Flor Coca
¿Será verdad que la transparencia y el acceso a la información han sido algunas de las conquistas más importantes de la sociedad mexicana, como lo aseguran los gobernadores que signaron la declaración de Guadalajara en 2005, entre ellos Amalia García, exgobernadora de Zacatecas –quien después fue acusada por el gobernador actual de hacer mal uso de los recursos públicos en su gobierno- y Luis Antonio Reynoso Fermat, exgobernador de Aguascalientes, quien se vio envuelto en el escándalo acerca de 90 millones de préstamo a una empresa de dudosa existencia, durante su gobierno?
En Puebla, mucho se ha hablado de esta ley y sus reformas. Actualmente, a propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle se mantendrían en los artículos 73 y 76 de la Ley de Ingresos dos candados a la transparencia.
En síntesis, los artículos se refieren a que la información sobre gasto público solo será entregada en copias certificadas y no por otro medio. El costo de cada copia es de 80.00 pesos. ¿Podría un ciudadano pobre tener acceso a la información? El segundo es que se tienen que entregar documentos como la CURP o RFC de quien hace la petición, lo cual contraviene las leyes de transparencia del estado.
Consideramos que un reclamo cada vez más frecuente de los ciudadanos mexicanos es saber cómo, en qué, cuándo y por qué se gasta el presupuesto de gobiernos, instituciones federales, estatales y municipales, partidos políticos y todas aquellas entidades que reciben recursos que provienen de los impuestos que pagamos los ciudadanos.
En Puebla, diversos organismos como la CAIP, Amedi A.C. y miles de ciudadanos, pedimos que la transparencia ofrecida por el gobierno, sea una realidad.