Daniela Pastrana | IPS

México. Radio Totopo nació el 16 de febrero de 2006 en el barrio de Pescadores, el más antiguo y marginado del municipio de Juchitán, en el sureño estado mexicano de Oaxaca. Pero en la actualidad sigue clausurada por las autoridades, mientras el proyecto de ley de telecomunicaciones continúa su trámite.

Los habitantes de La Séptima, como se conoce popularmente el barrio, dicen que la emisora es de todo el pueblo. Totopo, que como la mayoría de las radios comunitarias y comerciales en México carece de permiso oficial, transmite 90 por ciento de su programación en diidxazá, la lengua de los indios zapotecos.

Tomada de radio-huarache.blogspot.mx/

En los últimos años, Radio Totopo acompañó a campesinos y pescadores binnizá, como se llaman a sí mismos los zapotecos de la región, en la resistencia a la instalación de un parque eólico por parte de la empresa española Gas Natural Fenosa en terrenos comunales del Istmo de Tehuantepec.

La Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio denunció que el proyecto fue presentado con engaños a los campesinos y algunos, al no hablar español y no tener traducción, firmaron los contratos de arrendamiento de sus parcelas en total desventaja y violentando el derecho de los pueblos originarios a la información y a la consulta.

Totopo realizó por seis meses la traducción de los contratos al idioma zapoteco, los transmitió e implementó campañas sobre el proyecto hasta el 26 de marzo, cuando policías estatales desmontaron la emisora, quitaron los cables de luz y de audio y se llevaron su transmisor y una computadora, en el marco de una acción de desalojo del predio en disputa.

El coordinador de la radio, Carlos Sánchez, sufrió fractura de un brazo durante el operativo y ahora permanece oculto ante la posibilidad de ser detenido, como lo fue por varios días Mariano López Gómez, dirigente del movimiento opositor de los parques eólicos, al que acusaron de extorsión a funcionarios.

Todo eso ocurrió mientras en el Congreso legislativo nacional se discute una compleja iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, comprometida por el presidente Enrique Peña Nieto en el multipartidario Pacto por México, que responde a añejos reclamos de grupos de la sociedad civil que pugnan por el derecho a la información.

«La iniciativa recoge muchas demandas que como sociedad hemos tenido durante tres décadas, por lo que gran parte de su contenido no es un mérito cupular sino producto del estudio de especialistas y de la movilización social», destacó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) luego de presentarse el 11 de marzo en el parlamento.

Entre otros temas, la organización no gubernamental destaca el reconocimiento constitucional de las radios, que tendrán «concesiones sociales» y la obligación del Estado de garantizar el derecho a la libertad de expresión por todas las plataformas existentes.

«El reconocimiento constitucional es muy importante, no es menor. Si no se nombran es como si no existieran, por eso nuestra pelea por ser reconocidas por ley porque dicen que somos ilegales», explicó a IPS la abogada Gisela Martínez, del capítulo mexicano de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc).

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