Daniela Pastrana | IPS

México. “¿A largo plazo, qué nos va a dar la regulación de las autodefensas? ¿Crees que yo tengo aptitudes o vocación profesional para ser policía?”, pregunta Juan Carlos Trujillo, un activista por la paz del estado mexicano de Michoacán.

Desplazado por la violencia y con cuatro hermanos desaparecidos, Trujillo, de la localidad michoacana de Pajacuarán, no espera mucho de la última estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para enfrentar la guerra que se libra en ese estado del sudoccidente.

Tomada de proceso.com.mx/

Los protagonistas de la batalla son, por un lado, los Caballeros Templarios, el principal cártel del narcotráfico asentado en la región y, por el otro, las autodefensas de Michoacán, una suerte de confederación de grupos civiles armados ilegalmente, que se conformó en abril de 2013, ante la falta de respuesta estatal para garantizar su seguridad.

Después de meses de enfrentamientos armados, que llegaron a un punto culminante en enero, las autodefensas acompañaron a efectivos policiales y militares en la toma el domingo 9 del municipio de Apatzingán, considerado un bastión de los templarios, sin disparar un solo tiro y sin capturar a ningún capo de ese cártel.

Unos 100 miembros desarmados de las autodefensas realizaron una marcha por la paz y aseguraron que no se irán del municipio “hasta que no se limpie”.

Esta operación sigue a la firma, el 27 de enero, de un insólito convenio entre el gobierno de México, el gobernador michoacano, Fausto Vallejo, y los líderes de las autodefensas, que responde a la decisión de Peña Nieto de incorporar a 10.000 civiles armados ilegalmente en Michoacán a los Cuerpos de Defensa Rurales de las policiales municipales.

El primero de los ocho puntos de ese acuerdo establece que “las autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los Cuerpos de Defensa Rurales”. Para ello deberán presentar una lista con los nombres de sus integrantes, y el registro será controlado por el ejército mexicano.

Las autodefensas también se obligan a registrar las armas que poseen o portan, en tanto que las fuerzas federales se comprometen “a dotarlas de las herramientas necesarias para su comunicación, traslado y operación”.

En el complicado rompecabezas de Michoacán, el acuerdo no convence a nadie.

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