Lado B

Los niños “invisibles” en Europa o menores indocumentados que ingresan a este continente para buscar mejores condiciones de vida, representan uno de los problemas serios que, aunado a la crisis financiera, se ha venido incrementando con el paso de los años.

Las personas en situación de migración irregular representan uno de los más vulnerables grupos en Europa hoy en día; sin embargo, los menores indocumentados, con frecuencia se sitúan entre las grietas de la estructura jurídica que podría protegerlos. A pesar de las muchas normatividades legales que existen en instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos que garanticen su acceso a cuestiones civiles, económicas, sociales y culturales, los niñ@s indocumentados todavía se enfrentan a un sinnúmero de obstáculos para el ejercicio de sus derechos fundamentales para acceder a la salud, vivienda y educación.

Se estima que en la Unión Europea hay entre 1.6 y 3.8 millones de inmigrantes indocumentados; de éstos, hasta el momento no existen cifras confiables sobre qué porcentaje de ellos son niños y niñas. La mayoría proceden de otros países europeos como Hungría y Rumania, pero también una gran cantidad llega de Iraq, Pakistán, Afganistán y Nigeria, países en los que conflictos armados han generado una migración masiva.

«Pese a los esfuerzos de la Comisión Europea para promover regulaciones armonizadas, el marco normativo del bloque para la protección de niños inmigrantes indocumentados todavía es bastante diverso», señaló María Grazia Giammarinaro, representante especial y coordinadora del combate al tráfico de seres humanos en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Organizaciones como la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados (Picum) han dado la voz de alarma sobre la necesidad de garantizar los derechos humanos básicos de los niños «invisibles» de Europa.

«Los niños indocumentados están ante una triple vulnerabilidad: como niños, sobre todos; como migrantes, y a causa de su estatus irregular», dijo a IPS la activista Michele LeVoy, de Picum.

Continúe leyendo el reportaje completo de Sabine Clappaert publicado en IPS-Noticias en el siguiente link.