El Grupo de Trabajo hace un llamado al gobierno mexicano a avanzar en la transparencia, la consulta previa, la debida diligencia y el respeto a las personas y el medio ambiente
Durante su visita, el Grupo de Trabajo escuchó el testimonio sobre 81 casos de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales en Ciudad de México, Oaxaca, Guadalajara, Hermosillo y Xochicuautla

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El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos de la ONU en visita oficial a México se reunió con autoridades, empresas, organizaciones de la sociedad civil; personas y comunidades afectadas por diferentes actividades empresariales. Dichas reuniones permitieron al Grupo de Trabajo conocer el incumplimiento del deber del Estado de proteger los derechos humanos y de las empresas de respetarlos, así como de proveer un adecuado acceso a la justicia en caso de afectaciones a estos derechos.

Los testimonios que escucharon durante su visita Pavel Sulyandziga y Dante Pesce, expertos miembros del Grupo de Trabajo, fueron de personas y comunidades afectadas por las actividades empresariales por la falta de acceso a la información y a la consulta y consentimiento, violaciones a derechos laborales, impactos graves a la salud y medio ambiente; entre otros.

En Oaxaca se reunieron con comunidades afectadas principalmente por proyectos mineros, eólicos, de extracción de hidrocarburos, entre otros, y se presentaron 17 casos en total. Las personas asistentes hablaron sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por parte de las empresas, el gobierno local, estatal y federal; así como de la falta de información y garantías al derecho a la consulta libre, previa e informada como en el caso de Eólica del Sur.

[quote_right]En Guerrero, por ejemplo, se ejemplificó la semiesclavitud en los campos agrícolas, en donde las principales empresas responsables son extranjeras[/quote_right]

En Guadalajara, los expertos visitaron el río Santiago, donde les sorprendió el nivel de contaminación y los daños a la salud del corredor industrial en el que se vierten desechos de diferentes actividades empresariales, algunas de grandes empresas transnacionales. Los expertos determinaron que había “una catástrofe ecológica”. Posteriormente, el Grupo escuchó los testimonios de casos relacionados con las presas de El Zapotillo y Las Cruces, proyectos turísticos, proyectos mineros en Wirikuta y Zacualpan y con las maquilas de la industria electrónica; haciendo de su conocimiento casos de criminalización y amenazas a defensores de derechos humanos.

En Hermosillo, Sonora, el Grupo de Trabajo visitó a la comunidad de Ures para conocer en persona las afectaciones del derrame de lixiviados por parte de Buenavista del Cobre (subsidiaria de Grupo México), ocurrido en 2014 en los ríos Sonora y Bácanuchi. Luego se reunieron con representantes de diferentes comunidades. Las personas participantes hicieron énfasis en la negligencia y omisiones por parte del Estado para hacer cumplir la ley, la impunidad con la que operan las empresas afectando los derechos humanos, y las dificultades en el acceso efectivo a la justicia.

En Xochicuautla, Estado de México, comunidades indígenas, urbanas y rurales presentaron 28 casos sobre hidroeléctricas, minería, energía, infraestructura y privatización de agua. El pueblo de Xochicuautla solicitó al Grupo de Trabajo que “pusieran fin al ecocidio; la cancelación del proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, y que se terminen las persecuciones hostigamientos y detenciones a los indígenas”.

Los expertos se reunieron con al menos una decena de empresas, y Grupo Higa fue la única empresa que no respondió a la invitación de dialogar con el Grupo de Trabajo de la ONU.

En su visita en la Ciudad de México se ejemplificaron casos de todo el país. Entre ellos,  la situación del estado Guerrero en donde víctimas y organizaciones expusieron la situación de violencia, corrupción con autoridades y colusión con el crimen organizado en la que se desarrolla el trabajo de las empresas; ambiente que propicia un sinnúmero de violaciones a derechos humanos toleradas e impulsadas por autoridades estatales y federales. Asimismo, se ejemplificó la semiesclavitud en los campos agrícolas, en donde las principales empresas responsables son extranjeras.

El resto de casos se pueden consultar en el informe que presentaron al Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU una coalición de más de 100 organizaciones y movimientos sociales. En los 68 casos documentados se muestra que los derechos vulnerados con más frecuencia son: a la tierra y el territorio (32 casos), al acceso a la información (28 casos) y al medio ambiente sano (22 casos). Los sectores sobre los cuales se documentaron más abusos fueron: minería (11 casos), hidrocarburos (9), energía (8), construcción (8) y agroindustria (6). Además, en más de 50% de los casos se documentaron intimidación y amenazas en contra de opositores a proyectos empresariales.