Foto: Marlene Martínez
Karen de la Torre
Los 43 normalistas no estaban armados. Para defenderse de los ataques policiales usaron piedras y hasta un extinguidor. Los persiguieron. Todas las autoridades sabían sus movimientos, fueron monitoreados por el C4 (Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo: un mecanismo estatal para la coordinación de acciones en materia de seguridad pública, conectado a una red nacional de monitoreo). Los normalistas no atacaron directamente a nadie, iban a Iguala a botear y a tomar algunos autobuses que les servirían en la logística del evento conmemorativo de la matanza de Tlatelolco, Ayotzinapa sería la sede.
Han pasado 11 meses y Aldo Gutiérrez Solano, normalista de Ayotzinapa de 19 años, está “día y noche entre la vida y la muerte”, dijo esta tarde su padre.
El 7 de noviembre del año pasado, el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam preparaba lo que meses más tarde México conocería como “la verdad histórica” del caso Ayotzinapa: con tres testigos se condujo la investigación del paradero de los 43 normalistas hacia una sola dirección, los 43 habrían sido incinerados durante horas en un basurero de la zona de Colula, Guerrero.
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A finales del mes de enero de este año, Murillo Karam ratificó la versión de los tres testigos: “Es la verdad histórica de los hechos”, sentenció.
Hoy, a casi un año de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, esa versión no se puede sostener. El “Informe Ayotzinapa”, presentado este domingo 6 de septiembre por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lo dice: para incinerar los 43 cuerpos en el basurero de Cocula, serían necesarias 60 horas, 30 mil 100 kilogramos de madera y 13 mil 330 kilogramos de neumáticos. “Es científicamente imposible”.
“Ha quedado bien claro que lo del basurero fue una mentira, pero fue siempre una tortura para los padres pensar si es que sí pasó”, dice Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Fernández, en la rueda de prensa ofrecida en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, unas horas después de que se diera a conocer el informe.
Los ataques
El informe indica que “no hubo un uso adecuado, necesario, racional, ni proporcionado de la fuerza”. Hubo al menos nueve escenarios distintos en que policías atacaron a los normalistas, lo que representa “una actuación coordinada y compleja” por parte de la fuerza pública.
En el documento se detalla que la toma de autobuses es una práctica habitual y que de hecho, cuando esto ocurre, los choferes no dejan de percibir sus salarios. Del informe se desprende que la toma de autobuses no había causado este particular uso desmedido de la fuerza, si acaso la policía habría intervenido para obstaculizar dicha toma “pero no una acción masiva de ataque indiscriminado, atentados directos contra la vida, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, con ataque sostenido en el tiempo y un operativo coordinado y masivo”.
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Los escenarios:
- 21:30 horas, en la calle Galeana, persecución policial con disparos al aire;
- de 21:45 a 22:40 horas, en el cruce del periférico norte con Juan N. Álvarez, policías cerraron las calles, el sometimiento dejó heridos de gravedad;
- 21:40 horas, en la salida a Chilpancingo policías municipales golpearon a los normalistas y destrozaron uno de los autobuses en que se transportaban;
- entre las 22:00 y 23:00 horas, en la salida a Chilpancigo, policías obligan a los normalistas a bajar de un autobús tomado. Son perseguidos hacia un cerro.
- 23:30 horas, en el cruce de Santa Teresa, atacan por error el autobús del equipo de fútbol juvenil los Avispones;
- 23:40 horas, en el mismo lugar, heridos de gravedad por disparos;
- de 23:15 a 24:00 horas, entrada de Iguala, persecución a normalistas;
- a primera hora del día 27, ataque contra rueda de prensa; y
- entre la 1 y 2 de la mañana, es torturado y ejecutado un normalista en el camino del Andariego.
“Los datos referidos muestran el nivel de la agresión sufrida, el carácter indiscriminado de la misma (disparos contra civiles, desarmados y en actitud de huida), así como el aumento progresivo del nivel de agresión desde el inicio de la toma de autobuses (persecución y disparos al aire) hasta el bloqueo, disparos a matar, golpizas, preparación de acciones de emboscada, o persecución durante largo tiempo que se vivieron en distintos momentos”, se lee en el informe.
