En opinión de la compañía, “se trata de una decisión que no fomenta la competencia en el mercado de la telefonía en México”, informó Sin Embargo.
Iusacell resaltó en un comunicado que el mandato de la CFC es alentar la competencia en un marco de legalidad y certidumbre jurídica, por lo que consideró que dicha resolución “es cuestionable dado que está basada en suposiciones y presunciones hipotéticas”.
Asimismo, agregó, ignora los efectos nocivos de la alta concentración que hay en el mercado de telecomunicaciones y los altos costos que, por ello, pagan los consumidores mexicanos.
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