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Lado B

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El 6 noviembre de 2001 fueron encontrados los cadáveres de Claudia Ivette González, de 20 años; Esmeralda Herrera Monreal, de 15, y Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17 años, en un predio de Ciudad Juárez conocido como Campo Algodonero. El descubrimiento de sus restos dio indicios de que fueron violadas con extrema crueldad, así como nadie hizo nada por localizarlas, a pesar de que su desaparición fue reportada meses antes a las autoridades. Al siguiente día, otros cinco cadáveres fueron encontrados cerca de ese mismo lugar.

11 años han transcurrido desde el hallazgo de los 8 cuerpos en Ciudad Juárez, mismos que se suman al centenar de mujeres que han desaparecido en el norte del país.

Un reportaje de Lourdes Godínez Leal, publicado en CIMAC, da a conocer que la CIDH precisa que “mientras en 2007 se registraron 53 asesinatos de mujeres, en 2010 hubo 584 casos de feminicidio. A esas cifras se suman las 183 desapariciones en el primer semestre de 2012, además de los 12 cuerpos encontrados en el Valle de Juárez a principios de este año. La Fiscalía General de Justicia estatal reportó que en 2010 ocurrieron 445 homicidios de mujeres en el estado, de los cuales 380 están en investigación, 40 fueron declinados a otra jurisdicción, sólo 20 casos fueron consignados y 5 quedaron en reserva. Ello quiere decir, enfatiza el Cedehm, que 95 por ciento de los asesinatos de mujeres en Chihuahua no han sido resueltos”.

Asimismo, la Revista Contralínea realizó una investigación en 2010 en la que señalaba que en Ciudad Juárez existía complicidad entre autoridades locales y el crimen organizado en estos casos: “a finales de la década de 1990, empezaron a divulgarse los nexos entre el feminicidio de Ciudad Juárez, algunos policías locales y la mafia juarense, sicarios y secuestradores. Tres agentes federales que investigaban los vínculos de La Línea fueron detenidos por policías vinculados a ésta; fueron encarcelados en 1998 por secuestro: hubo testimonios de testigos que nunca aparecieron”.

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Un sexenio sin respuestas claras

En noviembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez, por los casos Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González.

Cabe señalar que la militarización de Ciudad Juárez, representó un incremento en los casos de feminicidio y desaparición de mujeres en la entidad: Incluso el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) señala que “el número de asesinatos de mujeres que ocurría en una década en el estado, ahora ocurre en sólo un año.

Julia Monárrez Fragoso, profesora e investigadora en El Colegio de la Frontera Norte con sede en Ciudad Juárez, señalaba en 2002 que el gobierno mexicano carecía de una estrategia integral para resolver los asesinatos de mujeres en este estado, debido a que no se permitía el acceso a los expedientes de las mujeres asesinadas para corroborar el número exacto de mujeres asesinadas, así como la violencia con que fueron asesinadas y si realmente los asesinos están convictos; la participación de criminólogos extranjeros y nacionales no representaba un trabajo en conjunto.  Asimismo, señalaba la necesidad de dar un trabajo uniforme de la “Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios en Contra de Mujeres”, ya que sus titulares –hasta 2002- habían cambiado en cuatro ocasiones, entre otras.

Calderón se va sin resolver feminicidio

Ciudad Juárez. Lourdes Godínez Leal (CIMAC).- Aunque los homicidios de las jóvenes Laura Berenice, Claudia Ivette  y Esmeralda –cuyos restos fueron encontrados en Campo Algodonero– ocurrieron en 2001, correspondió a la saliente administración federal cumplir con la sentencia de la CoIDH.

Pero no fue así. A tres meses de que concluya el sexenio, Calderón queda a deber –además del castigo a los responsables de los crímenes– la creación de una página web de mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua desde 1993 a la fecha.

Asimismo, la implementación de una base de datos con la información de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, y otra con información genética y muestras de células de familiares de personas desaparecidas, a fin de que el Estado mexicano pueda localizar a las víctimas.

También queda pendiente una base de datos genéticos y celulares de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que haya sido asesinada en Chihuahua.

En cuanto a las indagaciones del caso Campo Algodonero, la administración calderonista aseguró en dos ocasiones ante la CoIDH que había un “avance” en las pesquisas, aunque siempre presentó a la Corte Interamericana a quien desde hace 11 años es considerado el presunto culpable de sólo uno de los tres asesinatos.

Lea el reportaje completo aquí.

Para mayor información visite Campo Algodonero.