La Ley de Ingresos 2012, que propuso el gobernador Rafael Moreno Valle y aprobaron los diputados del Congreso poblano, ha sido en algunos puntos, fuente de polémica por el rechazo que ha generado entre los ciudadanos. En materia de transparencia la ley obligaba a los ciudadanos que solicitaban la información a pagar 80 pesos por cada una de las copias certificadas en las que se contuviera la información solicitada. La medida generó de inmediato protestas, lo que obligó a que se hiciera una reconsideración sólo en cuanto a la información que sea solicitada con base en la ley de transparencia.
Lo mismo sucedió con el Registro Público de la Propiedad, cuyos servicios pasaron de 65 a 500 pesos por la información. El abogado Abelardo Cuellar, decidió amparase ante este incremento y logró que el Juez Sexto de distrito, se lo otorgara, lo que crea un antecedente importante, ya que se afirma que los incrementos mencionados son anticonstitucionales.
Es muy claro, pero parece que no para las autoridades, que los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, no deben ser incrementados y mucho menos en esa proporción escandalosa, que deja fuera de toda posibilidad de conocer la información a quién no tenga miles de pesos para poderla solicitar.
Es una buena muestra de que los ciudadanos tenemos todo el derecho de saber todo lo que se refiere al ejercicio gubernamental en todos los niveles, sin que esto ocasione un gasto excesivo para quién lo solicita o que no pueda pagar. Esto limitaría seriamente el derecho ciudadano a estar informado. Por lo tanto, el que los jueces reconozcan la inconstitucionalidad de esta medida, permitirá que los ciudadanos podamos exigir nuestro derecho a la información de manera sencilla y sin costos tan altos.