Emilio Godoy | IPS

Sinanché, Yucatán. Los habitantes de San Crisanto, un ejido emplazado en una zona idílica del sudoriental estado mexicano de Yucatán, aprendieron a valorar los recursos naturales, y cuidándolos crean empleos y dinero.

La iniciativa de San Crisanto, que combina ecoturismo y otras actividades productivas, es un modelo para otras comunidades situadas a lo largo de la costa mexicana sobre el mar Caribe, rica en diversidad biológica y expuesta a los imprevistos meteorológicos.

El visitante puede recorrer en lancha las vías acuáticas, nadar en los cenotes –ojos de agua dulce y cristalina–, cazar, hospedarse en cabañas ecológicas y comprar artesanías y alimentos elaborados con coco. En 2012 recibieron 12.000 visitas, aunque su capacidad es para 50.000, según los pobladores del ejido.

Tomada de ipsnoticias.net/

Además, se «trabaja mucho en la educación. La mayoría de la gente tiene conciencia sobre la importancia de cuidar los recursos. Los cuidamos por el cambio climático, ante los huracanes», afirma Reyes Cetz, de 44 años y uno de los 35 ejidatarios, a Tierramérica.

La ciencia no puede determinar si ciclones muy potentes y destructivos ocurridos en los últimos años son atribuibles al cambio climático. Pero es muy probable que el recalentamiento de la atmósfera incida en la intensidad y frecuencia de eventos extremos. En 1995, los huracanes Opal y Roxanne arruinaron los manglares de San Crisanto, situada 1.400 kilómetros al sudeste de la capital de México. Primero, los pobladores se organizaron para reducir los daños, y luego para fortalecer el ecosistema, trazando canales de agua para que esta fluyera libremente.

«Los manglares se restablecieron rápido, porque las corrientes hídricas transportaron los nutrientes. Al haber más manglares, hay más aves, peces y cocodrilos», describe José Loria, de 56 años y director de operación del ejido, que en 2001 creó la Fundación San Crisanto.

El ejido es un sistema precolombino, restablecido en la década de 1930, que se basa en la tenencia y explotación comunal de tierras públicas. El de San Crisanto se gestionó en 1957, cuando un grupo de campesinos solicitó al gobierno estadual terrenos para sembrar coco. La autorización llegó tan solo en 1973.

La comunidad posee 850 hectáreas de manglares y 100 de cocoteros, en las que desarrolla, además de ecoturismo, agricultura, artesanías y extracción de sal.

Ahora «nos dedicamos a vender paisaje. Hemos creado un aparato corporativo para aprovechar los recursos. Aquí no combatimos la pobreza, mejoramos la calidad de vida», dice Loria.

El ingreso promedio de cada ejidatario es de 6.000 dólares al año, provenientes del ecoturismo, la extracción de sal y el pago de servicios ambientales como reforestación y protección del manglar. Y las actividades dan empleo a 300 personas.