo diversa en contra de instituciones públicas y religiosas tanto en a nivel nacional como de manera local en Puebla.

El pasado 19 de Septiembre, el Circuito de la Diversidad Sexual en coordinación con México Igualitario, promovieron una demanda de amparo en contra de la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobierno federal por omisión al “negarse a intervenir para poner un alto a los discursos de odio por parte de las asociaciones religiosas” en la que consideran vulnerado el derecho de acceso a la justicia.

Así mismo, México Igualitario a través de su representante legal, Alex Alí Méndez, informó en días pasados que la organización interpuso denuncias en contra del Arzobispo Primado de México, Norberto Rivera Carrera y de las arquidiócesis de Tijuana y Puebla a las que Vida Plena, abonó con 8 demandas más en contra de los representantes eclesiásticos de la arquidiócesis poblana: el arzobispo Víctor Sánchez Espinoza y los obispos auxiliares Felipe Pozos Lorenzini, Tomás Lopez Durán y Eugenio Lira Rugarcía; éste último, recién nombrado (22 de septiembre) por el Papa Francisco, como obispo de Matamoros.

[pull_quote_right]Este tema si sigue escalando lo que va a generar es un clima de violencia donde quienes quedamos en situación de vulnerabilidad somos todas las personas que pertenecemos a la diversidad sexual[/pull_quote_right]

Según las diferentes organizaciones LGBTI, los líderes religiosos al convocar de manera pública a las movilizaciones del Frente Nacional por la Familia, habrían violado en primera instancia, el artículo 130 de la Constitución Mexicana (la laicidad del estado) y otros más referentes a la no discriminación de las leyes local y federal.

Acusan agresiones contra personas LGBTI y familias homoparentales

El discurso de odio promovido por el Frente Nacional por las Familias y por los líderes religiosos, advierte el asesor legal de Vida Plena, podría poner en riesgo a las personas del colectivo LGBTI (Lésbico, Gay Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero e Intersexual) y las familias homoparentales en el estado.

“Este tema si sigue escalando lo que va a generar es un clima de violencia donde quienes quedamos en situación de vulnerabilidad somos todas las personas que pertenecemos a la diversidad sexual”.

La organización refiere que ante el silencio de la Secretaría de Gobernación del estado, han empezado a documentarse agresiones, una de ellas, en el municipio de Tehuacán donde una familia lesboparental ha sido víctima de acoso al interior de una institución educativa en la que estudia su menor hija.

Hasta ahora, Vida Plena también da seguimiento y proporciona acompañamiento legal a otros actos de discriminación ocurridos en los últimos días y denunciados ante la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Aguardan que SCJN falle inconstitucionalidad del Código Civil

Fotos: Marlene Martínez

Ante la parálisis voluntaria de los órganos locales respecto del tema, en particular, del Congreso del Estado, las organizaciones de defensa de los derechos LGBTI, esperan que el máximo tribunal del país, declare la inconstitucionalidad del Código Civil al inicio del periodo ordinario de sesiones de la LXI Legislatura y con ello, finalmente quede legalizada la unión entre personas del mismo sexo en la entidad.

“Se ha venido discutiendo que no van a hacer una aprobación de la iniciativa del Ejecutivo federal pero el tema es que ya hay una jurisprudencia de la Corte en donde les obliga a modificar el Código Civil y en en algún momento lo van a tener que hacer”, precisa el abogado.

Adicionalmente, activistas denunciaron la semana antepasada durante una protesta al interior del Congreso del Estado, que éste órgano ha incurrido en prácticas dilatorias para demorar la ejecución de las sentencias a favor de seis amparos que han ganado parejas del mismo sexo para contraer matrimonio.

Las organizaciones no descartan interponer denuncias por responsabilidad civil en contra del Legislativo local frente a su negativa por discutir y votar el tema.