El Yaqui se parece mucho a un bandido de vieja escuela: es nómada y nunca se sabe de dónde viene ni cuál es su medio de transporte. Una bolsita de plástico con rastrillo y cepillo de dientes colgada en algún árbol indica que anda cerca. Nunca trae dinero, pero tampoco pasa hambre. El desierto que se extiende entre el norte de Sonora y el sur de Arizona, con sus brechas y fronteras, es su hábitat natural. Parece que alguna vez fue mafioso y llegó a tener todo. Ahora consigue trabajo de vez en cuando: cuidar paquetes de marihuana en algún rancho o llevarlos a cuestas.

Yo también me sorprendí el día que lo vi en un noticiero nacional exigiendo que se aclarase el caso de la desaparición de sus tres hermanos en el municipio de Saric, Sonora: “Vamos y nos quejamos y nos dicen que no pasa nada, que todo está bien, y ¿cómo chingados no va a estar pasando nada si me desaparecen tres carnales? En una fosa, sabrá Dios dónde estén”.

Los tres hermanos Mendoza fueron levantados en su domicilio en una noche a principios de 2010 como parte de la estrategia de un grupo de narcotraficantes conocido como “Los Gilos” —que los rumores locales vinculan con Los Zetas— para apoderarse del control total de los municipios de Saric y Tubutama e impedir a otros grupos utilizar ese paso fronterizo. Se llevaron a los tres hermanos casi al azar, sin investigar mucho cuál era ranchero y cuál burrero. Se trataba de atacar a la familia en su conjunto. Desde entonces, el Yaqui no ha parado de buscar a sus hermanos: ha levantado denuncias, ha hecho declaraciones en los medios, incluso le escribió una carta al gobernador Guillermo Padrés que le entregó durante el programa “El gobernador en tu colonia” en Altar, Sonora.

¿Por qué habría de sorprendernos que alguien que vive con un pie metido en un mundo ilícito se ponga el traje de ciudadano y exija al Estado una investigación judicial? Sorprende porque está de moda pensar a los narcotraficantes no como ciudadanos mexicanos sino como un ejército enemigo (“los malos”): porque la diferencia entre un sicario, un burrero, un secuestrador y un narcomenudista se borra en “la guerra contra el crimen organizado”. Y porque resulta que personas como el Yaqui tienen perfectamente claro que sus hermanos tienen por lo menos derecho a una investigación judicial y a una sepultura.

Basta acercar un poco la mirada a las historias que la violencia ha ido dejando en el país para que los extremos imaginarios del bien y el mal se diluyan en una compleja gama de personas en situaciones más o menos ilícitas que, nos guste o no, son población civil. La decisión del Yaqui de acudir a las autoridades en busca de ayuda sorprende también porque contradice el lugar común de la “cultura de la ilegalidad” en México: en vez de mostrar una sociedad que se resiste a aceptar un orden legal, muestra una sociedad pidiendo evidencias y procedimientos legales y un Estado incapaz de satisfacer esa exigencia.

En torno a las desapariciones forzadas, el reclamo de intervención judicial es particularmente tenaz y de largo aliento. La imposibilidad de concluir el duelo, la tenue esperanza de que los desaparecidos estén vivos, o simplemente el mandato de dar digna sepultura a un familiar hace que cientos de personas de absolutamente todos los estratos sociales se embarquen en verdaderas cruzadas. Personas solas o en asociación con otras se echan a cuestas la tarea de conducir investigaciones que muchas veces las ponen en peligro.

Lo que relato aquí retoma testimonios recogidos durante un mes en los estados de Sonora y Baja California. Son experiencias muy distintas entre sí, aunque se trate de dos estados vecinos geográficamente. En Sonora no existe todavía una asociación que reúna y brinde apoyo a familiares de desaparecidos, a pesar de que el fenómeno ha aumentado notablemente en los últimos años. El señor Nepomuceno Moreno Núñez, asesinado en Hermosillo, en noviembre de 2011, por buscar a su hijo desaparecido, no contaba con una red local de familiares que le ayudara a protegerse. En cambio en Baja California hay tres importantes organizaciones: Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Asociación Esperanza Contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad, y Asociación Ciudadana Contra la Impunidad. Cada una de ellas trabaja de manera activa sobre más de cien casos. Hay poco más de cuatrocientos casos registrados en la Fiscalía de Baja California. Sin embargo, las asociaciones llevan un registro propio donde se documentan casi dos mil casos en el estado. El más antiguo es el caso de un jornalero desaparecido en 1993 y el más reciente el del joven Ramírez Soto presuntamente desaparecido por policías municipales de Mexicali a principios de 2012.

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