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Pendientes para la PGR
No obstante de la investigación exhaustiva, el grupo de expertos aún no puede determinar el paradero de los 43 estudiantes, el GIEI tiene la “esperanza” de que con esta investigación la PGR lo pueda hacer, por ello sugiere una nueva línea de investigación: “Investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas el móvil del traslado de estupefacientes”.
Asimismo quedan pendientes: realizar una segunda autopsia de Julio César Mondragón; investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad fue acorde a derecho y si cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación; investigar otros posibles responsables.
En su respectiva rueda de prensa, los padres de los 43 sostuvieron especial énfasis en que se debía capturar a los responsables de mayor nivel como Felipe Flores Velásquez, secretario de Seguridad Pública de Iguala en el momento de los hechos, Gildardo López Astudillo alias “El Cabo Gil” y Alejandro Tenescalco Mejía ex-miembro de la Policía Municipal, y además a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso de Ayotzinapa.
En cuanto a las acciones de búsqueda: la Procuraduría deberá examinar otros lugares compatibles con restos cremados, actualizar de manera constante el mapa de fosas y la investigación de casos de otros desaparecidos de Iguala, contar con una serie más amplia y de mejor calidad de las imágenes satelitales del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI); y, por supuesto, disponer la reparación del daño y mayores medidas de protección a los testigos, especialmente porque los mismos expertos sintieron condiciones de inseguridad al estar investigando el tema.
Arely Gómez González, la titular de la Procuraduría General de la República, comunicó más tarde que el informe se incorporaría a la investigación que se lleva sobre el caso, y atendiendo los señalamientos del grupo de expertos, la averiguación previa del caso Ayotzinapa será llevada por el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Asimismo, Gómez González precisó que se realizará un nuevo peritaje en la zona del basurero de Cocula “a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio”.
México no puede ser el mismo después de Ayotzinapa
El informe deja ver que para resolver el caso de los 43 normalistas, la Procuraduría General de la República construyó una teoría del caso no viable, además de que muchos de los testimonios fueron obtenidos mediante tortura. Ayotzinapa ha dejado un sinfín de recomendaciones y observaciones por parte de Organismos no Gubernamentales y la comunidad internacional. En este informe destacan las siguientes indicaciones:
-Tener un registro único nacional de personas desaparecidas. Cruzar estos datos con IFE, Segob, Relaciones Exteriores. Integrar al Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Establecer un registro nacional único de personas detenidas.
-Permitir la participación de familiares en la búsqueda. Crear una comisión de búsqueda de personas desaparecidas, de carácter mixto, con presencia de organizaciones de la sociedad civil y de víctimas. También constituir comisiones estatales de búsqueda de personas desaparecidas, con presencia de funcionarios responsables y con capacidad ejecutiva.
-Crear un programa nacional de exhumaciones.
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-Establecer las necesidades de los familiares y víctimas que permitan satisfacer el derecho a la verdad. Información, conocimiento, evolución del caso. Contar con un sistema de información periódica así como de escucha a los familiares y representantes. Promover proyectos de memoria histórica.
-Garantizar acceso a la información de violaciones de DDHH que se encuentren en instalaciones y archivos militares.
-Rechazar las pruebas obtenidas bajo tortura.
-Profesionalizar la Policía a todos los niveles con el propósito que sea un cuerpo civil y democrático, de carrera y especializado. Regular uso de la fuerza de acuerdo a estándares internacionales. Desmilitarizar las estrategias de seguridad en el país. Establecer mecanismos de control y vigilancia civil a las funciones de las fuerzas policiales y militares.
“La pregunta es: ¿a dónde están nuestros hijos?, ¿a dónde se llevaron a nuestros hijos?”, indicó antes de concluir con su intervención, el señor Mario César González Contreras, papá de César Manuel.
EL PEPO
