Ello para que el Senado determine la “licitud” de la procedencia, manejo y destino de los millones incautados, y las condiciones y términos de la devolución de los millones al gobierno de Veracruz, así como la constitución, actividades y servicios de la empresa a quien debía pagarse.
También solicitó al Instituto Federal Electoral (IFE) que sus organismos de fiscalización redoblen sus esfuerzos para supervisar, monitorear y auditar los recursos que ingresen y se eroguen en las campañas electorales, para que los partidos y sus candidatos se ajusten a los límites y topes que la ley establece.
De igual manera, el Senado demandó al Congreso del estado de Veracruz y a las unidades de auditoría y fiscalización de la entidad, que inicien investigaciones por el caso de los 25 millones de pesos.
Por su parte, la PGR retendrá los 25 millones de pesos al gobierno de Veracruz, hasta que las autoridades de esa entidad demuestren su origen y la CNBV informe sobre la licitud de los mismos.
Con información de Animal Político y Sin Embargo.