Foto: Joel Merino.

México, DF. Las mujeres, los indígenas y representantes de la diversidad sexual se enfrentan a la exclusión política, cuando está por comenzar el proceso electoral que culminará en julio con los comicios presidenciales y legislativos.

«La búsqueda de espacios ha sido ardua, ha costado doble esfuerzo, por ser mujeres e indígenas. Los partidos nos ven como botín electoral», dijo a IPS la indígena Antonieta Hernández, dirigente del Consejo Mazahua Almoloya de Juárez, en el estado de México.

De los 112 millones de habitantes de México, 51 por ciento es mujer y 6.6 millones son indígenas, según el censo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Instituto registra como pobladores originarios únicamente a personas con más de cinco años que hablan una lengua ancestral. Pero organizaciones indígenas elevan a más de 10 millones los integrantes de las diferentes etnias en el país.

En las votaciones generales del 1 de julio se renovará el Congreso de la Unión, con la elección de 500 diputados y 128 senadores, y se elegirá el presidente que gobernará México el próximo sexenio.

En la actualidad, entre los 500 congresistas hay 138 mujeres y solo ocho indígenas. Además, de los 2 mil 456 ayuntamientos de este país, únicamente 130 son presididos por una mujer, según el Inegi.

«Hemos monitoreado varios componentes que no se están cumpliendo, como que los partidos deben destinar dos por ciento de su presupuesto a la capacitación de cuadros femeninos», ilustró a IPS la especialista en política y género Emilia Reyes.

«Se debe escuchar a actores que dicen que se requiere de una democracia con igualdad. Es un buen momento político que nos da una ventana de oportunidad» para fortalecer la participación, indicó la coordinadora de Políticas y Presupuesto Público con Enfoque de Género de la no gubernamental Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia.

Equidad integra una coalición de cinco organizaciones que ejecuta la Iniciativa SUMA «Democracia es igualdad», patrocinada por el Fondo de Igualdad de ONU Mujeres, la entidad de la Organización de las Naciones Unidas para impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Iniciativas similares funcionan también en otros 14 países, entre ellos Bolivia y Colombia.

En noviembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que los partidos políticos deben nominar a candidatos titulares y suplentes del mismo sexo y apegarse a la cuota de género de 60/40, instituida legalmente para impulsar la participación de las mujeres y que era violada con ese y otros resquicios por los partidos.

«Exigimos que las plataformas políticas incluyan a los pueblos indígenas, que nos vean como actores que queremos modificar las instituciones del país. No sólo peleamos por los espacios, sino por bajar beneficios a las comunidades», dijo a IPS el indígena tlapaneco Filemón Navarro, diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Navarro pudo ser candidato en 2009 por el sureño estado de Guerrero gracias a un juicio que interpuso para garantizar sus derechos políticos.

Más de 150 organizaciones indígenas formaron un frente para demandar candidaturas políticas en los planos federal, estadual y municipal. De esa cuenta, reclaman investiduras en los 28 distritos electorales indígenas, de un total de 300, que desembocarían en 50 escaños parlamentarios federales.

Dentro de la llamada precampaña electoral, que arrancó en diciembre y concluirá en marzo, se han definido al menos 22 precandidaturas indígenas, de las cuales ocho son de mujeres. En marzo arrancará la campaña electoral, con listados de aspirantes ya definitivos.

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