México, DF. (apro-cimac). En espera del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podría dejarla en libertad, Adriana, una indígena tlapaneca de 25 años de edad, lleva seis años encarcelada por el supuesto delito de “homicidio en razón de parentesco”, cuando en realidad sufrió un aborto espontáneo.

Víctima de un proceso judicial irregular –a decir de su defensa legal– y en el que se le condenó en segunda instancia a 22 años de prisión, Adriana también padeció el rechazo y estigma de los habitantes de la aislada comunidad de El Camalote, municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero.

La siguiente es su historia.

En 2006 la indígena tenía 19 años de edad y se dedicaba a cuidar chivos en el campo para ganarse 20 pesos diarios y así mantener a sus dos hijos, pues su esposo, quien migró a Estados Unidos, de repente dejó de enviarle dinero.

Ese mismo año la tlapaneca inició una relación con otra pareja con la que se embarazó, lo que le valió el estigma y discriminación de su comunidad.

Silvia Castillo, directora del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, y quien ha acompañado a Adriana en el proceso judicial, cuenta que en febrero de 2006, después de casi dos años de ausencia, el esposo de Adriana regresó de Estados Unidos y que, al darse cuenta de su embarazo, la golpeó y la abandonó. Ella se quedó con sus padres, quienes la recibieron en casa aunque la rechazaron y le reclamaron su “infidelidad”.

El 18 de abril de ese año Adriana sufrió un aborto. En ese momento el pueblo aguardaba la llegada de una comitiva del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, encabezada por el subcomandante Marcos, quien en aquel tiempo promovía el rechazo a la construcción en la región de la presa hidroeléctrica La Parota. Los padres de la joven no estaban en casa porque fueron a los mítines. Ella estaba cuidando a sus hermanos y sus dos hijos.

En la madrugada comenzó a tener dolores, sintió la necesidad de ir al baño así que salió y mientras caminaba se dio cuenta que había abortado. Asustada tomó el producto en sus manos y le sopló para tratar de hacer algo, lo hizo por unos minutos pero no logró nada. Sin saber qué hacer, sangrando y con fuertes dolores en el vientre que no la dejaban mantenerse en pie sintió la necesidad de acostarse.

Horas más tarde, aún con miedo, Adriana, quien no habla español, no recibió educación sexual y por tanto no sabía cómo prevenir un embarazo, sepultó el producto para que los niños no se asustaran. Su papá llegó y notó que la joven ya no tenía el vientre prominente. Enojado le preguntó que había pasado. No obtuvo respuesta, así que dio aviso al comisario del pueblo.

Al día siguiente, reunido en asamblea, el pueblo enfurecido le exigió a Adriana que dijera la verdad y que señalara quién la había embarazado y dónde estaba el producto. De lo contrario, amenazaron con detenerla. A la asamblea llegaron agentes del Ministerio Público, quienes en lugar de evitar la violencia contra la joven, la detuvieron junto con Virgilio, su pareja sentimental.

Desde entonces y hasta este 2012 los atropellos contra la indígena han sido una constante.

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