Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

En un plazo no mayor a 15 días hábiles el gobierno del estado deberá informar el monto de las pensiones que se pagan a los exgobernadores en Puebla.

Foto Joel Merino

Así lo decidió el pleno de la Comisión de Acceso de Información Pública (CAIP), conformado por Blanca Lilia Ibarra, Samuel Rangel Rodríguez y Javier Fregoso Sánchez, la tarde de ayer miércoles al resolver sobre la negativa inicial del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla (Issstep) a dar a conocer dicha información.

La solicitud que fue presentada por Lado B al organismo pide se dé a conocer el costo que implica al erario el pago de pensión, beneficios y prestaciones de los ex mandatarios Mario Marín, Melquiades Morales, Manuel Bartlett, Mariano Piña, Guillermo Jiménez.

En su respuesta el Issstep argumentó que se trataba de información de carácter confidencial, es decir de información que nunca sería del conocimiento público basado en un acuerdo de clasificación que se firmó el 20 de febrero de 2006, es decir al mismo tiempo en el que la ley de transparencia comenzó a aplicarse formalmente en el estado.

La autoridad argumentó que se trataba de información que de hacerse del conocimiento público podría poner en riesgo “la vida, la seguridad, la salud, los bienes o la familia” de los ex funcionarios señalados.

En su ponencia, el comisionado Samuel Rangel Rodríguez desechó el parapeto legal del organismo y afirmó que acceder a esa información “contribuye de manera directa y evidente a los objetivos de transparencia y rendición de cuentas en virtud de que dicho monto se cubre con recursos públicos”.

Por ello propuso que la CAIP ordene que se de a conocer la información relativa a prestaciones, pago de pensión y demás beneficios que reciben los ex gobernadores que provengan del erario estatal. La propuesta fue votada por unanimidad.

Avalan acuerdo opaco

En la sesión el pleno del organismo responsable de la aplicación de la ley de transparencia en el estado avaló el documento que emitió la secretaría de Finanzas y la Contraloría del estado que desecha el informe de gastos en caso de viajes y salidas de los funcionarios de primer nivel a cambio de entregar un informe de resultados.

Lo que en la práctica resulta un documento que limita el derecho a la información para conocer exactamente como se gasta los recursos públicos en esos periplos como reconoció el propio comisionado Javier Fregoso.

Y es que el pleno acordó ordenar a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico que haga pública la información de gastos del viaje que realizó el titular del organismo, Pablo Rodríguez Regordosa, a España pues este se llevó a cabo antes de que se circulara el acuerdo de marras, pero ratificó que no se de a conocer la misma información en su viaje a Canadá pues éste se realizó después de dicho acuerdo.

Cuestionado al respecto, Javier Fregoso insistió en que es necesario que la ciudadanía evalué los viajes a partir de los resultados obtenidos aún cuando este se observen dos o tres años después.

Transparentar la violencia de genero

En la sesión también se resolvió que la Procuraduría General de Justicia debe entregar la información sobre el número de constancias de hechos que se han presentado en la ciudad de Puebla de 2005 al 2012 por conducta violenta, donde la víctima haya sido una mujer, debido a que solo se solicitan estadísticas y por lo tanto, no causa perjuicio o daño a las actividades de prevención, persecución o sanción de los delitos.

Finalmente, se desecharon 6 recursos debido a que no cumplieron con la ratificación del mismo, al ser interpuesto por medio electrónico, como lo establece el Artículo 41 de la Ley de Transparencia, sin embargo es importante señalar que quedan a salvo los derechos de los recurrentes para volver a solicitar la información a los sujetos obligados, cuantas veces sean necesarias.

En ese sentido, los comisionados Samuel Rangel y Blanca Lilia Ibarra coincidieron en que es necesario que en la reforma a la ley se elimine la obligatoriedad a ratificar el recurso pues eso en la práctica se ha vuelto un candado más a la transparencia.