Foto: Ibero Prensa

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Los ciudadanos y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que rechazan las reformas al código electoral que se aprobaron en el Congreso del estado el pasado sábado, anunciaron que será a través de amparos en el tribunal electoral y acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como buscarán echar abajo los candados a las candidaturas independientes, es decir la llamada “ley antibronco”.

Acciones legales, que de acuerdo con Manuel Alberto Merlo Martínez –ex candidato independiente a diputado federal en la pasada contienda electoral— serán acompañadas y apoyadas por el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla.

Merlo Martínez, uno de los opositores a los candados que impiden de facto la posibilidad de que cualquiera se postule a cargos de elección popular sin la intermediación de los partidos políticos, explicó también que buscan involucrar al mayor número de ciudadanos, pues los formatos de los amparos se subirán a redes sociales y páginas electrónicas para que cualquiera pueda bajarlos, firmarlos y presentarlos.

En rueda de prensa en la que participaron organizaciones como Puebla Vigila, Contingente Puebla, Congreso Nacional Ciudadano, Movimiento G2G y académicos de la Ibero Puebla, entre otros también se lanzó un cuestionamiento público para que el recién electo presidente estatal del PAN, Ricardo Anaya fije postura sobre la decisión de los diputados de su partido de cerrarle la puerta a las candidaturas independientes.

Pues mientras en Veracruz el Comité Ejecutivo Nacional del PAN promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma electoral, en el caso de Puebla han hecho mutis sobre los candados a los candidatos independientes.

Al respecto, Juan Luis Hernández Avendaño, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla, calificó a la reforma electoral de “primitiva, retrógrada” y de ser “la más antidemocrática de todo el país” y cuestionó que Ricardo Anaya usó un discurso prociudadano para ganar la presidencia del PAN, “cuando en Puebla vemos acciones de su partido anti-ciudadano”, pues la reforma “muestra una postura política contra toda intervención ciudadana”.

Y cuestionó: “¿por qué tienen miedo los políticos a la participación ciudadana?” y después ensayó una respuesta: la participación de los ciudadanos hoy parece atentar contra los intereses y negocios que se hacen al amparo de la oscuridad y la política, por eso no quieren que participemos. Los ciudadanos parece que nos hemos convertido en los enemigos de los políticos. Se gobierna y se legisla contra los ciudadanos”.

En tanto Miguel Calderón Chelius, coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de esa casa de estudios, aseveró que la aprobación de dicha ley no exhibe más que el temor de la clase gobernante ante el inminente castigo para aquellos políticos que no han sabido escuchar al pueblo. “Pedir 130 mil firmas, obligar a las personas a acudir a la oficinas del INE a firmar es una simulación de los diputados, es mejor que nieguen la participación a los candidatos independientes en lugar de fomentar este tipo de prácticas absurdas”.

Invitaremos a diputados

Merlo Martínez explicó a su vez que buscarán que se promueva la acción de inconstitucionalidad por tres vías posibles: que sea un partido político local el que la promueva, que la Comisión de Derechos Humanos de Puebla tome el caso y pida a la SCJN que atraiga la denuncia, o que 14 diputados firmen el documento legal para combatir jurídicamente la decisión de la mayoría morenovallista, sobre este último punto aclaró que invitarán a los 13 diputados que votaron en contra de la “ley antibronco” sumarse a esa posibilidad.

[quote_box_right]En rueda de prensa también se lanzó un cuestionamiento público para que el recién electo presidente estatal del PAN, Ricardo Anaya fije postura sobre la decisión de los diputados de su partido de cerrarle la puerta a las candidaturas independientes.[/quote_box_right]

A la par, dijo, “vamos a convocar a movilización ciudadana por la vía legal. Vamos a trabajar sobre un amparo que vamos a compartir a través de redes sociales e internet para que los ciudadanos puedan descargar el amparo y firmarlo a su nombre. Estamos intentando demostrar a los partidos que votaron por la regresión que estamos en contra de su autoritarismo”.

OSC critican

En la rueda de prensa, los activistas e integrantes de las OSC presentes cuestionaron la aprobación de la reforma que de facto impide a los candidatos independientes poder competir en el proceso electoral del 2016, pues sólo otorga 20 días para la recolección de más de 131 mil firmas, prácticamente 4 firmas por minuto.

Foto: Ibero Prensa

Así, Luis Soriano, presidente de Voz Ciudadana, recordó que los legisladores morenovallistas han aprobado leyes ilegítimas y que violan los derechos humanos de las personas como las reformas a la ley orgánica municipal que provocó la manifestación en Chalchihuapan, la ley bala y la ley de expropiación, entre otras.

Al respecto, Gabriel Hinojosa, ex presidente municipal de Puebla y actual dirigente del grupo G2G, cuestionó “el silencio vergonzante del PAN a nivel nacional” quien no se ha pronunciado sobre los candados a las candidaturas independientes.

Y Merlo Martínez concluyó: “En un estado en donde el autoritarismo es tan visible por las leyes que aprueba a espaldas de la ciudadanía no se puede quedar la sociedad civil organizada de brazos cruzados. Y eso es esto, una lucha de sociedad civil contra la partidocracia que busca acorazarse frente a una exigencia legítima de todos los ciudadanos a favor de las candidaturas independientes”.

En la UPAEP también cuestionan

Alejandro Guillén Reyes, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), rechazó que pueda calificarse de anticonstitucional a la reforma, pero reconoció que se trata de una ley que pone barreras a la participación ciudadana en las candidaturas independientes, por encima de los límites que se marcó a nivel federal.

Y calificó de “abusivo” y “absurdo” el hecho de que los ciudadanos que quieran apoyar a un candidato independiente deban presentarse en los inmuebles del órgano electoral a llenar el formato y firmar en presencia de observadores de los distintos partidos políticos.

Y concluyó: “esta ley limita en mucho el derecho de los ciudadanos de ser votados y participar en una elección como candidatos lejos de la estructura de los partidos, y elevará el costo político al grupo que lo haya promovido”.