Lado B

Desde el pasado 30 de enero la secretaría de Gobierno del estado de Oaxaca (Segego) ha enviado a delegados para negociar la situación del bloqueo que existe desde el 29 de octubre en la Colonia Álvaro Obregón, para impedir a la empresa Mareña Renovables la entrada a la Barra Santa Teresa, ya que existe un amparo judicial que le prohíbe la entrada. Dicha empresa pretende construir 132 turbinas de viento.

Según información de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio (APIIDTT), a dichos funcionarios, que iban acompañados de policías estatales, se les dijo que “si querían diálogo, que bajara Gabino Cue, o el titular de la Segego para dialogar, que ya no aceptarían enviados, porque todo lo que se firmaba y dialogaba lo echaban por la basura”.

Tomada de sipaz.wordpress.com

La APIIDTT denunció que la noche del 1 al 2 de febrero se dieron varios enfrentamientos entre más de 400 elementos armados de la policía estatal de Oaxaca y comuneros de Álvaro Obregón y de otras comunidades de la zona en una operación policial que se llevó a cabo sin orden judicial. El último enfrentamiento se derivó a partir de que “más tarde la policía estatal detuvo a tres pescadores quienes se dirigían con sus equipos a la pesca”, y que fueron liberados el 3 de febrero.

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de la empresa Mareña Renovable, Jonathan Davis Arzac, lanzó la advertencia de que el proyecto eólico de San Dionisio del Mar se irá a otro estado si no se les ofrecen las garantías para la inversión.

El 3 de febrero, Mariano López Gómez, activista comunitario que se opone a la construcción de turbinas eólicas cerca de las localidades de Álvaro Obregón y San Dionisio del Mar, en la costa pacífica del estado de Oaxaca, recibió una llamada telefónica amenazadora. Se cree que el autor de la llamada es un pistolero local, que dijo a Mariano López Gómez que deje de ir a la localidad de Álvaro Obregón.

En los últimos comunicados de la APIIDTT se denuncia la situación de algunos defensores de derechos humanos opositores al parque eólico, “como Bettina Cruz Velázquez y Rodrigo Flores Peñaloza, [que] han tenido que alejarse de la región pues los asesinos a sueldo se han apersonado en su casa, pero siguen activamente en la resistencia. Mareña y el Gobierno Estatal trataron de forma directa de comprar la integridad de distintas personas del movimiento, como hicieron con el pescador Jesús Gutiérrez”.

Comuneros de San Dionisio del Mar obtuvieron a través del Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Salina Cruz, un amparo el cual señala la suspensión de toda actividad en el núcleo de población en la Barra Santa Teresa por la empresa Mareña Renovables, que se ha quejado pero cuya queja fue desechada dos veces por el juez de distrito.

Asimismo, las comunidades de Santa María Xadani, San Mateo del Mar, Colonia Álvaro Obregón, San Francisco del Mar, San Dioniso del Mar, Juchitán de Zaragoza y Unión Hidalgo han interpuesto una queja ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) contra el Proyecto Eólico Mareña Renovables (PEMR), que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre otras entidades financieras.

En este contexto, Amnistía Internacional lanzó una alerta pidiendo a sus simpatizantes escribir a las autoridades instándolas a garantizar la seguridad de Mariano López Gómez, Lucila Bettina Cruz Velázquez, los miembros de las comunidades de Álvaro Obregón y San Dionisio del Mar, en el estado de Oaxaca, y los defensores y defensoras de los derechos humanos que protestan contra la construcción de un parque eólico; a ordenar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre los ataques y la intimidación, y a llevar a los responsables ante la justicia; y a garantizar que, sobre la base de información fiable y exacta sobre el impacto del proyecto, se obtiene el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas por el parque eólico, que se cumple la orden vigente de suspensión de la construcción, y que la policía respeta el derecho de las comunidades a protestar pacíficamente.