Alfredo Figueroa Fernández, consejero electoral, aseguró que las restricciones que impuso el Instituto Federal Electoral (IFE) a los gobiernos federal, estatal y municipal para restringir la publicidad y propaganda gubernamental no involucran a la información que de acuerdo con la ley debe ser publicada en los portales de transparencia.
En entrevista, el consejero electoral explicó que la veda electoral sólo restringe a los gobiernos difundir y promocionar las obras y acciones que pudieran influir en las elecciones.
“He sabido de esas prácticas, el IFE no tiene nada que ver en eso, la transparencia es una obligación y es permanente. Lo único que está prohibido es la promoción de los logros de gobierno en época de campaña. No hay ninguna restricción al ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que es obligación de todo gobierno”.
La declaración de Figueroa Fernández se produjo luego de que Lado B diera a conocer que el gobierno de Rafael Moreno Valle decidió dejar de actualizar la información de sus páginas de transparencia con el argumento de que el acuerdo 247/2011 del Consejo General del IFE se lo impide.
En el espacio electrónico en el que usualmente se publica la información gubernamental aparece la leyenda: “En cumplimiento con el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral 247/2011, la información que compete a esta fracción, será actualizada hasta el término del proceso electoral”, y la última actualización data del 30 de marzo pasado.
Llama la atención que la administración morenovallista cite el acuerdo 247/2011, pues el que establece las reglas para este proceso electoral es el 75/2012 y fue publicado por el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de marzo.
Al respecto la presidenta del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, Lilia Vélez Iglesias, calificó de excesivo y erróneo “el apagón informativo gubernamental».
Cuestionada al respecto, la académica sostuvo que la decisión de no actualizar la información de transparencia en las páginas del gobierno de Rafael Moreno Valle se basa en una interpretación inadecuada y errónea del acuerdo del IFE.