Santiago Navarro | La Voz de los Xichés, Centro de Medios Libres, Agencia Subversiones y Veredas Autónomas

México. No se puede hablar del caso Álvaro Sebastián y de los presos políticos loxicha sin antes hablar del contexto económico, político y social de Oaxaca, pues es uno de los referentes más importantes del descontento social de esta última década. Se trata de un descontento que se expresó en la movilización de más de dos millones de personas en las calles y que tuvo como efecto una represión y persecución masiva de los inconformes, que dejó 26 asesinatos, más de 500 detenidos y alrededor de 380 casos de tortura. Esta Oaxaca es al mismo tiempo un referente de la inversión nacional y extranjera para quienes la consideran un espacio geoestratégico para la nueva economía verde.

Tomada de desinformemonos.org/

El Índice de Confianza de la Inversión Extranjera Directa, elaborado por la firma global de consultoría A.T. Kearney, señala que México se encuentra dentro de los 10 países más confiables para invertir. La Encuesta de Perspectivas Mundiales de Inversión 2013 – 2015 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), indica que México es el séptimo destino prioritario para la inversión en el mundo.

Dentro de México, Oaxaca ocupa un papel determinante como parte del stock mundial de recursos naturales que sirven para potenciar lo que se conoce como “Economía Verde”, pues es considerado como un espacio estratégico que promete un sorbo de oxígeno a un sistema económico que da patadas de ahogado.

Oaxaca es uno de los tantos lugares donde se desarrollan megaproyectos de gran alcance, como la construcción de un conjunto de parques eólicos -considerado uno de los más importantes de Latinoamérica-, presas hidroeléctricas, siembra de monocultivos de palma africana, así como el decreto de Áreas Naturales Protegidas y patentes de la biodiversidad, entre otros. Al mismo tiempo que se promueven las energías limpias y la mercantilización de los ecosistemas y comunidades en su conjunto, se promueve la minería a cielo abierto, la industria forestal, la producción de maíz y alimentos transgénicos, la construcción de cárceles privadas y se proyecta infraestructura a gran escala, como la construcción de carreteras para la circulación de mercancías, infraestructura para la administración y flujo de la energía.

Todos estos proyectos están enmarcados dentro del Plan Puebla Panamá (PPP) implementado desde el 2001 y renovado con el nombre de Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica o “Proyecto Mesoamérica”. Varios analistas lo conocen como la segunda fase o la continuidad del PPP, que se pinta de verde a través de, entre otras cosas que se pueden encontrar en su portal oficial, las nuevas líneas de inversión sobre energías limpias o renovables y bioenergéticos.

La gran mayoría de estos proyectos no benefician directamente a las comunidades, como es el caso del proyecto eólico en el Istmo de Tehuantepec, donde la gente resiste para detener este proyecto devastador, como lo dice uno de los miembros de la barricada de la Séptima sección de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, quien actualmente está escondido por tener una orden de aprehensión.

Estos proyectos se implementan sin consulta alguna hacia las comunidades indígenas y campesinas, o peor aún, mediante mentiras porque no todos los pueblos entienden y hablan bien el español, o por medio de la compra de autoridades y personalidades con cierto poder. Si estos mecanismos no funcionan, se fragmentan las comunidades y se crean grupos de choque que permiten la intervención de la policía o el ejército para mantener el orden y la paz que requieren los inversionistas para dar continuidad a sus proyectos.

Este es el contrate de un Oaxaca atractivo para las grandes inversiones transnacionales; el otro Oaxaca ocupa el tercer lugar en pobreza y pobreza extrema de las 32 entidades federativas de México. Según el Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Oaxaca 2012 (CONEVAL), más del 70 por ciento de la población oaxaqueña sobrevive con una economía por debajo del salario mínimo. Comunidades enteras se vieron obligadas a migrar a otras entidades o hacia Estados Unidos, principalmente. Algunos de los que se quedan se organizan y luchar por mejorar su situación o para detener el despojo de sus bienes comunes.

Álvaro Sebastián Ramírez, preso injusta e ilegalmente, es reconocido como un luchador social que lucha desde los años setenta, que preocupado por las condiciones de su región, se vio en la necesidad de organizarse para mejorar la situación que ha vivido su gente, señala Erica Sebastián, hija del preso político. La joven también comenta que su padre sabía que su encarcelamiento podría suceder si decidía luchar por una vida más justa y digna. “Yo sabía que por mi lucha en algún momento me meterían preso o me matarían y quizás ningún abogado podría sacarme, porque en este país no hay justicia”, señaló anteriormente el preso.

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